Crecen cuestionamientos al acuerdo migratorio entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir deportados extranjeros

Santo Domingo, 15 mayo.– Bajo un clima de incertidumbre y crecientes cuestionamientos desde distintos sectores políticos, sociales y nacionalistas, el Gobierno dominicano enfrenta una intensa presión pública para explicar los alcances y motivaciones del acuerdo suscrito con los Estados Unidos que permitirá la recepción mensual de alrededor de 30 ciudadanos extranjeros deportados desde territorio estadounidense.

La medida, divulgada recientemente por medios nacionales e internacionales y atribuida a un convenio de cooperación migratoria y de seguridad entre ambos países, fue uno de los temas más debatidos durante la décima edición del “Desayuno Nacional de Oración 2026”, celebrada este jueves en Santo Domingo.

Diversos dirigentes políticos, legisladores, organizaciones patrióticas y representantes de la sociedad civil han exigido mayor transparencia sobre el contenido del pacto, especialmente en torno al procedimiento de traslado, el estatus jurídico de los deportados y el impacto que podría generar sobre la soberanía y la política migratoria nacional.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reconoció que existe preocupación en amplios sectores de la sociedad y consideró necesario que las autoridades ofrezcan explicaciones más detalladas sobre el convenio.

“Entiendo que tendrán que dar más detalles; la sociedad los espera”, expresó el legislador, señalando que los aspectos fundamentales del acuerdo son manejados directamente por el presidente Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez.

De los Santos insistió en que la República Dominicana debe mantener el cumplimiento estricto de sus normas migratorias. “La migración ilegal es universal. Hemos solicitado que todo ciudadano extranjero que pise suelo dominicano lo haga respetando las disposiciones establecidas en nuestra política migratoria”, manifestó.

Aunque el Gobierno ha indicado, a través de declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se trata de una medida de carácter temporal y humanitario, las críticas continúan aumentando desde sectores de oposición y agrupaciones nacionalistas.

Uno de los cuestionamientos más firmes provino de Fuerza Nacional Progresista. Su presidente, Pelegrín Castillo, calificó el acuerdo como un asunto “estratégico y delicado” para el país.

Castillo advirtió que convertir a la República Dominicana en un territorio de tránsito para deportados de terceros países podría sentar un precedente riesgoso a futuro.

“Esto puede revertirse posteriormente contra la nación, especialmente en medio de una crisis que ya supera el tema puramente migratorio”, sostuvo el dirigente político, quien reclamó un debate nacional amplio sobre las implicaciones del convenio.

Desde el Congreso Nacional también surgieron voces de rechazo. El senador por Barahona, Moisés Ayala Pérez, expresó una oposición categórica a la iniciativa.

“Nunca vamos a estar de acuerdo con que seamos receptores de todo lo que no quieran en otro país, independientemente de los acuerdos realizados”, declaró el legislador, reflejando el malestar existente entre sectores conservadores y nacionalistas.

Las críticas más severas provinieron del Instituto Duartiano. Su presidente, Wilson Gómez Ramírez, calificó el acuerdo como “excesivamente complaciente” y advirtió que podría constituir una violación a la Constitución y a las leyes migratorias dominicanas.

Gómez Ramírez recordó que la legislación vigente únicamente contempla la admisión de ciudadanos dominicanos deportados o de extranjeros que posean visados y autorizaciones previas para ingresar al país.

Asimismo, cuestionó lo que definió como un “cambio abrupto de posición” del presidente Abinader, quien meses atrás había descartado públicamente la posibilidad de que República Dominicana asumiera un rol de recepción temporal de deportados de otras nacionalidades.

El Instituto Duartiano también manifestó preocupación por las versiones sobre el uso de aeronaves y terminales militares extranjeras en estas operaciones, tema que, según la entidad, toca aspectos sensibles relacionados con la soberanía nacional y la seguridad del Estado.

De acuerdo con las informaciones divulgadas por medios de comunicación y declaraciones oficiales, el acuerdo contempla que la República Dominicana reciba temporalmente a ciudadanos extranjeros deportados desde los Estados Unidos —que no son de nacionalidad dominicana— para posteriormente ser trasladados a sus respectivos países de origen.

Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han ofrecido públicamente todos los detalles operativos y jurídicos del convenio, situación que ha incrementado las demandas de transparencia y rendición de cuentas desde distintos sectores políticos y sociales del país.