Caso Senasa podría requerir varias investigaciones por la magnitud y alcance de la presunta red de corrupción
Santo Domingo, 17 junio.- El Ministerio Público advirtió que el presunto entramado de corrupción que habría afectado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) posee una dimensión tan amplia y compleja que podría requerir múltiples procesos judiciales para abarcar a todos los implicados, debido a la existencia de varias estructuras criminales con ramificaciones que aún continúan bajo investigación.
Así lo afirmó el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien explicó que la experiencia acumulada en casos de corrupción ha llevado a las autoridades a reducir el número de imputados por expediente con el objetivo de agilizar el conocimiento de los procesos en los tribunales.
Durante una entrevista en el programa El Día, transmitido por Telesistema canal 11, Camacho reveló que las investigaciones han identificado al menos tres estructuras principales que habrían operado en perjuicio del Senasa.
La primera estaría encabezada por el exdirector de la institución, Santiago Hazim; la segunda por Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas; y una tercera vinculada al caso del Instituto Oncológico Regional del Cibao, en Santiago.
El funcionario sostuvo que cada una de estas líneas de investigación involucra a otras personas que todavía están siendo investigadas por el órgano persecutor.
“En las líneas de investigación que vinculan a Santiago Hazim hay otras personas que están involucradas que el Ministerio Público investiga; en el caso de Ángel Luis hay otras personas involucradas que el Ministerio Público investiga y en el caso del Oncológico es una investigación abierta; también pudiera llegar hacia otras personas”, expresó.
Camacho indicó que la magnitud del caso ha llevado al Ministerio Público a considerar que una eventual operación denominada “Senasa 2.0” podría no ser suficiente para abarcar todas las responsabilidades penales derivadas de las investigaciones.
“Este caso es tan grande que nosotros no estamos convencidos de que un 2.0 sea suficiente para abarcar a todas las personas que han sido involucradas”, manifestó.
Explicó que la estrategia institucional consiste en dividir los procesos cuando el número de implicados es muy elevado, aun cuando ello implique presentar nuevas fases o versiones de un mismo expediente.
Según dijo, esta metodología busca evitar que los casos se prolonguen excesivamente en los tribunales y facilitar una respuesta judicial más rápida.
Como parte de las investigaciones ya judicializadas, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso en diciembre pasado 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Asimismo, cumplen arresto domiciliario Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella, quienes también figuran entre los procesados por el expediente relacionado con el presunto fraude en Senasa.
En otra vertiente del caso, un tribunal impuso en mayo de este año 18 meses de prisión preventiva contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado por el Ministerio Público como una pieza clave de una red que habría sustraído miles de millones de pesos del Estado dominicano y del Seguro Nacional de Salud mientras laboraba en la institución entre marzo de 2021 y noviembre de 2022.
De acuerdo con las autoridades, Guzmán Vásquez tenía acceso privilegiado a sistemas informáticos, programas y códigos internos que le permitieron incorporar registros de médicos y facilitar la facturación de servicios que supuestamente nunca fueron ofrecidos.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, explicó que el imputado disponía de amplios accesos dentro de la plataforma tecnológica de la entidad, lo que habría sido aprovechado para ejecutar las maniobras fraudulentas.
La tercera línea de investigación está relacionada con el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). Este mes, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; contra su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán; y contra Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del imputado y exvicepresidenta del patronato.
Según la acusación, los imputados habrían utilizado maniobras fraudulentas para desviar fondos millonarios provenientes del Senasa, recursos que estaban destinados a la atención de pacientes con cáncer pertenecientes al régimen subsidiado.
El Ministerio Público sostiene que estas acciones causaron perjuicios tanto a los pacientes afectados como al Estado dominicano.