De leyes y letras muertas

Luis Encarnación Pimentel

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 El país necesita de un esfuerci­to mayor de distintas autori­dades de turno y de la socie­dad en pleno, para avanzar en el fortalecimiento institucio­nal y superar el que el respeto a la ley, a los procedimientos y a la propia vida del ciudadano, sigan siendo mera aspiración. Mientras aquí un hecho de sangre vulgar, un abuso policial o un escándalo de co­rrupción sean tapados u olvidados por otro del día siguiente, sin la debida con­secuencia, garantías ciudadanas y estado de derecho serán simples letras muertas (¿). Leyes y normas, definitivamente, son para cumplirlas y para hacerlas cumplir, de arriba abajo. Y así, palabra y compro­misos de un presidente no son para que rueden por el suelo, sino para recoger­los y garantizar que se cumplan. Y cuan­do no se repare en esto ni se interprete al jefe del Estado sobre las pautas o seña­les enviadas, que él mismo se encargue de pedir cuenta, vía decreto, enviando a su casa al funcionario indiferente o encu­bridor de la falta. A juzgar por los casos y hechos – de sangre, de abusos y de dolo – ya muchas cabezas, uniformadas o no, debieron estar rodando. Aunque sea un primer ejemplo contundente hay que dar, en honor a la democracia y a la institucio­nalidad, desde el poder que concentra y simboliza el Ejecutivo. Porque no se co­rresponde con la gravedad del hecho ni con el daño irreparable ocasionado, que al comandante y la dotación policial en pleno de un lugar donde uniformados sean responsables de atropellos, torturas o asesinatos claros, se le traslade a otro sitio, sin acusación ni sanción, para se­guir con el mal o los mismos malos en la población a donde sean llevados. Ahí es­tán – reviviendo los temores de un pasa­do violento de la Policía, como escribiera Felipe Ciprián en el Listín – los crímenes a mansalva en San José de Ocoa del joven abogado Ray Castillo, en agosto de 2021, y el reciente del joven José Gregorio Cus­todio, machucado a golpes y llevado al hospital casi cadáver. Está el caso, olvida­do, de la muerte por policías del coronel piloto de Fuerza Aérea Israel Rodríguez Cruz, en diciembre del 2020, en Baho­ruco, Mao. ¿Y qué decir del escándalo – con cambio de cabeza y sin recomendar sanción – del antro de abusos, negocios y corrupción del antiguo Canódromo? Se prometió sanción, sí, pero ¿cuándo y pa­ra cuántos? ¡Qué no se engavete el pedi­do del Defensor del Pueblo! Lo peor de todo, es que casos van y casos llegan y no se dice nada a nadie, negando y violan­do el derecho elemental de la sociedad a estar informada. Así pasa con sentencias que no se cumplen y con culpables que no caen presos (¿). ¿Hasta cuándo?

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