El Defensor del Pueblo y la educación

Pablo McKinney[email protected]

 Tampoco hay que llegar a los extremos del camarada Mao Tse Tung, quien dijo aquello de que “quien no investiga, no debe tener derecho a la pala­bra”, o aquel monje budista que pregona­ba convencido: “Si tus palabras no van a superar el silencio, entonces, no lo inte­rrumpas”.

Por supuesto que en la democracia es­tos excesos no son nada convenientes, pero sí es importante que, antes de pro­nunciarse sobre tal o cual tema, las ins­tituciones del Estado y sus voceros reali­cen estudios que les permitan pasar de sus percepciones, opiniones, prejuicios o inte­reses, a la bendita realidad del sector que manejan y tiene bajo su responsabilidad.

Esto es lo que, precisamente ha hecho el Defensor del Pueblo, el Dr. Pablo Ulloa -cuyo labor tiene que ver con el trabajo y funcionamiento de todas las instituciones del Estado y su comportamiento ante al ciudadano- al propiciar la realización del “Estudio de Opinión de los Padres y Ma­dres sobre la Calidad de la Educación”, elaborado por Educa y a cargo de su di­rector ejecutivo Darwin Caraballo.

Así, gracias a ese estudio, ya no es una opinión, una percepción, y mucho menos “un pálpito”, sino un dato demoscópica­mente demostrado, que el 68.12 % de los padres reclama que la educación sexual y reproductiva sea obligatoria; como re­clama una mayor inversión en educación (53.4%), considera que en su versión pú­blica debe ser gratuita (96%), y valora es­pecialmente la enseñanza de lenguas ex­tranjeras (40.58 %).

Un hallazgo esperado es lo que tiene que ver con la urgente necesidad de mejo­rar la calidad educativa que cerca del 70% considera regular o mala, y apenas un 36% la valora como buena, lo que quiere decir que ya sabemos hacia donde deben apuntar los esfuerzos y los recursos.

Por suerte, informado de la realización del estudio, el ministro de Educación, Ro­berto Fulcar, quiso participar en el acto de su presentación formal, dando así un espaldarazo de apoyo y mostrando com­prensión hacia el -tan ingrato como valio­so- trabajo del Defensor del Pueblo, que no es otro que llevar al Estado y sus insti­tuciones a su propia legalidad.

Gran parte de los problemas nacionales tienen que ver con que en nuestros paí­ses los ciudadanos consideran que el Es­tado es de nadie, mientras en los países de fortaleza institucional y participación ciudadana, el Estado somos todos. ¡Que así sea!