Defensor del Pueblo otorga plazo de cinco días al director de La Policía para que se pronuncie en torno al incidente del Canódromo

Santo Domingo, 13 mayo – Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, concedió un plazo de cinco días al Director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, para que responda en torno a la agresión que tanto él como personal de su organismo fueron víctimas durante una inspección al Canódromo.

Ulloa, en una carta que dirigió al jefe policial, insiste en que él, sus acompañantes y miembros de la prensa, fueron agredidos por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

Ulloa indica a Then que mantiene el interés de conocer el avance del procedimiento disciplinario contra los miembros de la Digesett que lo agredieron a él, a miembros de ese órgano y de los medios que lo acompañaban a una inspección al Centro de Retención Vehicular (Canódromo), tras denuncias de irregularidades allí.

“La Policía Nacional cuenta con un plazo de cinco días hábiles para dar respuesta a lo planteado. La in­observancia de este plazo acarrea las consecuencias dispuestas en el artículo 27 de la Ley núm. 19-01, que creó el Defensor del Pueblo y que permite vigilar y supervisar la actividad de la Administración Pública”, adujo Ulloa.

Expresó que genera preocupación que, 30 días después de esta agresión reprochable y bochornosa contra el Estado de derecho y la institucionalidad, la sociedad dominicana desconozca las medidas que ha tomado el Conse­jo Superior Policial para sancionar, legalmente y de conformidad con el debido proceso, las conductas ex­hibidas por los miembros de la Policía.

Ulloa dijo que requie­re con carácter de urgencia del director de la Policía Na­cional un informe explicando las medidas correctivas y preventivas que ha tomado la Policía en este caso.

“Este informe debe con­tener todos los documentos en los que consta el proce­dimiento sancionador y las decisiones tomadas al efecto”, adujo el Defensor del Pueblo.

Sostuvo que la inspección frustrada por miembros de la Digesett en el canódro­mo, el 11 de abril pasado, se trató de una diligencia de investigación a raíz de la denuncia del ciudadano Damián Javier Heredia Moreno y de las anomalías de­nunciadas por la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamotor), el 17 de marzo por las dificultades para la entrega de vehículos retenidos

Destacó que no se puede olvidar que la actuación de los miembros de la Policía Nacional, adscri­tos a la Digesett, repre­senta también la obsta­culización de la facultad de inspección que posee este órgano de confor­midad con la Constitu­ción de la República y la Ley número 19-01.