CREES advierte crecimiento descontrolado del sector público y aumento de la nómina estatal

Por Manuel Jiménez

Santo Domingo, 1 Mayo. — El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) advirtió que el crecimiento sostenido del sector público dominicano evidencia cómo las decisiones políticas continúan imponiéndose sobre los criterios económicos, provocando un aumento del gasto estatal, la burocracia y el endeudamiento público.

En un análisis sobre la expansión del aparato gubernamental, el CREES sostiene que el incremento del Estado puede medirse a través del aumento del gasto público, los impuestos, las regulaciones, los subsidios y las transferencias monetarias que realiza el Gobierno.

La entidad afirma que muchas de estas decisiones responden más a intereses políticos que a una planificación económica orientada a la productividad y al crecimiento sostenible.

La organización explicó que este fenómeno ha sido ampliamente estudiado por la teoría de la elección pública (Public Choice), corriente económica que analiza el comportamiento de los políticos y funcionarios dentro del Estado y los incentivos que influyen en sus decisiones.

Según el CREES, esta teoría parte de la idea de que los actores políticos actúan motivados por intereses particulares y electorales, igual que cualquier individuo dentro del mercado, por lo que las políticas públicas suelen responder a objetivos de permanencia y fortalecimiento político.

El documento destaca que uno de los principales exponentes de esta corriente fue el economista y Premio Nobel James Buchanan, reconocido por estudiar la relación entre política y economía y por advertir sobre el crecimiento constante del Estado en distintos países.

El CREES señala que Buchanan, junto a otros economistas como Gordon Tullock, Mancur Olson, Anthony Downs y Amilcare Puviani, desarrolló investigaciones enfocadas en explicar por qué los gobiernos tienden a expandir el gasto público, incrementar la burocracia y recurrir al endeudamiento.

La entidad económica explicó que, en ausencia de reformas estructurales y límites institucionales sólidos, los gobiernos encuentran incentivos para aumentar el gasto público y utilizar los recursos estatales como herramienta política.

“Sin frenos constitucionales ni reformas estructurales que fortalezcan las reglas institucionales, prevalecen los incentivos para el oportunismo político”, plantea el CREES en su análisis sobre el comportamiento del sector público.

El organismo considera que esta situación se vuelve más evidente en países con debilidades institucionales, donde el control sobre el gasto, la deuda y la administración de los recursos públicos resulta limitado.

De acuerdo con el CREES, el crecimiento de la politización de la economía se refleja actualmente en la expansión del déficit fiscal, el aumento de la deuda pública y la ausencia de reformas orientadas a reducir el peso del Estado sobre la actividad económica.

El centro de estudios sostiene que muchas decisiones económicas han dejado de responder a criterios técnicos para convertirse en instrumentos de conveniencia política y electoral.

El análisis también hace referencia a estudios realizados por James Buchanan sobre el expresidente estadounidense Ronald Reagan, quien, pese a prometer una reducción del tamaño del Estado y equilibrio presupuestario, terminó aumentando la deuda pública durante su gestión.

Para el CREES, este caso evidencia cómo las promesas de disciplina fiscal suelen ceder ante las presiones políticas y los incentivos de quienes ejercen el poder.

La entidad advirtió además que el endeudamiento público no elimina los costos del gasto estatal, sino que los traslada hacia el futuro mediante mayores impuestos o restricciones económicas para las próximas generaciones.

“El gasto actual financiado con deuda representa una carga futura para los ciudadanos”, indica el documento divulgado por el centro económico.

Uno de los puntos centrales del análisis corresponde al crecimiento de la nómina pública dominicana. Datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), citados por el CREES, indican que para enero de 2026 el Estado registraba 773,318 empleados públicos.

La cifra representa un incremento de 35,273 trabajadores en comparación con enero de 2025, equivalente a un crecimiento interanual de 4.8 %.

El CREES explicó que, aunque la SISALRIL realizó una revisión estadística de toda la serie desde 2008, ajustando las cifras previamente publicadas, el aumento de la nómina estatal continúa siendo significativo.

El informe destaca que en los últimos diez años el empleo público se ha incrementado en 254,378 trabajadores, reflejando una expansión sostenida de la estructura gubernamental.

La entidad recordó además que, pese a las medidas anunciadas por el Gobierno en septiembre de 2024 para limitar nuevas contrataciones en el sector público, la nómina estatal siguió aumentando.

Según los datos citados, entre septiembre de 2024 y enero de 2026 se agregaron 46,538 nuevos empleados públicos, para un crecimiento de 6.4 % en ese período.

El CREES advirtió que este incremento tiene un impacto directo sobre las finanzas públicas debido al aumento de los gastos en salarios, beneficios laborales y compromisos futuros del Estado.

La organización señaló que la Ley General de Presupuesto establece que para 2026 el gasto en remuneraciones representará el 23.2 % del gasto público total, siendo el componente más elevado dentro de la clasificación económica del gasto estatal.

El centro económico sostiene que el constante crecimiento de la nómina pública obliga al Estado a destinar una mayor cantidad de recursos que provienen de la actividad productiva privada.

En ese sentido, el CREES considera que esos recursos dejan de invertirse en sectores capaces de generar mayor productividad, innovación y crecimiento económico.

Finalmente, la entidad concluye que el costo de una burocracia estatal cada vez más grande no se limita al dinero destinado al pago de salarios, sino también a las oportunidades económicas que pierde la sociedad por la utilización creciente de recursos públicos en gastos corrientes en lugar de inversiones productivas.

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