Apuesta por contagio colectivo
Cristhian Jiménez[email protected]
Con deliberado rezago, el ministerio de Salud Pública admitió la presencia local del Ómicron el 25 de diciembre y dos semanas más tarde ya presume conocerlo y dominarlo, pese al crecimiento exponencial de contagios con records diarios con un salto en la positividad de 7 a casi un 50 por ciento.
La autoridad sanitaria ha dictaminado innecesarias las restricciones: República Dominicana abierta al turismo, con solo pruebas aleatorias (más de 700 mil visitantes solo en diciembre) docencia presencial, actividades artísticas, deportivas, culturales y, claro, políticas.
Además, ante el reclamo del Consejo Nacional de la Empresa Privada las licencias laborales tendrán una duración de 7 días a partir de una prueba positiva. Esto es que usted se da el alta, sin requerir una prueba negativa.
La decisión, avalada por el Colegio Médico, que certifica un ausentismo laboral sanitario mayor que los datos oficiales, asume de alguna manera que todo Covid es variante Ómicron, pese a que al Día de la Navidad era un solo caso. ¿Se esfumó la variedad Delta, que obliga enclaustramiento de al menos 14 días, solo en tres semanas?
El gobierno, al ponderar el odioso confinamiento, que nadie quiere, y la necesidad de la reactivación económica, como la mayoría de países, parece asumir la peligrosa apuesta (muy pocos lo han hecho o al menos declarado) de la inmunidad de rebaño, por contagios colectivos, no por mayoría de vacunados.
El doctor Amado Alejandro Báez, exdirector del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria COVID-19, se muestra optimista por “impacto en la inmunidad colectiva” que podría tener la nueva mutación, pero advierte a la población no descuidarse y continuar con los protocolos sanitarios, que, asumo, parecen relativizar las autoridades, por la abierta actitud laxa ante violaciones e incomprensiones. Báez cita el experimento de Israel, país de más alto desarrollo económico y mayor capacidad de gestión de recursos humanos y logísticos.
Los riesgos son altos porque es evidente que las medidas económicas y generales no son frutos de la realidad sanitaria, sino que las decisiones de ministerio de Salud buscan alinearse, ajustarse con las necesidades y aspiraciones productivas públicas y privadas.
En Navidades, la autoridad rehuyó indispensables restricciones y cuando ya era insostenible el silencio, al notificarse la llegada de un omicroniano a Chile desde República Dominicana, aceptó la presencia de la variedad codiviana en el país. Ya miles estaban afectados de “la gripe que anda” (infuenza) o del Ómicron camuflado.
El tsunami de contagios subió ligeramente las inoculaciones, pero el desbordamiento se produjo en los laboratorios y centros de tomas de pruebas, con el agravante de que los asegurados son forzados por las ARS al pago de dos mil pesos por una prueba previa de antígeno, para acceder a una PCR, usadas en muchos casos como confirmación de resultados.
Al principio, el ministerio de Salud Pública estimuló la inoculación al hacer énfasis en que el impacto era menor para los vacunados, pero es evidente que la apuesta es que se contagie de Ómicron la mayoría, en el entendido, aun sin pruebas elementales, de que no habría mayores problemas por su reducida letalidad y relativo bajo impacto hospitalario, aunque este fluctúa cercano al 30 por ciento.
El deseo es que no haya otro estallido de contagios en las escuelas y que el invento del alta laboral de 7 días funcione, por la salud y vida de los dominicanos y la estabilidad del país.
El problema es que las decisiones de estado no se fundamentan en deseos y que actuaciones erróneas de alto impacto han precipitado caídas de gobiernos.
Aprendamos a vivir con COVID, pero con decisiones responsables.
