El marchito abolengo de la corrupción
Juan LLado
El gobierno del cambio no goza del defecto de la perfección. Sería un devaneo intelectual, sin embargo, endilgarle negligencia en materia de prevención y manejo de la corrupción administrativa. Hoy disfrutamos de una PGR independiente y el presidente Abinader la ha complementado actuaciones adecuadas ante asomos del flagelo. Pero ahora que se desata el caso Calamar, el de mayor trascendencia política y económica, habrá que esperar que el gobierno persista con determinación en la retadora coyuntura de un año preelectoral.
El destacado abogado Antoliano Peralta nos advierte que “el peor efecto de esta aberración social es que se ha ido creando en las nuevas generaciones una cultura de la corrupción. Muchos dominicanos de estos tiempos ven en el acto de desfalcar al Estado, una conducta tolerable o de la que no hay que avergonzarse.” Por eso la corrupción fue el tema principal de la última campaña electoral del nivel presidencial. Aunque esta ha existido en todos los gobiernos, en el gobierno anterior se había llegado a unos extremos que la clase media hubo de movilizarse con un reclamo redentor sin precedentes. La Marcha Verde fue una efectiva expresión de su hartazgo y su repudio a la corrupción eventualmente dio al traste con el gobierno del PLD.
Desde el inicio de su gestión el presidente Abinader ha estado cumpliendo con las promesas de campaña sobre del combate a la corrupción. Comenzó poniendo su patrimonio personal en un fideicomiso y dispuso la donación de su sueldo a obras caritativas. De mayor trascendencia, cumplió con su promesa de un Ministerio Público independiente al nombrar personal idóneo al frente de la PGR. Como creíbles refuerzos nombró a figuras de acrisolada honestidad al frente de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y de la Dirección General de Contrataciones Públicas. En abril del 2021tambien creó una Unidad Antifraude en la Contraloría General de la República, que deberá aligerar el trabajo de una renovada Cámara de Cuentas.
El resultado de estas medidas y de las acciones de la PGR es que ha disminuido sensiblemente la corrupción en el país. Según Transparencia Internacional, una ONG calificada que mide la percepción de la corrupción en 180 países, República Dominicana avanzó 14 posiciones en 2022 en el Índice de Percepción de la Corrupción (ver gráficos).
ttps://datosmacro.expansion.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/republica-dominicana
El ministro de Hacienda ha señalado que “el avance en esta medición es fundamental para lograr el objetivo de grado de inversión en un plazo no mayor a 10 años. Entre las ventajas que tendría el Estado al lograr esa calificación crediticia están financiamientos en mejores condiciones y mayores inversiones privadas, entre otras, lo que se reflejaría en más empleos y desarrollo social y económico.”
Mauricio Ramírez, representante de las Naciones Unidas en el país, dio recientemente testimonio público de la mejoría citada. Al entregar al gobierno el “Informe País para la evaluación de la implementación de los capítulos: II sobre Medidas Preventivas y V de Recuperación de Activos, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)”, Ramírez dijo que el informe “forma parte del mecanismo de examen de la aplicación de la convención y tiene como propósito informar sobre los logros, las buenas prácticas y los desafíos, así como de las observaciones y las necesidades de asistencia técnica.” En el acto de entrega el presidente Abinader reafirmó su compromiso en la materia al decir que “desde el Gobierno se continuarán e intensificarán todas las políticas de transparencia.” A todas luces, el gobernante se propone replicar la honorabilidad que le lego su padre.
La mejoría en la transparencia y el combate a la corrupción no son atribuibles al gobierno solamente. Mucho de lo que se ha logrado en los ultimos anos se debe a la atmosfera de cero tolerancia que han propiciado los sometimientos del Ministerio Publico porlos escandalosos actos de corrupción que (presumiblemente) patrocinaron prominentes funcionarios del pasado gobierno (Antipulpo, Medusa, Coral, Coral 5G, Caracol, Calamar). Y aunque del caso no se sabe mucho, el “Estado se querelló ante la Pepca contra 16 personas, entre ellos exfuncionarios, y más de 25 empresas nacionales acusados de cometer estafas en las empresas distribuidoras de electricidad (EDEs) por más RD$30,000 millones.”La magnitud y la importancia de los casos no tienen precedentes en nuestra historia, no solo porque implican sumas cuantiosas esquilmadas del erario sino tambien porque los imputados están revestidos de alta significación política.
Al ser los imputados funcionarios del pasado gobierno podría argumentarse de que se trata de una vendetta política para enterrar las posibilidades electorales del PLD. Pero el hecho de que durante la contienda electoral los imputados principales eran el blanco de las acusaciones del rumor publico tiende a derrumbar ese argumento. Que se llevaran esos personajes a los tribunales era lo que el pueblo reclamaba con estridencia. El Ministerio Publico está facultado para actuar por el simple rumor publico y eso es lo que ha hecho hasta ahora. Los tribunales dirán si se excedieron o culparon a quienes no debieron. Hasta ahí vamos bien en materia de independencia de la PGR, aunque algunos alegan quesus alcances deben abarcar al expresidenteMedinaal ser muchos de los imputados sus más cercanos colaboradores. Desconcierta también que no haya dado cabida todavía al rumor sobre la corrupción implícita en Punta Catalina y/o las otras obras de Odebrecht.
Algunos políticos critican al presidente Abinader por no emprender acciones contra personajes del presente gobierno que han sido acusados de actos indebidos o prevaricación. Entre estos sobresalen los casos de Kimberly Taveras, Fulcar, Neney Cabrera, el diputado Miguel Gutierrez y Macarrulla. Sin embargo, contra estos no existen acusaciones formales que motoricen la acción de la PGR (y en el caso de Macarrulla sería su hijo el supuesto imputado). De lo que ha dado cuenta la prensa es que en los primeros 15 meses de gobierno el presidente Abinader “ha suspendidos o cancelados al menos 19 exfuncionarios por implicaciones en actos de corrupción y otros con dificultades en la presentación de sus declaraciones juradas de bienes. Otras han tenidos que renunciar.”
De cualquier modo, la actual coyuntura es propicia para ponderar la posibilidad de que, al estar en un año preelectoral, la disciplina del gobierno del cambio pueda flaquear. Es una creencia generalizada que en nuestro país los dos últimos años de un periodo de gobierno son los que más se prestan para que se desaten los demonios de la corrupción. De hecho, un prominente empresario acotó recientemente que “cada vez son más frecuentes los comentarios sobre la ocurrencia de actos dolosos en diferentes niveles de la administración pública, sin que abunden sometimientos por estos hechos”. Y un editorial de antología del digital Acento advirtió: “Para alcanzar la reelección presidencial Luis Abinader tendrá que ceder mucho, tal vez más de lo que ha cedido a sectores que le han apoyado, para que continúen apoyándolo, o seguirá siendo un presidente firme contra la corrupción del pasado y del presente”. Por su accionar hasta la fecha, se puede confiar en que el presidente seguirá firme en su propósito de abatir la cultura de la corrupción a que se refirió Antoliano Peralta.
Sin duda, el marchito abolengo de la corrupción puede florecer en cualquier momento. El grado de alerta y disposición de actuar de la PGR puede ser muy buena, pero sus capacidades están actualmente avasalladas por los casos que maneja. Es el mismo presidente Abinader que deberá extremar su vigilancia y actuar como advirtió en mayo del 2021: “quien cometa acto de corrupción en su gobierno, o es un patológico corrupto o un suicida, debido a que sabe que será sustituido de su cargo y sometido a la justicia si lo requiere la circunstancia.” Su rápida y convincente actuación contra cualquier brote podría decidir su reelección por parte de una sociedad que pide a gritos mantener la “tolerancia cero” y el fortalecimiento de la institucionalidad. Esa ha sido la petición más reciente de Participación Ciudadana y es la que subyace en la aparente quietud de la clase media.
