Consejo del Poder Judicial anuncia mejoras salariales y operativas en medio de tensiones por paro de jueces convocado para el 21 de mayo
Santo Domingo, 20 mayo.– En un movimiento orientado a desactivar el clima de tensión generado por la convocatoria a paro nacional de labores anunciada por jueces y servidores judiciales para este 21 de mayo, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) anunció este martes un conjunto de medidas dirigidas al fortalecimiento salarial, operativo y estructural del sistema de justicia dominicano.
Las disposiciones, aprobadas durante la sesión ordinaria núm. 12-2026 del órgano de gobierno judicial, forman parte del denominado Plan Justicia del Futuro 2034, estrategia institucional con la que las autoridades buscan modernizar el Poder Judicial, reducir la mora judicial y responder a los reclamos acumulados por magistrados y empleados del sistema.
El anuncio se produce en momentos en que diversos sectores de la judicatura habían intensificado sus demandas por mejores condiciones laborales, mayores garantías salariales y una intervención urgente en la infraestructura de los tribunales del país.
Entre las medidas dadas a conocer figura la elaboración inmediata de una hoja de ruta para promover la movilidad dentro de la carrera judicial, así como la identificación de recursos destinados al pago de suplencias y la aceleración de los procesos para cubrir vacantes en distintos tribunales.
De igual forma, el Consejo del Poder Judicial informó que el Ministerio de Hacienda y Economía manifestó su disposición de habilitar gradualmente los recursos económicos necesarios en los presupuestos correspondientes a los años 2026 y 2027, con el propósito de respaldar la indexación salarial del personal judicial y financiar otras iniciativas consideradas prioritarias.
Las autoridades judiciales indicaron que este compromiso presupuestario es el resultado de aproximadamente seis meses de conversaciones sostenidas entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Henry Molina, y representantes del Ministerio de Hacienda y Economía.
Según explicaron, dichas reuniones permitieron diseñar estrategias enfocadas en el fortalecimiento del talento humano, la modernización de la infraestructura judicial, la optimización de procesos administrativos y la reducción de la mora en los tribunales, aspectos considerados esenciales para mejorar el acceso ciudadano a la justicia.
El CPJ reconoció además que las inquietudes planteadas por jueces, juezas y servidores judiciales —incluyendo quienes respaldan el paro convocado para este miércoles 21 de mayo— habían sido previamente recogidas durante encuentros regionales realizados en el primer trimestre de 2026 como parte del proceso de implementación del plan estratégico institucional.
En ese contexto, el organismo dispuso que la Dirección General de Administración y Carrera Judicial comunique formalmente las decisiones adoptadas a todos los integrantes del Poder Judicial, con énfasis particular en los firmantes de la comunicación remitida el pasado 8 de mayo, mediante la cual se formalizaron varios de los reclamos laborales.
Las autoridades sostienen que las nuevas medidas permitirán garantizar mayor estabilidad en el funcionamiento de los tribunales mediante una cobertura más rápida de suplencias y vacantes, evitando retrasos en los procesos judiciales y fortaleciendo la transparencia en el servicio.
Otro de los ejes centrales del paquete anunciado es la mejora de las infraestructuras judiciales en distintas jurisdicciones del país, iniciativa que busca responder a denuncias recurrentes sobre deterioro físico, limitaciones tecnológicas y precariedades operativas en numerosos palacios de justicia.
El Consejo del Poder Judicial insistió en que la transformación del sistema requiere mantener espacios permanentes de diálogo con todos los actores del sector, a fin de construir soluciones sostenibles que permitan responder tanto a las demandas internas como a las necesidades de la ciudadanía.
Con este anuncio, las autoridades judiciales procuran reducir las tensiones internas y evitar el impacto institucional que podría generar el paro convocado por sectores de jueces y empleados judiciales, en un escenario marcado por crecientes reclamos salariales y demandas de modernización dentro del sistema de justicia dominicano.