Diputados del PLD defienden al partido tras acuerdo de Maxy Montilla con la justicia y piden sanciones ejemplares
Santo Domingo, 3 sept. — Dos diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) salieron este miércoles en defensa de la organización política, a propósito del acuerdo judicial mediante el cual Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, aceptó su responsabilidad penal en actos de corrupción y se comprometió a devolver más de 3,000 millones de pesos al Estado dominicano.
El vocero de la bancada del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, afirmó que ni Montilla ni Alexis Medina —hermano del exmandatario y condenado por corrupción— forman parte de la dirigencia de esa organización política, sino que se trata de personas que abusaron de la confianza de Medina.
“Son unos abusadores porque abusaron de la confianza del expresidente. Son gente cercana que traficaron con influencia y deben pagar, no solo con una devolución, sino también enfrentando un proceso penal como cualquier otro ciudadano”, expresó Sánchez, al ser abordado por la prensa en el Congreso Nacional.
Aunque confesó tener una amistad personal con Montilla, el legislador sostuvo que “su abuso y cualquier otro que pudo haber cometido tienen consecuencias”, por lo que no deben ser tolerados bajo ninguna circunstancia.
Asimismo, valoró positivamente el accionar de la justicia en el caso, indicando que “los condenados han sido personas que aprovecharon vínculos familiares con el poder, pero no dirigentes del PLD con militancia activa o responsabilidades dentro del partido”.
Por su parte, el diputado peledeísta Charlie Mariotti Jr. coincidió en señalar que ni Alexis Medina ni Maxy Montilla representan al PLD y pidió que ambos ofrezcan disculpas públicas por los daños causados.
“Maxy y Alexis, que ya tienen, uno condena y el otro admitió culpabilidad, deben pedirle perdón al país, al PLD y también a Danilo Medina porque mancharon su obra por la avaricia”, manifestó.
Mariotti Jr. insistió en que una sanción pecuniaria no es suficiente en el caso de Montilla, y subrayó que su responsabilidad debe estar acompañada de prisión: “Eso lacera la institucionalidad y la República Dominicana”, dijo.
Los términos del acuerdo
El Ministerio Público informó que Montilla devolverá al Estado RD$2,000 millones en efectivo, además de pagar una indemnización de RD$600 millones a las empresas distribuidoras de electricidad (EdeEste, EdeSur y Edenorte) como compensación por los daños ocasionados a esas entidades.
Asimismo, deberá transferir a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la suma de RD$431,816,307.90, disolver 10 de sus empresas y entregar un terreno ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, casi esquina avenida Ortega y Gasset, del Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
El pacto judicial con el Ministerio Público se enmarca dentro de la investigación conocida como “Operación Antipulpo”, que involucra a varias personas acusadas de enriquecerse ilícitamente durante los gobiernos del expresidente Danilo Medina.
Alexis Medina ya cumple condena
El caso de Montilla se suma al de Alexis Medina, hermano del expresidente Medina, quien fue condenado el pasado 14 de agosto por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a siete años de prisión, a ser cumplidos en la cárcel de Najayo.
Alexis fue hallado culpable de integrar una red empresarial que obtuvo millonarios beneficios mediante prácticas irregulares durante la gestión gubernamental de su hermano, lo que lo convirtió en una de las figuras centrales del caso “Antipulpo”.
El PLD se desmarca de responsabilidades

Tanto Gustavo Sánchez como Charlie Mariotti Jr. insistieron en que los actos cometidos por Montilla y Alexis Medina son responsabilidades individuales y no comprometen al PLD como organización política.
“El PLD no tiene nada que ver con las responsabilidades individuales de quienes han violado la ley. Ningún dirigente con funciones partidarias ha sido condenado. Los responsables son personas que abusaron de la cercanía con el poder y deben enfrentar las consecuencias”, reiteró Sánchez.
Ambos legisladores coincidieron en que la justicia debe actuar con firmeza y que los casos de corrupción no pueden quedar impunes, ya que afectan directamente la credibilidad institucional y la confianza ciudadana.