EE.UU. eleva a 15 millones de dólares la recompensa por Ryan Wedding, exatleta olímpico acusado de narcotráfico y asesinato de testigos

“Confiamos en la justicia norteamericana… y si resulta culpable, que caiga sobre él todo el peso de la ley”, dice el padre juez de uno de los implicados en la red criminal

Santo Domingo, 20 nov. – Las autoridades de los Estados Unidos elevaron este miércoles de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del ciudadano canadiense Ryan James Wedding, exatleta olímpico y presunto cabecilla de una estructura criminal transnacional conocida como “Wedding Criminal Enterprise”, acusada de importar cocaína, asesinar testigos y lavar dinero en diversos países, entre ellos Colombia, México, Canadá y Estados Unidos.

De acuerdo con el expediente judicial revelado por el Departamento de Justicia, la red liderada por Wedding operó entre el 7 de diciembre de 2011 y el 28 de octubre de 2025 en los condados de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino, en el Distrito Central de California, así como en otros territorios internacionales.

Entre los cargos presentados figuran la distribución de más de cinco kilogramos de cocaína, lavado de activos, transacciones financieras ilegales y el asesinato deliberado de un testigo cooperante del Gobierno federal.

Uno de los acusados dentro de este caso es el dominicano-canadiense Edwin Basora-Hernández, de 31 años, conocido en el medio artístico como Ed Winter. Según las autoridades estadounidenses, Basora-Hernández, quien reside en Montreal, Canadá, y desarrolla una carrera como reguetonero y DJ de música urbana, formaba parte de la organización criminal y facilitó información clave que condujo al asesinato de un testigo.

Basora habría entregado a otro implicado, identificado como Tommy Demorizi, el número telefónico y el correo electrónico de una persona protegida por la justicia a cambio de una suma entre 500 y 1,000 dólares canadienses.

El expediente indica que Demorizi fue reclutado por otro acusado, Atna Ohna, de 40 años y residente en Laval, Quebec, con el propósito de coordinar la ubicación del testigo identificado como “Víctima A”.

Posteriormente, el 3 de diciembre de 2024, Basora-Hernández informó a Demorizi que había sido contactado por la policía canadiense en relación con la víctima. La persona señalada como “Víctima A” fue asesinada a tiros en un restaurante en Medellín, Colombia, en enero de 2025.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados “conspiraron para matar intencionalmente y causaron la muerte deliberada de una persona que colaboraba con el sistema judicial”.

Además de Basora-Hernández, otras 10 personas fueron arrestadas esta semana, mientras que otras 11 permanecen bajo custodia o son buscadas activamente por agencias federales, entre ellas el FBI y la DEA.

Parte de la red también operó rutas para el traslado de cocaína entre Sudamérica y Norteamérica, en colaboración con organizaciones del narcotráfico como el Cártel de Sinaloa, utilizando esquemas de lavado de dinero mediante criptomonedas y transacciones internacionales.

En República Dominicana, el caso ha generado una derivación particular por la mención de Tommy Demorizi, quien según las autoridades estadounidenses podría encontrarse actualmente en territorio dominicano.

Las agencias locales han sido alertadas para colaborar en la localización de este individuo.

Paralelamente, otro caso vinculado al narcotráfico ha captado la atención pública dominicana. Se trata del proceso judicial contra Esteffany José Vásquez Amarante, alias Ethian, hijo del juez del Tribunal Superior de Tierras del departamento Este, con sede en El Seibo, José María Vázquez Montero.

Ethian, quien enfrenta cargos en Puerto Rico por presunta distribución de sustancias controladas y lavado de activos, aceptó recientemente su extradición voluntaria a esa jurisdicción estadounidense.

Según las autoridades puertorriqueñas, se le atribuye la distribución de más de cinco kilogramos de cocaína y su asociación con estructuras criminales para ocultar fondos ilícitos.

Consultado por periodistas tras su participación en las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el magistrado Vázquez Montero expresó: “Confiamos en la justicia norteamericana y él tiene que probar la inocencia que alega.

Y si resulta culpable, que caiga sobre él todo el peso de la ley”. Estas declaraciones fueron dadas en medio de la entrevista que el juez sostuvo como parte del proceso de evaluación para aspirantes a la Suprema Corte de Justicia.

Sin embargo, su intervención fue interrumpida por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, debido a que había excedido el tiempo reglamentario para exponer su hoja de vida. A pesar de solicitar una prórroga para presentar sus propuestas, la solicitud le fue denegada bajo el principio de igualdad entre todos los postulantes.

El juez negó cualquier vínculo entre el proceso de evaluación y la situación legal de su hijo, enfatizando que “las penas son personales y no deben afectar a los familiares”.

Con estos acontecimientos, tanto a nivel internacional como nacional, se refuerzan las preocupaciones en torno al alcance y la penetración del crimen organizado en distintas capas de la sociedad.

Las autoridades dominicanas, por su parte, aseguran mantener colaboración activa con organismos internacionales para prevenir el uso del país como plataforma para actividades ilícitas transnacionales.

Mientras tanto, el caso Wedding se perfila como una de las más importantes investigaciones de narcotráfico en la última década, con múltiples ramificaciones legales y políticas aún por esclarecer.