Una sinceración cada día más necesaria

OMAR FERNÁNDEZ

 Hace unos días la República Dominicana se encontra­ba sometida a una fuerte tensión como fruto de la controversial reforma fiscal que se pretendía presentar. Lue­go de un ensayo frustrado, en el que circuló por las redes sociales lo que parecía ser el proyecto de reforma el cual fue aborrecido por la mayoría del pueblo domi­nicano, el Gobierno se pronun­ció al respecto afirmando que no se correspondía a una ver­sión oficial.

Por supuesto, ya conocemos el resultado: luego de que las dis­tintas fuerzas políticas de opo­sición, así como representan­tes de las fuerzas sociales y de la iglesia fijaran posición recha­zando la reforma por conside­rarla inoportuna, socialmente excluyente y políticamente in­viable, el Presidente Abinader anunció su decisión de no au­mentar impuestos ni presentar la reforma.

A nuestro juicio, esta fue la deci­sión más sensata que pudo ha­ber tomado el Presidente, sobre todo entendiendo el contexto regional y global que vivimos.

Sin embargo, esta decisión cam­bia la conversación, permitién­donos enfocarnos en lo verda­deramente importante: discutir la Ley de Presupuesto General del Estado 2022. Entiendo que viendo las asignaciones presu­puestarias es como podemos confirmar cuales son las prio­ridades del gobierno, así como aquellos temas que no forman parte de su agenda principal.

Y es aquí donde entendí que una sinceración se hace cada día mas necesaria. Digo esto por­que el proyecto de presupuesto que se encuentra depositado en la Cámara de Diputados, como de costumbre, no cumple con mandatos legales fundamenta­les. Esto sigue poniendo en re­lieve la débil concepción que se tiene sobre la fuerza normativa de las leyes. Simplemente no se cumplen y lo que es peor, esto ni siquiera se discute. ¿Qué quiero significar con esto? Que debe­mos reflexionar sobre el terrible daño que se produce al Estado de Derecho cada vez que quie­nes estamos obligados a garan­tizar el cumplimiento de las le­yes, pasamos por alto exigir que el ordenamiento jurídico no sea vergonzosamente desairado.

Nos encontramos ante una en­crucijada: o hacemos cumplir la ley o generamos una discusión seria sobre las razones que im­posibilitan su cumplimiento y la necesidad de derogar o modifi­car muchas de ellas.

Un ejemplo de esto es la Ley núm. 194-04, que dispone la autonomía presupuestaria del Ministerio Público, el Poder Ju­dicial y la Cámara de Cuentas, estableciendo también unos porcentajes de los ingresos pú­blicos que tendrán una finalidad concreta según dicha normati­va. Pero aún peor, es el hecho de que el Gobierno pretende re­ducir partidas presupuestarias asignadas a áreas estratégicas del desarrollo nacional y el bien­estar de nuestra gente, como es el caso del combate contra la violencia de género, el com­bate a la violencia contra los ni­ños, niñas y adolescentes, la lu­cha contra el maltrato animal, la inversión en el deporte, entre otros. Esto me preocupa profun­damente y se que causa la in­quietud de quienes nos hemos abanderado de estas luchas.

Sin lugar a duda, la discusión de la Ley de Presupuesto Ge­neral del Estado 2022, nos da­rá la oportunidad que nece­sitábamos para sincerarnos y aprobar un presupuesto que no sólo atienda las prioridades del pueblo dominicano, sino que además nos ayuden a fortalecer nuestro Estado de Derecho.