Crecimiento descontrolado de motocicletas agrava la inseguridad y reabre debate sobre prohibir su importación
Santo Domingo, 25 abril.– El crecimiento acelerado del parque de motocicletas en la República Dominicana se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate público, marcado por su impacto en la seguridad ciudadana, la siniestralidad vial y la percepción de descontrol por parte de las autoridades.
La reciente conmoción generada por el asesinato del chofer Deivy Abreu Quezada, perpetrado por un grupo de motociclistas en Santiago, reavivó la preocupación colectiva sobre el uso de estos vehículos en hechos violentos, incluyendo asaltos y sicariatos.
El caso, ampliamente difundido, ha intensificado las demandas de medidas más estrictas frente a un fenómeno que trasciende lo vial y se adentra en el ámbito de la seguridad nacional.
En las principales ciudades del país, el número de motocicletas supera con creces otros tipos de vehículos, consolidándose como el medio de transporte más accesible, pero también como el menos regulado.
La facilidad de adquisición, el bajo costo operativo y la limitada fiscalización han contribuido a un crecimiento desordenado que, según diversos sectores, ha desbordado la capacidad de control del Estado.
El dirigente sindical y abogado Mario Díaz advierte que el uso indiscriminado de motocicletas se ha convertido en un factor determinante tanto en el incremento de la delincuencia como en los accidentes de tránsito, estos últimos responsables de un alto porcentaje de muertes y lesiones en el país.
Díaz insiste en que la respuesta debe ser estructural y comenzar con la aplicación inmediata de la inspección técnica vehicular, tal como lo establece la Ley de Tránsito. A su juicio, esta medida permitiría depurar el parque vehicular, garantizar condiciones mínimas de seguridad y establecer un registro más confiable de las unidades que circulan.
Pero su propuesta va más allá. El sindicalista plantea la prohibición por tiempo indefinido de la importación de motocicletas como una acción necesaria para frenar el crecimiento descontrolado del parque existente.
“Debe establecerse un control riguroso que permita regular, registrar y fiscalizar adecuadamente estas unidades”, sostiene.
El planteamiento se produce en un contexto donde amplios sectores sociales cuestionan la falta de políticas efectivas para enfrentar un problema que combina movilidad, informalidad y criminalidad.
La ausencia de controles sostenidos, sumada a la debilidad en la aplicación de sanciones, ha permitido que muchas motocicletas circulen sin placas, sin seguro y, en algunos casos, sin identificación clara de sus conductores.
A pesar del panorama, Díaz asegura que el sector que representa está dispuesto a colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones. No obstante, subraya que cualquier esfuerzo debe partir de decisiones firmes que enfrenten el problema desde su raíz.
Mientras tanto, la ciudadanía continúa demandando acciones concretas que devuelvan la seguridad a las calles, en medio de un debate que coloca a las motocicletas en el centro de una crisis que combina tránsito, violencia y gobernabilidad.
