El caso de los aviones Super Tucano deberá conocerse otra vez, desde cero.

Santo Domingo, 12 jun – La primera sala penal de la corte de apelación revocó la sentencia de descargo contra Rafael Antonio Peña Antonio, Carlos Picini y el Daniel Aquino Hernández.

El tribunal presidido por Doris Pujols Ortiz e integrado por Rafael Báez y Carmen Mancebo anuló la decisión que descargó a Rafael Antonio Peña, el coronel Carlos Picini Núñez y el empresario Daniel Aquino Hernández.

El tribunal dispuso que el expediente sea enviado a primera instancia para que apoderen un tribunal que conozca el juicio desde cero.

Los jueces dispusieron que la audiencia sea conocida por un tribunal diferente al Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que pronunció el descargo de los implicados.

El tribunal tomó la decisión al acoger un recurso de apelación interpuesto Wilson Camacho, titular del Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa (Pepca).

El Ministerio Público acusó a los procesados de recibir los US$3.5 millones que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) admitió haber dado en el país, dinero entregado para ser escogida como la suplidora de ocho aviones de combate, denominados Super Tucano.

La sentencia de descargo emitida en primer grado se produjo en mayo del año 2022, y en ella se absolvió al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y al empresario Daniel Aquino Hernández. Además, fueron descargadas las empresas imputadas 4D Business Group y Magycor.

Ministerio Público saluda la decisión

El fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó la decisión y la calificó de histórica en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

“Nosotros consideramos que la decisión que tomó la corte de apelación hoy en día es una decisión histórica y una decisión contundente en contra de la impunidad en los casos de corrupción, porque es un hecho muy importante para esta lucha que la corte haya anulado en su totalidad la decisión de descargo de los acusados del Caso Super Tucano”, expresó, al valorar la decisión que anuló la sentencia que descargó a los acusados.

“Como hemos dicho siempre en el Ministerio Público, nosotros no vamos a descansar hasta que no haya impunidad en este caso, que es uno de los casos de corrupción más grande y vergonzoso que hemos tenido en la República Dominicana; así que nosotros estamos muy conformes con esta decisión y, simplemente, es un capítulo más que vamos a seguir luchando para esos fines”.

En la audiencia de apelación, el Ministerio Público estuvo representado por los procuradores fiscales José Miguel Marmolejos y Rosa Pichardo.

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, integrada por los jueces Doris Pujols, Rafael Báez y Carmen Mancebo, admitieron el recurso de apelación de unas 125 páginas contra la citada sentencia, a través del cual el Ministerio Público pidió y logró la anulación de la sentencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El Ministerio Público señala en su acusación que los procesados recibieron sobornos por parte de la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para ser escogida como la suplidora de ocho aviones de combate, denominados Super Tucano, en el año 2007.

Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández son acusados de recibir sobornos para la compra de los ocho aviones.

La Pepca acusó al grupo de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.

El Ministerio Público durante el juicio pidió al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, por la comisión de los delitos que les fueron atribuidos. Igualmente, solicitó el pago de una multa consistente en US$7 millones.

También, contra cada una de las compañías solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.

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