Condenan a 10 años de prisión a cinco integrantes de una red de narcotráfico y lavado de activos que operaba en La Romana
Santo Domingo, 10 junio.– Un tribunal condenó a diez años de prisión a cinco integrantes de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en la provincia La Romana, tras acoger la solicitud de procedimiento penal abreviado presentada por el Ministerio Público.
La decisión fue emitida por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana y recae sobre Kendy José Ramírez Aquino (CDI), señalado como cabecilla de la organización; Paola Moni Ochoa (Estella); Matilde Aquino (Marilyn); Starlin Manuel Basker Vásquez y Ángel Gabriel Rodríguez Martínez (Mello).
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal impuso a Ramírez Aquino, Ochoa y Aquino el pago de multas equivalentes a 50 salarios mínimos del sector público, mientras que a Basker Vásquez y Rodríguez Martínez les fueron impuestas multas de RD$50,000 a cada uno.
La sentencia también ordena el decomiso de todos los bienes ocupados durante el proceso investigativo, incluyendo vehículos de alta gama y dos inmuebles valorados en más de RD$10 millones, según informaron la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana.
Las autoridades recordaron que el caso se originó a partir de una amplia investigación que culminó el 1 de junio de 2023 con la ejecución de múltiples allanamientos simultáneos en distintos puntos estratégicos de La Romana, donde fueron arrestados varios miembros de la organización criminal.
Durante las intervenciones, los organismos actuantes ocuparon importantes cantidades de cocaína, marihuana, crack, molly y éxtasis, así como armas de fuego, vehículos utilizados para la distribución de drogas, dinero en efectivo, registros contables de ventas, equipos electrónicos y laboratorios clandestinos destinados a la preparación, procesamiento y empaque de sustancias narcóticas para su posterior comercialización.
Posteriormente, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo amplió las investigaciones con un exhaustivo análisis financiero y patrimonial que permitió establecer cómo la organización transformaba las ganancias obtenidas mediante el tráfico de drogas en bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo, depósitos bancarios y otras inversiones destinadas a ocultar el origen ilícito de los recursos.
Las pesquisas determinaron que Paola Moni Ochoa y Matilde Aquino desempeñaban un papel fundamental dentro de la estructura como presuntas testaferros, utilizadas para adquirir y administrar bienes con recursos procedentes del narcotráfico.
El análisis patrimonial, financiero y documental realizado por los investigadores permitió demostrar una marcada desproporción entre los ingresos lícitos declarados por los acusados y el elevado valor de los bienes que poseían, constituyendo una evidencia determinante para sustentar las acusaciones de lavado de activos y justificar el decomiso de propiedades millonarias vinculadas a la organización.
De acuerdo con el expediente, la red criminal era dirigida por Kendy José Ramírez Aquino y mantenía una amplia estructura de distribución y comercialización de drogas narcóticas en La Romana.
Para sus operaciones utilizaba testaferros, propiedades, vehículos y mecanismos del sistema financiero nacional con el propósito de ocultar y legitimar las ganancias obtenidas de manera ilícita.
La investigación fue desarrollada por los fiscales Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Johanny López Vargas, de la Fiscalía de La Romana, quienes realizaron una extensa labor de inteligencia financiera, documental, electrónica y de campo que permitió reunir pruebas contundentes sobre la participación individual de cada acusado y el origen ilícito de los bienes adquiridos.
La sustentación del caso ante los tribunales estuvo a cargo de los fiscales Hitler Sánchez y John Mota, quienes lograron demostrar la responsabilidad penal de los acusados en el proceso que culminó con la sentencia emitida por la jueza Denia Beras.
Las autoridades informaron que el proceso judicial no ha concluido totalmente, ya que el expediente contra otro de los imputados, Elvin Jacin Pérez, conocido como “Yonquely”, continúa pendiente de conocimiento. Su audiencia fue fijada para el próximo 23 de julio de 2026.
La Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana destacaron que esta condena representa un importante avance en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, al tiempo que reafirmaron su compromiso de perseguir las estructuras criminales que utilizan el sistema financiero y el patrimonio inmobiliario para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas.