Cinco años de prisión contra falsa neurocientífica por ejercer ilegalmente en salud
SANTO DOMINGO, 14 abril. — Un tribunal del Distrito Nacional condenó a cinco años de prisión a Elizabeth Silverio Silien, tras acoger la acusación presentada por el Ministerio Público, que la procesó por usurpar funciones en el área de la salud mediante el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).
Durante el proceso, el órgano acusador, representado por la procuradora de corte Magalys Sánchez y la procuradora fiscal Laura Vargas, había solicitado una pena de siete años de prisión.
En la audiencia, las representantes del Ministerio Público incorporaron pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales que permitieron demostrar la responsabilidad penal de la imputada ante la jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional.
Al motivar su decisión, la magistrada concluyó que las evidencias presentadas demostraron que Silverio Silien utilizó documentos falsificados para aparentar una formación profesional inexistente. Entre estos figuran títulos universitarios y un número de exequátur que no corresponde a ningún registro oficial, con los que se presentaba como especialista en neurociencia.
El tribunal también otorgó credibilidad a los testimonios de los padres que comparecieron como testigos, quienes describieron de manera coherente las atenciones recibidas en el centro.
A esto se sumaron pruebas documentales que evidencian que la imputada firmaba informes clínicos y evaluaciones como doctora en neurociencia, sin aportar certificación alguna que acreditara estudios superiores o autorización legal para ejercer.
Representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas) confirmaron estas irregularidades. Juan Geraldo Mesa, director del Departamento de Habilitación de Centros, presentó documentación que certifica que el centro Kogland no contaba con habilitación oficial.
Asimismo, el consultor jurídico Luis Manuel Tolentino aportó una certificación que establece que Silverio Silien no figura registrada en ninguna de las áreas de la salud en el país.
Entre las pruebas valoradas por el tribunal figuran informes de evaluaciones realizadas por la acusada, en los cuales emitía diagnósticos y recomendaba terapias. Según el Ministerio Público, estas acciones provocaron afectaciones en la salud de varios niños y retrasaron la aplicación de tratamientos adecuados.
A la salida de la audiencia, las fiscales Magalys Sánchez y Laura Vargas valoraron la sentencia, al considerar que el tribunal ponderó correctamente la gravedad de los hechos y emitió una condena sustentada en pruebas contundentes. Estas, afirmaron, permitieron vincular directamente a la imputada con acciones que perjudicaron a menores diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
El Ministerio Público también criticó la actitud de la condenada, señalando que, pese a la gravedad de los hechos, se ha mostrado altiva y sin señales de arrepentimiento.
La acusación estableció que Elizabeth Silverio Silien estafó a padres que acudieron a su centro en busca de atención especializada para sus hijos, haciéndose pasar por profesional de la salud sin contar con formación académica ni autorización legal para ejercer en la República Dominicana.
Los hechos constituyen violaciones a los artículos 151 y 405 del Código Penal Dominicano, así como al artículo 156-7 de la Ley 42-01 General de Salud.
La jueza Milagros Ramírez Cabrera dispuso que la condena sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres, en San Cristóbal.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó el pago de las costas penales del proceso y fijó una indemnización de dos millones de pesos (RD$2,000,000) a favor de las víctimas constituidas en querellantes y actores civiles.
La sentencia también incluye el pago de las costas civiles en beneficio de los abogados de las víctimas, el decomiso de las pruebas materiales y la notificación al juez de Ejecución de la Pena.
Finalmente, el tribunal fijó para el próximo 10 de junio de 2026, a las 11:00 de la mañana, la lectura íntegra de la decisión.
