Intrant cancela definitivamente contrato con Transcore Latam por irregularidades y sospechas de corrupción

Santo Domingo, 29 de octubre.- Tras recibir los resultados de una auditoría de la Contraloría General de la República, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) decidió poner fin de manera definitiva al contrato con la empresa Transcore Latam, encargada de modernizar la red de semáforos en el Gran Santo Domingo.

La rescisión, según la resolución 12-2024 del Intrant, se realizó con carácter inmediato y permanente, y se fundamenta en «graves irregularidades» detectadas durante la ejecución del contrato, así como en hallazgos que apuntan a un posible caso de corrupción administrativa en el proceso de adjudicación.

La entidad, dirigida por Milton Morrison, enfatizó que su decisión no está condicionada a los recursos administrativos que Transcore Latam ha presentado en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), con los que la empresa busca suspender la cancelación del contrato.

Según el Intrant, estos recursos no afectan su potestad de terminar el contrato, ya que la ley le permite rescindir unilateralmente en casos de incumplimientos que amenacen el interés público.

Auditoría de la Contraloría: Incumplimientos graves y riesgo a la seguridad nacional

El informe de la Contraloría fue determinante en la decisión del Intrant. De acuerdo con el documento, Transcore Latam había completado menos del 20 % del proyecto, aunque presentó facturas indicando un 90 % de avance.

Además de esta discrepancia, la auditoría reveló numerosas fallas procedimentales y omisiones en el cumplimiento de los requisitos de seguridad y funcionalidad. Estos incumplimientos no solo frenaron el progreso del proyecto, sino que también plantearon riesgos significativos a la seguridad y operatividad del sistema de tráfico en Santo Domingo.

La Contraloría recomendó la rescisión del contrato y propuso la celebración de un nuevo proceso de licitación para garantizar que el control de la red semafórica esté bajo la supervisión directa del Intrant.

Asimismo, sugirió que se tomen acciones legales contra los responsables de las irregularidades en el proceso de adjudicación y ejecución, incluyendo posibles sanciones para los antiguos funcionarios del Intrant y los ejecutivos de Transcore Latam, entre ellos el exdirector de la entidad, Hugo Beras.

Hallazgos de la Auditoría: Ejecución deficiente y equipos inadecuados

El informe de la auditoría detalla graves deficiencias en la instalación y calidad de los equipos utilizados. Entre los hallazgos más relevantes se encuentran:

• Fibra Óptica y Red de Semáforos: Solo un 40 % de la fibra óptica necesaria para la comunicación de los semáforos había sido instalada, mientras que los reguladores semafóricos, esenciales para el control del tráfico, estaban en un 0 % de avance. Además, de los 335 reguladores previstos, solo se habían fabricado 80, y no cumplían con las especificaciones de materiales y diseño requeridos.
• Hardware de Hiperconvergencia: Esta fase, crucial para la implementación de una red integrada de gestión de tráfico (Advanced Traffic Management System, ATMS), no fue iniciada, dejando la red incompleta y sin la capacidad para gestionar de manera eficiente el flujo vehicular en el Gran Santo Domingo.
• Cámaras de Tráfico: Aunque la instalación de cámaras se había completado en un 70 %, las mismas no tenían software preinstalado, lo que impide su operatividad. Además, el cableado de red en algunas intersecciones estaba incompleto, lo que afecta el funcionamiento integral del sistema.
• Dispositivos de Respaldo de Energía (UPS): Solo 62 de los 335 dispositivos instalados cumplían con los requisitos técnicos estipulados en el contrato, alcanzando apenas un 15 % de ejecución en esta área.
• Semáforos Peatonales y Generales: Se habían instalado 1,821 semáforos de los 2,670 requeridos, y muchos de ellos estaban apagados. En cuanto a los semáforos peatonales, la auditoría mostró que su implementación era irregular, sin estar operativos en muchas intersecciones.

Este panorama de deficiencias hizo que la Contraloría recomendara cancelar el contrato de inmediato, debido al riesgo de que el proyecto generara costos adicionales que podrían igualar o incluso superar los valores iniciales facturados por Transcore Latam.

Transcore Latam: Recursos administrativos y disputas legales

En respuesta a la decisión del Intrant, Transcore Latam ha interpuesto varios recursos en el Tribunal Superior Administrativo para intentar anular la rescisión del contrato. Estos recursos, basados en la presunta ilegalidad de la terminación contractual, argumentan que la empresa ha cumplido con sus compromisos dentro de las limitaciones y que ha sido objeto de evaluaciones imprecisas.

Sin embargo, el Intrant mantiene que los argumentos de Transcore Latam no justifican el incumplimiento de las obligaciones contractuales, ya que la Ley le otorga la facultad de rescindir contratos unilaterales cuando existe un riesgo claro para el interés público. En este caso, el proyecto inacabado representa un costo financiero adicional para el Estado y afecta negativamente la operatividad del tránsito en la capital.

La resolución de la Contraloría recomendó al Intrant realizar una nueva licitación para la red semafórica, asegurando que el proceso sea más riguroso en la selección de empresas participantes.

Entre las recomendaciones específicas, se sugiere que el nuevo contrato solo incluya empresas o consorcios que cumplan estrictamente con los requisitos tecnológicos y de seguridad establecidos, preferiblemente mediante la asociación de empresas internacionales y nacionales que demuestren capacidad técnica probada.

Asimismo, se recomendó que el control de la base de datos y la infraestructura de semáforos quede bajo la supervisión exclusiva del Intrant, para prevenir cualquier tipo de manipulación externa que ponga en riesgo la seguridad nacional.

En su informe, la Contraloría también indicó la necesidad de iniciar procesos legales contra aquellos responsables de las irregularidades detectadas. Esto incluye a funcionarios del Intrant, tanto actuales como anteriores, así como a los representantes de Transcore Latam, quienes podrían enfrentarse a sanciones administrativas y penales conforme a la ley.

La Contraloría enfatizó la importancia de estas acciones para restaurar la confianza en el sistema de licitaciones públicas y evitar futuros casos de corrupción en proyectos de infraestructura críticos para el país.