CREES advierte que la Ley 30-26 incorpora nuevas distorsiones tributarias y encarece hacer negocios en el país
Santo Domingo, 26 junio. – El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) advirtió que la recién promulgada Ley 30-26 sobre Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional incorpora nuevas distorsiones al sistema tributario dominicano, aumenta la carga sobre diversos contribuyentes y encarece tanto la actividad empresarial como el costo de vida, por lo que consideró que el país necesitará en el futuro una reforma fiscal estructural que simplifique el régimen impositivo y fortalezca la productividad.
La entidad sostuvo que, aunque la legislación contiene algunos aspectos positivos, también incrementa retenciones, mantiene impuestos considerados distorsionadores y crea nuevas obligaciones tributarias que añaden complejidad al sistema.
En ese sentido, señaló que la rapidez con que el proyecto fue aprobado por el Congreso Nacional y promulgado por el Poder Ejecutivo limitó la posibilidad de un debate amplio sobre sus efectos económicos y fiscales.
CREES afirmó que uno de los principales desafíos será garantizar que los contribuyentes comprendan adecuadamente los cambios introducidos por la nueva legislación.
Indicó que asesores tributarios, contadores y especialistas ya trabajan en la interpretación de las nuevas disposiciones, por lo que corresponde ahora a la administración tributaria emitir normas claras y precisas que faciliten su correcta aplicación.
El centro de estudios también consideró necesario que el Ministerio de Hacienda y Economía publique las proyecciones oficiales de ingresos que espera obtener el Estado como resultado de la Ley 30-26.
Explicó que esas estimaciones deberían abarcar los años 2026, 2027 y 2028, tomando en cuenta que varias de las medidas aprobadas tendrán vigencia hasta ese último año, entre ellas el aumento temporal de la tasa del Impuesto Sobre la Renta para personas jurídicas del 27 % al 30 %.
Asimismo, CREES planteó que el Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Presupuesto, debe presentar de forma detallada cómo ejecutará el gasto público durante el resto de 2026.
Recordó que el Gobierno anunció el pasado 30 de abril la revisión, ajuste o reducción de aproximadamente RD$40,000 millones del Presupuesto General del Estado, pero hasta el momento no se ha informado qué instituciones verán reducidas sus asignaciones ni cuáles programas recibirán mayores recursos.
La entidad señaló que la ciudadanía también espera conocer cómo serán utilizados los nuevos ingresos tributarios contemplados en la legislación, independientemente del comportamiento que registren los precios internacionales del petróleo o el monto destinado a subsidios estatales.
A pesar de sus críticas, CREES reconoció que la Ley 30-26 incorpora medidas favorables. Entre ellas destacó la reducción gradual del impuesto que grava las hipotecas, cuya tasa disminuirá de un 2 % a un 1 % en 2027 y será eliminada completamente en 2028, lo que considera un incentivo para dinamizar el mercado inmobiliario.
El centro de estudios también valoró como positiva la reducción del impuesto sobre las ganancias de capital para las personas físicas, cuya tasa baja de un 25 % a un 10 %.
Además, resaltó que la ley exonera de ese gravamen las ganancias obtenidas por quienes vendan su vivienda habitual y utilicen esos recursos para adquirir otra residencia destinada al mismo fin.
En relación con los impuestos selectivos al consumo, CREES calificó como correcta la eliminación del impuesto aplicado a los seguros de vida.
Sin embargo, lamentó que la reforma no extendiera esa decisión al resto de las pólizas de seguros, las cuales continuarán pagando un impuesto del 16 %, lo que, a su juicio, mantiene elevados los costos asociados a la protección de bienes y activos.
El análisis sostiene que la legislación también dejó pendiente una revisión integral de los impuestos selectivos aplicados a los derivados del tabaco, cigarrillos electrónicos, bebidas alcohólicas, telecomunicaciones, combustibles y otros bienes.
Según CREES, muchos de estos gravámenes generan distorsiones económicas, elevan el costo de hacer negocios y de vivir en el país, además de incentivar prácticas ilícitas como el contrabando y la falsificación.
La institución explicó que los impuestos ad valorem aplicados a cigarrillos y bebidas alcohólicas continúan sustentándose en supuestos relacionados con los márgenes de comercialización, lo que dificulta establecer correctamente la base imponible, complica las labores de recaudación y mantiene incentivos para la evasión y el comercio ilegal.
Otro aspecto cuestionado por CREES es el incremento del impuesto aplicado a los cheques y a las transferencias electrónicas. La Ley 30-26 aumenta este gravamen de 1.5 por mil a 2.0 por mil, pese a que originalmente fue concebido como un tributo temporal y desde hace años diversos sectores económicos han recomendado su eliminación debido a las distorsiones que provoca sobre las operaciones financieras.
El centro de estudios reconoció, no obstante, que la derogación prevista para 2027 del antiguo impuesto sobre la constitución de compañías representa un avance para el clima de negocios.
Sin embargo, consideró que ese cambio resulta insuficiente frente al conjunto de distorsiones que todavía permanecen tanto en la legislación tributaria como en otras normas que afectan la competitividad.
CREES manifestó igualmente preocupación por el aumento de diversas retenciones contempladas en la nueva ley.
Explicó que las modificaciones al artículo 309 del Código Tributario incrementan las retenciones aplicables a rentas diversas, honorarios profesionales y alquileres, entre otros conceptos. Indicó que únicamente permanece sin cambios la retención del 5 % aplicada a los pagos realizados por el Estado, mecanismo que, según entiende, debería desaparecer gradualmente con la implementación plena de la factura electrónica.
El análisis añade que la legislación incorpora además un nuevo artículo para gravar los pagos realizados al exterior por concepto de servicios de almacenamiento de datos, publicidad digital y licencias de software, medida que, según CREES, incrementará los costos de las empresas dominicanas que utilizan plataformas tecnológicas internacionales.
Como conclusión, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles sostuvo que la aprobación acelerada de la Ley 30-26 impidió un debate técnico más profundo sobre sus implicaciones.
Aunque reconoce avances puntuales, considera que la normativa incorpora nuevas distorsiones al sistema tributario, aumenta la complejidad de la legislación y eleva los costos para ciudadanos y empresas, por lo que estima inevitable que el país impulse en el futuro una reforma tributaria integral que simplifique el régimen fiscal, promueva la inversión y fortalezca el crecimiento sostenido de la economía dominicana.