¿Enemigos de la institucionalidad?
Por JUAN LLADO
Nada corroe tanto la institucionalidad como la irresponsabilidad cívica. Definida como apego a la Constitución y las leyes, hoy es la institucionalidad lo que está en juego al negarse los tres principales partidos de oposición a discutir la reforma constitucional propuesta por el gobierno para consagrar la independencia del Ministerio Público. Porque la justicia es la quintaesencia de una verdadera democracia su oposición parece más bien un acto de delincuencia política.
Mientras la nación se afana por librarse de las tenebrosas garras de la corrupción, esa oposición luce no solo negadora de la institucionalidad sino también contraria al progreso. Tal conclusión se infiere al enmarcar esa posición del PLD, el PRD y la FP en la más reciente contienda electoral. Entonces el principal tema de debate fue la rampante corrupción que acogotaba nuestras instituciones. Frente a un panorama nacional signado por el embargo partidario de los poderes públicos, el PRM ofrecía nombrar un procurador general independiente como la principal medida salvadora. Fue esa sola promesa la que ganó las simpatías de una clase media hastiada de fechorías y fueron las fuerzas de redención las que prevalecieron. El PLD perdió las elecciones a pesar de la compra de conciencias que le permitía los masivos recursos que le agenciaron sus trapisondas políticas.
La modificación de la Constitución para consagrar la independencia del Ministerio Público fue la promesa redentora. Pero el reciente proyecto de modificación sometido al Congreso por el PRM incluye, además de esa promesa, otros convenientes ajustes: “replantea la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, la unificación de las elecciones, la eliminación del arrastre electoral y la forma y tiempo en que se elegirá los integrantes de las Altas Cortes”.
Una disposición transitoria establecería que hasta tanto una ley disponga la manera de elegir al Fiscal General de la República –el nuevo nombre del Procurador General– el presidente de la República lo nombrará por decreto, además de nombrar la mitad de sus adjuntos.
Cualquier sensato observador admitirá que esas propuestas son muy pertinentes porque responden a necesidades conocidas. Además, ninguna se propone cambiar los periodos de gobierno ni facilitar la reelección, una intención que ha motivado las 39 modificaciones que a través de la historia han sufrido nuestras constituciones. Pero la oposición se retiró de la mesa del diálogo del CES “justificando de manera separada que es un «momento inoportuno» y que se deberían enfocar en desarrollar las leyes que faltan por promulgar y realizar de la Constitución del 2010”. Mientras la FP alegó que ya el Ministerio Público era independiente, el PLD que lo propuesto retrotrae a una situación de mayor vulnerabilidad que la prevista en la Constitución actual porque se relega la disposición de que la mitad de los adjuntos sean de carrera. Por su parte. el PRD alegó que la reforma es innecesaria porque las propuestas pueden ser abordadas con simples acciones legislativas.
La respuesta oficial ante la negativa de la oposición ha sido enaltecedora. El ministro Administrativo José Paliza señaló que ese proceder es propio de un viejo modelo de ejercer la política, obstaculizando las iniciativas que pueden hacer avanzar a la nación. El presidente Abinader, por su parte, dijo estar dispuesto a “reunirse con los partidos de oposición para asegurar el compromiso de que el Gobierno solo quiere modificar la Constitución en aspectos que fortalezcan la institucionalidad, incluyendo quitar al presidente la elección del procurador general de la República”. Concediendo el beneficio de la duda, atribuyó la renuencia de la oposición al temor de creer que se buscaría una repostulación presidencial con la reforma.
A todas luces, la declaración del mandatario proyecta una disposición civilizadora que trasluce su serio afán por consolidar la institucionalidad. Su actitud inclusive es la de consensuar la reforma con los partidos. Pero para cualquier observador –con una mínima capacidad de inferencia intelectual– el “temor” que subyace en la oposición de esos tres partidos sería más bien sentirse eventuales blancos del Ministerio Público, porque algunos de sus más prominentes dirigentes podrían caer presos. Se entiende que no quieran afilar cuchillo para sus gargantas. Arrastran colas muy largas respecto al “corrupticidio” que propiciaron en época reciente.
Los hechos ofrecen la mejor justificación de tal deducción. En los últimos 16 años que gobernó el PLD –junto a su aliado el PRD– la nación fue arropada por una corrupción sin precedentes en la esfera pública. La gráfica adjunta muestra claramente el soporte de tal afirmación con datos de una entidad internacional, mostrando que la percepción de la corrupción en el sector público por parte de la población mejoró el pasado año (evidenciando el benéfico efecto del cambio de gobierno).
Ante esa fea realidad, Participación Ciudadana formuló una propuesta para enfrentar el flagelo y FINJUS se opuso a las mínimas penas que se contemplaban en el anteproyecto del nuevo Código Penal. Con la Marcha Verde la sociedad civil cerró filas contra la corrupción y la impunidad.
Resulta fácil pues coincidir en la materia con el respetado columnista del periódico HOY Claudio Acosta. Para él los tres partidos en cuestión son “corresponsables de la rampante corrupción que se convirtió en el sello distintivo, en la marca de fábrica de los gobiernos peledeístas y sus aliados, razón por la cual varios exfuncionarios enfrentan cargos en la justicia mientras otros esperan, con más miedo que vergüenza, a que cualquier madrugada de estas la PEPCA toque sus puertas”. Refiriéndose al “alevoso abandono” del diálogo les increpa: “Pero que no digan que lo hacen por respeto a laCarta Magna, o preocupados por la suerte de la clase media y los sectores más vulnerables de la población, porque esa es una vulgar mentira y un insulto a nuestra inteligencia”.
A menos que los tres partidos concernidos obtemperen al llamado del mandatario Abinader, su retirada del diálogo asesta un golpe mortal al proyecto de modificación constitucional. Esto así porque se necesita una mayoría de las dos terceras partes de la membresía de la Asamblea Nacional para poder consagrar cualquier reforma a la Carta Magna. Pero lo que más simpatías electorales le podría agenciar a esos tres partidos sería acogerse al llamado presidencial y acordar la aprobación de por lo menos la independencia del Ministerio Público. De lo contrario, darían pie a que la población crea que su negativa al diálogo es producto de su “temor” a que algunos de sus más prominentes dirigentes sean llamados a capítulo. Y con ese baldón de irresponsabilidad cívica pueden despedirse del poder en la próxima contienda electoral.
En su reciente discurso ante la Asamblea Nacional el ecuánime presidente del Senado abogó por que este año sea el “Año de la Concertación Nacional” para viabilizar las reformas que requiere la nación. Por suerte, los tres partidos aguafiestas han reafirmado su compromiso de participación con las demás mesas de diálogo que auspicia el CES, esquivando así ser parte de la ciénega política. Esa es una tácita admisión de que estamos en una coyuntura política adecuada para consensuar reformas que avancen la institucionalidad y el progreso de la nación.
Con un presidente que se perfila como unbaluarte inequívoco de la institucionalidad los tres partidos guarnecerían mejor su capital electoral optando por aliarse a él en la noble causa de consagrar la independencia del Ministerio Publico. Así le restarían protagonismo electoral y limpiarían de sospechas su imagen.
