Empresarios y sector minero expresan preocupación por decisión de Abinader sobre proyecto Romero en San Juan
Santo Domingo, 6 mayo. – El crecimiento de un 7.7 % registrado por el sector minero dominicano durante el primer trimestre de 2026 ha fortalecido el debate nacional en torno al futuro de la minería en el país, especialmente luego de la decisión del presidente Luis Abinader de detener de manera inmediata cualquier actividad vinculada al proyecto minero Romero, en la provincia San Juan de la Maguana.
La medida presidencial, adoptada tras el rechazo expresado por distintos sectores comunitarios y sociales de San Juan, ha generado preocupación entre empresarios y representantes de la industria minera, quienes advierten sobre las implicaciones institucionales y económicas de la decisión.
Ante el escenario, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) manifestó su “profunda preocupación” por la disposición del Poder Ejecutivo, señalando que resulta alarmante la paralización de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) previamente autorizado.
La entidad sostuvo que detener el proceso de evaluación ambiental no necesariamente protege el medioambiente, sino que limita la posibilidad de realizar análisis técnicos rigurosos que permitan determinar la viabilidad o no del proyecto bajo estándares de sostenibilidad.
CAMIPE insistió en que el país necesita reglas claras, seguridad jurídica y una legislación moderna que permita armonizar desarrollo económico, protección ambiental y estabilidad institucional.
La organización coincidió con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) en que la situación evidencia la necesidad de aprobar una nueva Ley de Minería, acorde con las metas de desarrollo establecidas en el Plan META 2036.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargam, expresó reservas sobre la decisión presidencial y consideró que esta abre interrogantes sobre el manejo de los procesos institucionales y regulatorios.
“El potencial de una minería responsable en República Dominicana es inmenso y posible con equilibrio social, ambiental y económico. La detención plantea interrogantes sobre la necesidad de procesos claros basados en evidencia”, sostuvo Dargam.
El debate se produce en momentos en que el Gobierno argumenta que la falta de licencia social hace inviable el desarrollo del proyecto Romero en San Juan, mientras sectores empresariales sostienen que decisiones de alto impacto económico deben sustentarse en criterios técnicos, evidencia científica, cumplimiento del debido proceso y fiscalización adecuada.
Las posiciones encontradas han reactivado la discusión sobre la aplicación de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sobre el modelo de minería que debe impulsar República Dominicana en los próximos años.
Disposición al diálogo
A pesar de las diferencias sobre la medida, tanto CAMIPE como representantes del sector privado reconocieron la disposición al diálogo mostrada por el presidente Luis Abinader.
La Cámara Minera reiteró su disposición de aportar experiencia técnica y participar en espacios de concertación junto a comunidades, autoridades, académicos y especialistas, con el objetivo de construir consensos alrededor de la actividad minera.
“República Dominicana no debe escoger entre desarrollo y protección ambiental. Debe seguir construyendo una minería responsable y técnicamente evaluada. Para eso necesitamos una nueva Ley de Minería”, concluyó CAMIPE.