Ciudad Nueva concentrará la atención nacional con decisiones clave en los casos Jet Set y Coral

Santo Domingo, 13 junio. – El Palacio de Justicia de Ciudad Nueva será este lunes el centro de atención del país, cuando dos tribunales emitan decisiones de gran trascendencia en procesos judiciales que han generado amplio interés público.

En la jornada están previstas resoluciones relacionadas con el colapso de la discoteca Jet Set Club y con el juicio de fondo del entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.

La primera decisión será conocida a las 10:00 de la mañana por el magistrado Reymundo Mejía Zorrilla, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien emitirá su resolución sobre el caso del desplome del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 80 heridas.

El juez reservó el fallo luego de escuchar los argumentos de la defensa de los imputados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat López, así como las réplicas presentadas por el Ministerio Público y las solicitudes formuladas por los abogados de las víctimas, quienes han reclamado de manera unánime la apertura de un juicio de fondo.

Con su decisión, el magistrado determinará si existen elementos suficientes para enviar a juicio a los propietarios del establecimiento mediante un auto de apertura a juicio o, por el contrario, si procede dictar un auto de “No Ha Lugar” a favor de los imputados.

Debido a las limitaciones de espacio en la sala de audiencias y a la elevada cantidad de víctimas, familiares, abogados y demás partes involucradas en el proceso, el tribunal dispuso restricciones para la presencia de los medios de comunicación dentro del salón.

Sin embargo, las autoridades judiciales informaron que la audiencia será transmitida en vivo a través de la plataforma YouTube mediante un enlace habilitado para garantizar la cobertura del acontecimiento.

Más tarde, a las 3:00 de la tarde, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará lectura al fallo definitivo del juicio de fondo seguido contra varios militares, policías y civiles acusados de integrar la red de corrupción desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G.

Entre los principales acusados figuran el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre; los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, así como el coronel Rafael Núñez de Aza y otros implicados.

La presidenta del tribunal, magistrada Gisselle Méndez, reservó la decisión luego de concluir los debates y recibir las conclusiones, argumentaciones y réplicas de todas las partes que intervienen en el proceso, destacando que durante el juicio se respetaron las garantías del debido proceso.

A diferencia de la audiencia programada para la mañana, en la lectura de esta sentencia no se han establecido restricciones para el acceso de los medios de comunicación a la sala penal.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por la procuradora fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitó condenas que van desde cinco hasta veinte años de prisión para los acusados, además del decomiso de bienes adquiridos presuntamente de manera ilícita.

Según la acusación presentada por el órgano persecutor, la red habría sustraído más de RD$4,500 millones de fondos públicos mediante diversas operaciones fraudulentas ejecutadas desde instituciones militares y de seguridad del Estado.

Por su parte, los abogados de los militares, policías y civiles procesados solicitaron la absolución total de sus representados, argumentando que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para sustentar las imputaciones formuladas.

Las decisiones que serán emitidas este lunes podrían marcar un punto de inflexión en dos de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en la República Dominicana, uno relacionado con una de las tragedias más impactantes registradas en el país y el otro con uno de los mayores casos de presunta corrupción administrativa llevados ante los tribunales dominicanos.