Delincuentes instalan cámaras de vigilancia en barrios para evadir a la Policía: nueva modalidad detectada en Guachupita
Santo Domingo, 6 octubre. – Una práctica cada vez más común entre grupos delictivos en distintos puntos del país volvió a quedar al descubierto este domingo en el sector Guachupita, en el Distrito Nacional, cuando las autoridades confirmaron la existencia de cámaras de videovigilancia instaladas por delincuentes para monitorear los movimientos de la Policía Nacional.
Según un reportaje publicado por el periódico Listín Diario, al menos tres dispositivos fueron localizados en postes del tendido eléctrico en la calle Ramón Matías Mella, supuestamente bajo el control de una agrupación criminal que operaba en esa zona.
El hallazgo se produjo durante un operativo policial que concluyó con la entrega voluntaria de dos jóvenes buscados por diversos delitos. Se trata de Johan Adón, de 19 años, y Andrés Jesús Espinal Pérez (alias “Mazazo”), de 21, quienes tenían tres órdenes de arresto pendientes, incluyendo una por presunto homicidio.
Durante el allanamiento, se viralizó en redes sociales un video en el que ambos jóvenes aparecen escondidos en una habitación armados y monitoreando los alrededores mediante imágenes transmitidas en una televisión conectada a las cámaras externas. El dispositivo les permitía observar en tiempo real la presencia policial en las inmediaciones.
De acuerdo con declaraciones de algunos comunitarios —quienes prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias—, las cámaras aún no han sido retiradas, a pesar del conocimiento que tienen las autoridades sobre su finalidad delictiva. “Después de que se los llevaron, por aquí no ha regresado ningún policía a tumbar las cámaras, y ellos (los agentes) saben para qué son…”, expresó un residente.
El fenómeno no es nuevo. Desde hace más de dos años, medios de comunicación han documentado cómo bandas criminales han empezado a implementar sistemas de videovigilancia como método de protección y alerta temprana, especialmente en zonas vulnerables.
Hasta la fecha, se habían registrado casos similares en las provincias Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, El Seibo y también en el Distrito Nacional.
El fiscal titular de San José de Ocoa, Francis Valdez, ya había advertido el pasado 22 de febrero que los delincuentes no solo instalan las cámaras, sino que en ocasiones pagan a residentes para que las mantengan operativas.
“Instalan cámaras en las vías públicas y les pagan a sus dueños con la finalidad de mantener vigiladas las calles y poder advertir la presencia de la autoridad”, aseguró el magistrado.
Asimismo, el exministro de Interior y Policía, Joel Santos, reconoció el año pasado que el crimen organizado ha implementado estas tácticas en varias zonas del país. “Diferentes cámaras han sido instaladas en distintos puntos por parte del crimen organizado”, expresó el 5 de agosto de 2024.
A pesar de estas denuncias, la falta de seguimiento por parte de los cuerpos de seguridad ha contribuido a la expansión de este fenómeno, dejando a muchas comunidades bajo constante vigilancia no de las autoridades, sino de estructuras criminales que usan la tecnología para consolidar su control territorial.
