El Estado haitiano en vía de disolución
Manolo Pichardo[email protected]
La Fuerza del Pueblo (FP), en un documento que, mediante rueda de prensa, dio a conocer la pasada semana, manifestó preocupación por la crisis que viene padeciendo el pueblo haitiano, agudizada tras el asesinato del presidente Jovenal Moise, que trajo como consecuencia un vacío constitucional y el fortalecimiento de grupos armados como el dominante G9 que se han colocado por encima de unas autoridades carentes de legitimidad, hechos que se suman a la complejidad de la crisis crónica, de carácter estructural y multidimensional, expresada en la debilidad de sus fuerzas productivas y, consecuentemente, en un sistema de salud y educación precarios, alarmante degradación medioambiental, una pobreza extrema que se manifiesta en los más de 5 millones de ciudadanos, de los 11 que habitan los poco más de 27 mil kilómetros cuadrados, que pasan “hambre pura” como manifestara la FAO recientemente.
El Caos, incorporado a su paisaje desde el nacimiento mismo del Estado, parece estar en su punto más álgido; la crisis, arrastrada desde el estallido de aquella guerra de independencia extremadamente violenta que se conjugó con una revolución social y racial, es intrínseca a su naturaleza, lo que hace más complejo encontrar la vía de solución al problema que está más allá de los parches coyunturales que ya la llamada “comunidad internacional” ha pegado en las abrasiones, sin éxito alguno, mientras los órganos vitales, ignorados a causa de la miopía del liderazgo planetario, se degradan, al punto de poner en riesgo la existencia misma del Estado, porque apuestas militares, como la Minustah, o superficiales, como la implementación de programas de caridad o la organización de torneos electorales, no constituyeron acometidas integrales para la reconstrucción del país desde una óptica holística con el necesario referente histórico.
La magnitud, profundización de la crisis y la ¿inexplicable? indiferencia de “la comunidad internacional” entrecoge a la sociedad dominicana ante la construcción de una narrativa que parece diseñada para instalar en el imaginario popular que estamos frente a una crisis dominicohaitiana que nuestro país está llamado a resolver. Hay, incluso, quienes se han atrevido a afirmar que la República Dominicana está bajo una inminente invasión haitiana, lo que no es lo mismo que una invasión de haitianos, porque lo primero debe asumirse como una acción del Estado haitiano, cuestión que no es posible porque Haití no cuenta con los medios para hacerlo, ya que, como sabemos, tiene un ejército creado hace poco tiempo por el presidente Moise de apenas 500 efectivos, además de que la profundización de la crisis ha ido desmantelando lo poco que queda del Estado; lo segundo sí es comprensible, y debe poner en alerta a nuestro país porque se trata de ciudadanos haitianos que, desesperados por la violencia, la escasez y el hambre, pueden ser empujados en olas hacia nuestro país, como de hecho se denuncia que ocurre.
Ante la situación -y sin interlocutor válido- el Gobierno dominicano ha anunciado una serie de medidas para resguardar nuestra frontera, las que respalda la FP y su líder, Leonel Fernández, en el entendido de que se debe proteger la integridad territorial de nuestro país y, por vía de consecuencia, defender nuestra soberanía; todo en el marco del derecho soberano de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de otros países y el respeto a la dignidad y los derechos humanos como los establecen nuestras leyes y el sistema jurídico internacional.
