Entre burbuja y manipulación
Manolo Pichardo
Administrarse con cautela frente a un gobierno que heredó la peor de las calamidades sanitarias que haya vivido la humanidad y que trajo como consecuencia una de las más profundas crisis económicas sufridas por el capitalismo, era lo correcto para un partido de oposición responsable, que sin dejar de jugar su rol de atalaya popular, prestara los servicios de sus técnicos para hacer frente a una emergencia nacional, que no solo desbordaba al sistema de salud en lo relativo a su presupuesto y la carga horaria de todo su personal, que no solo dañaba el aparato productivo nacional e impactaba en el mercado laboral, disminuyendo la calidad de vida de los ciudadanos, sino que se convirtió en un drama cuasi apocalíptico que sembró mucho dolor y muerte.
La Fuerza del Pueblo (FP) interpretó a cabalidad el escenario y actuó con la responsabilidad que ha caracterizado a Leonel Fernández y a todo su liderazgo. Esta actitud fue incomprendida, y desde partidos que en Gobierno decidieron tirar la brújula que les marcaba el norte que define la naturaleza de toda formación política, en su afán por impedir el crecimiento de la nueva articulación, lanzaron la campaña de que la colaboración ofertada respondía a una alianza que se cuajó durante el pasado proceso electoral, una alianza coyuntural que solo se expresó en el nivel senatorial y que buscaba lo que finalmente resultó: una victoria que posicionó al partido de la cayena blanca como segunda fuerza senatorial.
A medida que el gobierno avanzaba, la comunidad política y la sociedad esperaban, con la ansiedad que las circunstancias imponían, la definición de una ruta clara que se encaminara hacia la solución o mitigación de los acuciantes problemas derivados de la crisis. El Ministerio de Salud fue relevado de sus funciones constitucionales y la empresaria vicepresidenta comenzó a “gestionar” la cuestión sanitaria desde la visión empresarial; así, vacunas, pruebas y toda suerte de insumos para la prevención o tratamiento de covid-19, se convirtió, a los ojos de los ciudadanos, en una cuestión de mercado más que de salud; los préstamos comenzaron a percibirse como un festín. A partir de entonces empezó a definirse el talante de la nueva administración que, mientras construía su perfil mediante acciones sanitarias, económicas y de gestión, articulaba un relato sobre una justicia independiente que de inicio miró hacia ciertos opositores -embarrados en corrupción- y luego hacia algunos funcionarios suyos de origen bajo pequeño burgués señalados por escándalos, mientras los de origen diferente, con más señalamientos son vistos como vacas sagradas.
La señal estaba dada: comenzábamos a asistir, entre burbujas y manipulaciones, a un gobierno de ricos; al de los oscuros fideicomisos estructurados bajo la ecuación de la avaricia y el despojo del patrimonio público; al que se alimentó de la base social heredada del PRD para luego despojarla de su triunfo y enrostrarle la cara fea de la oligarquía sin sentido de patria. La improvisación comenzó a ser su marca distintiva, pues ya no era cosa de novatos, sino de aquella impronta de fracasos administrativos iniciados por Antonio Guzmán en 1978/1982 -que brindó al país libertades públicas- cuyo gobierno fue un fracaso económico, seguido por Jorge Blanco en 1982/1986, que hundió al país en una de las peores crisis económicas, y luego por la administración 2000/2004, todas marcadas por inflación, devaluación de la moneda, quiebras de bancos y financieras, estampida de capitales, generación de pobreza con pobladas incluidas, como las de 1984 en las que el ejército asesinó en las calles a más de 150 personas que protestaban por el alto costo de la vida.
