Dictan prisión preventiva contra nueve imputados por narcotráfico y asociación de malhechores en SFM
San Francisco de Macorís, 17 diciembre- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte impuso tres meses de prisión preventiva en contra de nueve miembros de una red de malhechores dedicada al narcotráfico.
El tribunal impuso la medida de coerción en contra de Andrés Evaristo Herrera Taveras, Yoel González, Stevenson Aracena, José Alejandro Rondón del Orbe, Antonio Castillo, Nelfy Santo Tejada, Luis Roberlan Muñoz Castillo, Carlos Eusebio González Santos, y Andrés Antonio Núñez Díaz, quienes pertenecen la red liderada por Wellington Burgos, quien está cumpliendo condena de 30 años por homicidio agravado y procesado al mismo tiempo por dos homicidios más.
El órgano persecutor del delito demostró ante el tribunal, el riesgo de fuga existente, de no ser aplicada la medida de coerción, consistente en prisión preventiva.
A través de la investigación realizada en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el DICRIM y la Policía Preventiva, la fiscalía logró establecer que los imputados operaban desde un punto de distribución de drogas en el sector Pueblo Nuevo, liderado por Burgos, donde también ocultaban armas de fuego y dinero proveniente de actividades ilícitas.
La operación culminó el 30 de noviembre de 2024 con la ejecución de la orden de allanamiento No. 601-01-2024-EADM-00505-2024, en la vivienda ubicada en la calle Núñez de Cáceres, identificada como base de operaciones de esta red delictiba.
Durante el allanamiento, el Ministerio Público confiscó 419 porciones de cocaína (1,155 gramos), 40 porciones de crack (1,086.7 gramos), 26 porciones de marihuana (35.7 gramos), una porción de molly (18.3 gramos), dos pistolas calibre 9 mm, dinero en efectivo por un total de RD$30,790, tres máquinas tragamonedas y otros elementos probatorios.
El fiscal investigador Benedicto Reynoso y el fiscal litigante Kelvin Pimentel resaltaron que los imputados enfrentarán cargos por violaciones a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como por porte ilegal de armas de fuego bajo la Ley 631-16.
Con esta medida el Ministerio Público reafirma su compromiso de combatir el crimen organizado en la provincia Duarte y garantizar el cumplimiento de la ley.
