Contra el Defensor del Pueblo
Nassef Perdomo Cordero
La mañana del lunes me guardaba una sorpresa mayúscula: supe que un juez de la instrucción especial designado por la Suprema Corte de Justicia había enviado a juicio a Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo.
Ulloa está acusado de irreverencia contra la bandera y el escudo nacional. Su pecado fue haber usado en el hombro derecho de una camisa una pequeña bandera nacional.
Que no tuviera escudo dio lugar a que, siguiendo una práctica nociva frecuente en el país, en mayo de 2022 una fundación desconocida se querellara en su contra y se constituyera en actor civil.
Lo sorprendente no es que apareciera una de estas fundaciones que se han vuelto tan comunes, sino que el Ministerio Público decidiera solicitar que el caso fuera llevado a juicio de fondo.
Es decir, que un funcionario de rango constitucional vea en peligro su libertad por una razón tan inicua. Como correctamente editorializó este diario ayer, nos encontramos ante un despropósito y una arbitrariedad que no tiene explicación inocente.
¿Cómo es posible que desde las más altas instancias del Ministerio Público se decidiera procurar el enjuiciamiento de un ciudadano por estas razones? Recordemos que, como el Defensor del Pueblo tiene jurisdicción privilegiada ante la Suprema Corte de Justicia, esta decisión no la tomó un fiscalizador ni un fiscal cualquiera.
Esa es una determinación que corresponde a personas con autoridad sobre la política de persecución del Ministerio Público y la propia Procuraduría General.
Peor, el Ministerio Público depositó su solicitud de apertura a juicio en septiembre de 2024, momento en el cual existía en el país un reclamo generalizado por el estado de las cárceles y la cantidad de presos preventivos, algo en lo que el órgano persecutor tiene responsabilidad institucional.
Lo que debió hacer fue escuchar al Defensor del Pueblo que ahora persigue, quien denunció, con argumentos y datos, un estado de cosas cuya solución hubiera sido una mejor inversión de esfuerzos para el Ministerio Público.
Todo esto, podría parecer un problema entre funcionarios de alto nivel, pero en realidad debe servir de advertencia para todos los demás. Los sistemas penales funcionan creando precedentes que luego son aplicados a todos.
De tal forma que nuestro enfoque debe ser otro. Y es que si pueden hacérselo a un funcionario de ese calibre, podrán hacérnoslo también a los simples ciudadanos. El golpe avisa.
El Día
