¿Deportar o regularizar? El dilema dominicano ante la migración masiva haitiana

Por Jorgelina Martínez Castillo

Es de público conocimiento que la migración de haitianos hacia la República Dominicana ha escalado a un punto crítico que exige la implementación de medidas estratégicas para su control. Y digo control, porque erradicarla es imposible. Aunque la migración haitiana representa una problemática grave para el país, tampoco podemos tapar el sol con un dedo, pues esta genera ciertos beneficios económicos y sociales al país.

En cuanto al impacto que tiene la presencia no regularizada de ciudadanos haitianos en nuestra economía, las cifras son reveladoras: en 2019, el Sistema Nacional de Salud (SNS) elaboró un estudio que confirmó que aproximadamente el 78% de los haitianos —tanto nacidos en Haití como hijos de padres haitianos— utilizan los hospitales públicos dominicanos. Con una población haitiana estimada en 1.5 millones de personas, se calcula que al menos 1,170,000 individuos acceden regularmente a estos servicios sanitarios estatales.

Pero el presente artículo no pretende adentrarse en cálculos o estadística —debo admitir que los números no son precisamente mi fuerte—, sino en desenredar un asunto migratorio real, uno que incide en la vida cotidiana de cada dominicano. Y en eso, modestamente, creo tener algo más de desenvolvimiento.

Ahora bien, para entrar en materia, lo primero que debemos tener en cuenta es que para hablar de migración haitiana también hay que hablar de crecimiento económico, lo que se traduce a Producto Interno Bruto (PIB). No podemos obviar una gran realidad, y esta es que los inmigrantes haitianos aportan al PIB nacional con su participación en los sectores de construcción, agricultura y servicios. Y llama la atención que este gobierno —ojo, este artículo tampoco es una crítica a la administración actual, sino más bien un desahogo jurídico y social— ha venido utilizando la medida de la deportación masiva para controlar la migración de los haitianos.

Pues aunque bien es sabido que esta problemática no es de ayer, sino que arrastra ya varias décadas de complejidad en ascenso, donde incluso hemos visto que recientemente los últimos cuatro presidentes se reunieron para dialogar sobre posibles soluciones, lamentablemente le ha tocado a la administración actual enfrentar circunstancias críticas que han colocado al gobierno en una encrucijada política y social sin precedentes.

Esto ha empujado al presidente Luis Abinader a implementar diversas medidas, dentro de estas la construcción de una verja perimetral cuya primera etapa inició a principios del año 2022 con una inversión de 1,750 millones de pesos. Este mismo año también sucede algo muy importante, y me atrevería a decir que clave, pues por la inseguridad provocada por la prevalencia de las pandillas en Haití, Abinader culminó todo tipo de relación diplomática con el vecino país al cerrar las embajadas y consulados.

Luego, en 2023, sucede lo del río Masacre, más tensión entre Haití y la República Dominicana, lo que conlleva a la puesta en marcha de medidas severas. Entre ellas, destaca la prohibición definitiva de la entrada al país de todos los involucrados en el conflicto, así como la suspensión de la emisión de visados a ciudadanos haitianos. Esta última medida merece especial atención, ya que resulta clave para comprender el rumbo y las implicaciones de la crisis migratoria que se ha venido desarrollando desde entonces.

El 2024 transcurrió sin la implementación de medidas especialmente controversiales, pero hubo un cambio muy importante: en septiembre se designó al Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester como nuevo director de la Dirección General de Migración (DGM).

Con este cambio en la DGM, el 2025 vino con fuerza, pues ya en febrero Abinader había firmado el Decreto 104-25, que declara a las bandas criminales haitianas como organizaciones terroristas, igualmente anunció varias medidas para contrarrestar la migración haitiana. Los cambios en la DGM se han sentido con fuerza. Lee Ballester informó que en marzo esta institución había reconducido hacia Haití a 114,884 personas en lo que va de 2025, por lo que proyecta que este año podría convertirse en el de más deportaciones de la última década.

Pero ya que hemos abordado superficialmente el boquete que genera la problemática haitiana en la economía nacional y las medidas migratorias implementadas en estos últimos años, es momento de retomar el tema del PIB desde otra perspectiva crucial para el país: el turismo.

En un país enfocado en el turismo, el Ministro David Collado destacó en FITUR 2025 importantes avances: apertura de complejos en Punta Cana con inversiones de aproximadamente 125 millones de dólares, proyectos en el Cibao con 4-6 hoteles cinco estrellas, 1,500 unidades vacacionales y 2,500 de uso mixto. Grupos inversionistas extranjeros, aliados con bancos locales, formalizaron acuerdos para dos hoteles de cadena internacional de renombre con una inversión que supera los 200 millones de dólares. Otros prestigiosos proyectos hoteleros en el este ya están en construcción, esperando concluir la primera fase a finales de año—ojo, si es que la deportación masiva lo permite, pero de esre tema hablaremos más adelante—.

¿Qué tienen en común todos estos proyectos? Grandes inversiones extranjeras, impulso al sector turístico y una fuerte dependencia de la mano de obra haitiana. Mientras la República Dominicana se posiciona cada vez más como un referente mundial del turismo, parece olvidar que justamente hay un sector entero que subsiste gracias a la migración que tanto se combate. Y es que el sector construcción no solo está estrechamente ligado al turismo, sino que ambos dependen de una realidad incómoda que preferimos obviar.

Tampoco se puede pasar por alto que, dentro de las medidas que se han implementado en los últimos años, ninguna ha sido destinada a regularizar a los haitianos. Y cuando hablo de regularización, no lo hago como sinónimo de premiar la ilegalidad, tampoco me refiero a un acto de benevolencia, sino a otorgar permisos temporales que legitimen la contratación de mano de obra haitiana que ya está aquí, trabajando en las “sombras”.

Resulta fascinante ver en las noticias y redes sociales la inauguración de proyectos turísticos de renombre, con las caras y los nombres de los empresarios que ponen en marcha estos proyectos que todo el mundo aplaude y celebra, cuando son estos mismos quienes contratan e impulsan esta mano de obra haitiana de manera sistemática. La paradoja es reveladora: ¿por qué no dirigir esas redadas hacia los empresarios que facilitan la llegada irregular de estos trabajadores? Sorprende ver la incongruencia en el hecho de que los mismos que aplauden el desarrollo turístico del país, son muchas veces los primeros en apoyar la deportación masiva.

La realidad es que esto es complejo y va más allá de la construcción, pues bien sabemos que no es solo mano de obra en este sector. Muchos haitianos también sacan a flote el sector servicios, ahí mismo, en esos hoteles de lujo, colaborando silenciosamente con el turismo que tanto celebramos. Es por esto que hay que plantearse la implementación de alternativas viables, pues resulta obvio que, al menos por ahora, esto no se va a terminar. Es necesaria la creación de algún mecanismo de regularización laboral selectiva y temporal, dirigido a los sectores productivos que actualmente dependen, de forma abierta o encubierta, de la contratación de empleomanía haitiana.

Podría estructurarse un programa que permita a las empresas registrar a estos trabajadores extranjeros, de modo que posteriormente estos puedan empadronarse y exista la posibilidad de estos obtener un permiso de residencia temporal que les permita trabajar de forma regular en el país, sujetos a renovación mientras se mantenga una relación laboral formal con la empresa que lo registró.

Con la suspensión de la emisión de visas a haitianos, se ha cerrado toda vía migratoria disponible para que estos puedan aplicar al permiso de Residencia para Trabajadores Temporeros o al permiso de Residencia Temporal Laboral. Esta medida imposibilita que aquellos inmigrantes haitianos que ya se encuentran en el país trabajando puedan regularizar su estatus migratorio, sin importar el sector en el que se estén desenvolviendo. No es ningún misterio que numerosas obras se han paralizado o han visto disminuir considerablemente su ritmo de avance debido a esta situación.

Por eso resulta imperativo plantearse la siguiente interrogante: ¿Es realmente la deportación masiva la respuesta a esta compleja problemática? Es opinión de esta voz, que prefiere observar antes que imponer, el hecho de que así como se han volcado todos los esfuerzos hacia la deportación de indocumentados —que muy bien sabemos son predominantemente haitianos, no exclusivamente, pero sí en su mayoría—, también deberían habilitarse vías migratorias que permitan al país ejercer un verdadero control sobre aquellos haitianos que ya habitan en territorio nacional, creando algún tipo de mecanismo que les posibilite contribuir legítimamente al Estado y llevar su estatus de ilegalidad a la legalidad.

¿Cómo se logrará esto? Honestamente, no lo sé, ni estoy aquí para diseñar la fórmula mágica. Pues son los mismos oficiales que deportan masivamente, los que, por debajo de la mesa, aceptan dos o tres “chelitos” para soltar a estos migrantes haitianos, o para facilirles la entrada al país. Información que es de público conocimiento, pero muchos no se atreven a decir.

Lo que sí me permito plantear es que no podemos seguir clavándonos el cuchillo, pues es evidente que se requiere de la coordinación interinstitucional entre la Dirección General de Migración, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Turismo y el sector empresarial, para la búsqueda de soluciones reales y viables.

Acento