APP de bisoña transparencia
Reclamar que la DGAPP cree una articulación permanente con la opinión pública acerca de sus proyectos. No es suficiente que se cuelgue información en su página web; es preciso que se identifiquen los promotores y se publiquen las propuestas o se pongan a disposición del público.
Por JUAN LLADO
El país debe ejercer “ojo pelao” con las alianzas público-privadas (APP). Algunos las denuncian como nuevas artimañas para esconder y cobijar la corrupción de alta gama, mientras otros las presentan como la panacea para aumentar la inversión pública sin sobrecargar al fisco. Por eso la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) debe, siendo consistente con la doctrina de transparencia del presente gobierno, diafanizar al máximo las APP ante la opinión pública. No hacerlo equivaldría a descreditar el sagrado compromiso presidencial al respecto.
Según el Banco Mundial, una APP “es un acuerdo ‘de objetivos compartidos’ entre el sector público y una empresa o un grupo de empresas para suministrar, complementar o suplir servicios o bienes que el Estado usualmente presta o provee”. En nuestro país, las APP fueron creadas por mandato de la Ley No.47-20 y la DGAPP, por su lado, “es la institución responsable de la estructuración, promoción, supervisión y regulación de los proyectos de infraestructura, bienes y servicios de interés social, que se planifiquen y desarrollen en República Dominicana bajo la modalidad de alianzas público-privadas”.
Según el FMI (2007), las APP “ofrecen una vía limitada para aumentar la inversión en infraestructura, siempre que estén estructuradas adecuadamente. Aunque son un vehículo cada vez más difundido para el suministro de infraestructura, no constituyen una panacea. Es importante garantizar que esas asociaciones se establezcan por los motivos correctos (aumentar la eficiencia) y no para trasladar el gasto fuera del presupuesto y la deuda fuera del balance.” El FMI respalda las APP a pesar de los riesgos fiscales que implican, siempre que signifiquen medidas de austeridad y restricciones presupuestales.
Pero según el destacado economista Apolinar Veloz, “la mayor dificultad con estos contratos es la transparencia, en un período de la historia dominicana en el que la ciudadanía está muy atenta a los actos de corrupción. Una de las mayores dificultades que enfrentará la decisión del presidente respecto de los contratos APP es la debilidad institucional dominicana, particularmente, en el sistema de justicia; razón por la cual, los contratos que el gobierno firme con empresas locales o extranjeras, la jurisdicción que normalmente prevalece son los tribunales de otros países, en los que el gobierno generalmente pierde.” Eso no aplica cuando los contratos son con empresas locales.
El protocolo establecido por la DGAPP manda que primero debe existir una iniciativa privada (solicitada o no solicitada) sobre un proyecto particular y su originador privado haber presentado una propuesta a la DGAPP. Esta la evalúa y, de declarar el proyecto de interés público, entonces abre una licitación pública abierta a cualquier empresa. En esa licitación el originador privado recibe un bono de algunos puntos en la evaluación de las propuestas presentadas y si pierde se le compensan los gastos incurridos en el desarrollo de la propuesta. El ganador de esta debe pagarle los gastos a quien presentó la propuesta original si este no ha resultado agraciado.
Con ese marco de referencia y sin poseer toda la información que debe ser pública, vale cuestionar algunos de los proyectos que se tienen en carpeta. El proyecto de Pedernales es un primer ejemplo, pero hasta ahora no se ha identificado públicamente que empresas se aliarían con el fideicomiso que creó el Poder Ejecutivo –-a cargo de la Fiduciaria Banreservas– para administrar los intereses públicos en ese eventual emprendimiento. (Son 350 millones de metros cuadrados estatales en Pedernales, de los cuales se usarán 38 millones en el proyecto.) “El Fideicomiso Pro-Pedernales, el cual deberá ser aprobado por el Congreso, tendrá a su cargo los estudios necesarios para la ejecución de las infraestructuras de servicio de la provincia y será el encargado de iniciar la ejecución de las obras complementarias necesarias para el desarrollo de esta zona del país.”
Hasta ahora solo se han anunciado la mejora de la carretera Enriquillo-Pedernales y la licitación del acueducto de Cabo Rojo. Tambien se ha dicho que el presidente Abinader presentara el plan maestrodefinitivo ante el Congreso. Pero al año de haber estatuido el fideicomiso sobre este proyecto la DGAPP no ha hecho pública ninguna propuesta de empresa alguna. Su página web tampoco consigna ninguna y, en consecuencia, no ha dado el siguiente paso de evaluarla y declararla de interés público.
Tal vez el caso más adelantado hasta ahora es el de la Autovía del Ámbar pues ya ha sido declarado de interés público y se espera el lanzamiento de la licitación correspondiente antes de fin de año. Con una longitud de 32.7 kilómetros, esta comenzaría en la Circunvalación de Santiago e iría hasta Monte Llano en la provincia de Puerto Plata, lo cual permitiría reducir a 30 minutos el viaje con un peaje de RD$350. Los inversionistas, encabezados por algunos prominentes empresarios de Santiago, están requiriendo una concesión de 50 años para recuperar su inversion. Opuesto a un peaje sombra, el gobierno en cambio ha propuesto 30 años y estima la inversion en US$300 millones. Ante la diferencia se ha propuesto que el gobierno invierta parte del capital para aminorar los requisitos de financiamiento o que el fideicomiso RD Vial asuma como socio y contribuya al financiamiento. El resultado de la licitación dirá quién gana la apuesta.
Ya algunos se han pronunciado en contra del proyecto por considerarlo no prioritario. Esto así porque Puerto Plata posee dos accesos viales desde Santiago por buenas carreteras: la carretera Navarrete-Puerto Plata y la turística de Santiago-Puerto Plata. La primera comporta un recorrido de 1 hora y 10 minutos, mientras que la segunda es de una hora. Habría entonces que evaluar si el intercambio turístico y comercial entre las dos ciudades justificaría el nuevo proyecto. Además, circulan rumores de que, en adición, los empresarios están solicitando una servidumbre de cientos de metros a cada lado de la vía y, entre sus líneas de negocios colaterales, poder para otorgar permisos para un gasoducto, estaciones de gasolina, fibra óptica, electricidad, residuos sólidos, parques industriales y otros. Algunas de estas podrían ser concesiones exageradas y la opinión pública espera la debida aclaración de la DGAPP antes de la licitación y, por supuesto, antes de adjudicar la obra.
Otro proyecto que parece todavía más irrazonable sería el que propone una línea de transmisión de 345,000 kV entre Montecristi y Azua. Una empresa española ha hecho la propuesta y esta ha sido oficialmente recibida, pero todavía la DGAPP no ha decidido si el proyecto es de interés público. Lo cuestionable del caso es que actualmente el problema es el desabastecimiento relativo de la parte norte del país, en vista de que casi toda la generación está en el sur del país. Entonces tendría más sentido una línea desde Montecristi que empalme en Santiago con el resto de la red nacional, especialmente porque la planta que se licita para Manzanillo aportara unos 800 megas al sistema.
A la fecha existe otro caso donde impera confusión. El director de la DGAPP anunció recientemente que las Edes pasarían a ser gestionadas por el sector privado a través de una APP. Sin embargo, opinadores calificados aseguran que la mejor opción para los intereses del estado es que se haga una licitación para un joint-venture donde participe cualquier empresa interesada. Esto último no está sujeto a las exigencias de la DGAPP y podría representar un proceso más beneficioso porque el estado así pondría todas sus condiciones. Sea una APP o simplemente una empresa conjunta, la necesidad de mostrar suprema transparencia en este caso es un deber ineludible no solo de la DGAPP sino también del Gabinete Eléctrico. Ya hay voces que anticipan una privatización total cuando lo que se buscaría sería una gerencia privada, aunque la misma implique inversión.
Los casos anteriormente reseñados son suficientes para reclamar que la DGAPP cree una articulación permanente con la opinión pública acerca de sus proyectos. No es suficiente que se cuelgue información en su página web; es preciso que se identifiquen los promotores y se publiquen las propuestas o se pongan a disposición del público. (El Ministerio Ambiente hace lo propio con sus estudios de impacto ambiental.) Posteriormente deberá publicarse los resultados de la evaluación de manera resumida en la prensa. La máxima transparencia es lo único que puede eliminar el fementido olor de la piromancia que acompañan estos proyectos de APP a nivel mundial.
