Firmeza de la diplomacia mexicana ante la intervención militar de EEUU de 1965
Mucho falta aún por hurgar en los archivos diplomáticos de las cancillerías latinoamericanas y del mundo, en torno a las reacciones diversas generadas por la afrenta de la segunda intervención militar norteamericana en nuestro territorio aquel fatídico 28 de abril de 1965, hecho del que se ha cumplido anteayer el 57 aniversario.
Una de las páginas memorables aún pendiente de escribirse en todos sus detalles respecto a la solidaridad internacional para con nuestra patria mancillada, fue el jugado por la diplomacia mexicana, quien fiel a los postulados invariables de su Política Exterior, anclada en la vertebral columna de la “Doctrina Estrada”, defendió con dignidad insobornable y rectilínea el “ principio de no intervención”, violado flagrantemente tras la decisión unilateral del Presidente Johnson de ordenar el desembarco de 42 mil marines en suelo dominicano.
Al secundar la postura del presidente venezolano Raúl Leoni, de solicitar a través de su representación diplomática en la OEA, la Décima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, en la que se abordaría el caso dominicano, el Presidente Díaz Ordaz le expresaba lo siguiente en urgente telegrama fechado el 3 de mayo de 1965:
“…El pueblo y el gobierno dominicano de México están unidos en la convicción de que corresponde exclusivamente a los dominicanos resolver sus problemas internos sin influencia directa o indirecta del exterior. Con serenidad, pero con firmeza, ajustaremos a esa convicción nuestra conducta y muy particularmente la de nuestro delegado a la Reunión de Consulta que empieza mañana”.
Foto de Anibal Corporàn, asesinado por un disparo de bazooka de los interventores en su residencia de la calle Josè Martì No. 71
La representación del Canciller Mexicano Antonio Carrillo Flores ante la Décima reunión de consulta, la asumiría con competencia y dignidad uno de los más altos exponentes de la diplomacia mexicana, su entonces Embajador ante la Organización de Estados Americanos Rafael de la Colina Riquelme, quien en nombre de su gobierno, en aquel controvertido foro de la diplomacia interamericana, no sólo sometió al pleno un proyecto de resolución que en su acápite 2 encarecía al gobierno de los Estados Unidos de América a “retirar las fuerzas armadas que ha enviado a la Republica Dominicana”, sino que, además, en la ocasión, pronunció aquel 4 de mayo de 1965 una pieza memorable, poniendo de manifiesto la postura de su gobierno en defensa del pueblo dominicano.
Dado que la misma es poco conocida para las generaciones actuales, se transcribe íntegra, a continuación:
“Señor Presidente:
Ante la gravedad de los sucesos que están ocurriendo en territorio dominicano, quisiera dejar bien sentada mediante una exposición de índole general, breve pero completa, la forma como mi gobierno encara dicha situación, que constituye sin duda una de las crisis más agudas por las que ha pasado el principio que, por excelencia, rige la vida de la relación internacional: el de la no intervención.
Dentro de la serie de principios y valores que informan la política exterior mexicana, ninguno ocupa lugar más destacado o es objeto de más escrupuloso respeto por mi gobierno, que aquel que, por emanar directamente del principio de la igualdad soberana de los Estados, constituye sin duda la base misma del moderno derecho de gentes. Uno de los varones más ilustres de mi patria, el presidente Juárez, enunciaba como ustedes saben en sencillo apotegma el contenido básico de dicho principio al señalar que “el respeto al derecho ajeno es la paz.
Debo ahora examinar a fondo el problema a que nos enfrentamos, pues mi silencio, en las actuales circunstancias, no podría ser comprendido por mis compatriotas; y me atrevo a decir que tampoco por el resto de la opinión publica latinoamericana.
Foto de Braulio Alberto Julian, en estado de gravedad en el hospital Padre Billini por un disparo de bazooka de las tropas interventorias.
El principio de la no intervención ha recibido en América su definición más perfecta desde el punto de vista de la técnica jurídica. No podía ser de otro modo si se tienen debidamente en cuenta las múltiples intervenciones de que fueron objeto los Estados latinoamericanos desde que se inició su vida independiente. La titularidad de soberanía nos vino en pleno siglo XIX, época en la cual la comunidad de las “naciones civilizadas” se había arrogado para sí el derecho de intervenir, lícitamente según lo afirmaban los tratadistas de aquel entonces, cada vez que se diera algunas de las circunstancias enunciadas en un largo catálogo de posibilidades.
Fuimos así objeto de toda una secuencia de actos atentatorios a nuestra igualdad soberana con los demás Estados; intervenciones para proteger a los nacionales extranjeros; intervenciones para impedir que intervinieran otras potencias; y así, en lista que sería prolijo agotar, resultaron nuestras naciones objeto de una larga y dolorosa serie de violaciones a sus derechos fundamentales.
Tal situación se prolongó, todos lo sabemos, hasta bien entrado nuestro siglo, llegando a hacer crisis en aquella memorable polémica que surgió en el curso de la Sexta Conferencia Internacional Americana.
Tocó al genio político del gran presidente Franklin D. Roosevelt, dar el paso decisivo para que situación tan notoriamente injusta pudiera ser corregida en la Conferencia de Montevideo de 1933; si bien, como es sabido, la plena vigencia de la no intervención resulto todavía condicionada por la reserva de índole general que los Estados Unidos de América formularon a la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados.
Tal situación ya no se repite para el Protocolo Adicional relativo a la No Intervención, aprobado unánimemente en 1936 por la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz. Desde ese momento, desde que se declara inadmisible la intervención de cualquier Estado americano, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo en los asuntos interiores o exteriores de otro cualquiera, puede real y efectivamente hablarse de un auténtico panamericanismo, ya que es precisamente a partir de entonces cuando se produce la solidaridad entre iguales.
Reiterado por la Resolución CX de la Conferencia de Lima y por la Declaración de México adoptada en Chapultepec, el principio alcanza su elaboración más acabada y la plenitud de norma constitucional, durante la Novena Conferencia Internacional Americana, especialmente en los artículos 15, 16 y 17 de la Carta de la Organización a los que me referiré más adelante.
Lo anterior explica el por qué mi Cancillería en declaración emitida el 29 de abril próximo pasado, se vio en el caso de lamentar que el Gobierno de los Estados Unidos se hubiera considerado en la necesidad de ordenar una medida- la del envío de efectivos militares- que evoca tan dolorosos recuerdos para varios países del hemisferio.
El absoluto repudio de mi patria a prácticas intervencionistas que se creían ya superadas, y su deseo siempre presente de coadyuvar a la plena vigencia de los principios fundamentales incorporados en la Carta de la OEA en beneficio de los más altos intereses de la comunidad americana de naciones, llevó a mi país a presentar un proyecto de resolución en el que se proponían varias medidas que luego merecieron la aprobación de la Décima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.
Tanques de los Estados Unidos mientras ocupan posiciones en la ciudad.
El proyecto comprendía además dos párrafos que encuadran en lo fundamental la posición de México frente a los graves acontecimientos acaecidos en la hermana República Dominicana, y que mi Delegación, para no retardar la apremiante creación de una Comisión, acepto reintroducir por separado en el proyecto que se encuentra sometido a la consideración de la Reunión.
Los dos enunciados que contiene dicho proyecto de refieren, respectivamente, a la necesidad de reafirmar los derechos y deberes fundamentales de los Estados consagrados en la Carta de la OEA, especialmente los definidos en sus artículos 15, 16 y 17 y a la invitación que se hace al Gobierno de los Estados Unidos de Americana, para que retire las fuerzas armadas que ha enviado a la Republica Dominicana.
Son de tal modo trascendentes los sucesos cuyo examen nos ocupa que, a riesgo de incurrir en una repetición, citaré lo que es de sobra conocido por todas y cada una de las Delegaciones aquí presentes. Leeré los preceptos que, a juicio de mi Gobierno, son particularmente aplicables a la situación a que nos enfrentamos:
Artículo 15
Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de ingerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos y culturales que lo constituyen.
Artículo 17
El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fue el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción.
Los anteriores lineamientos, así como la imperiosa necesidad de no cohonestar o legalizar en formal alguna un procedimiento que tan claramente se aparta de los mandatos constitucionales que rigen a nuestra organización regional, son los que han motivado, y me atrevo a afirmar que justificado asimismo, las posiciones que mi Delegación se ha visto en el caso de asumir frente a las diversas propuestas concretas que han sido sometidas a la consideración de esta Décima Reunión de Consulta.
La posición que asumimos no quiere decir que México se desinterese de la suerte del noble pueblo dominicano. Ya en mi declaración del 28 de abril, por instrucciones de mi gobierno, expuse ante el Consejo de la Organización que deploramos la sangre que se está derramando y los sufrimientos por los que está pasando aquel pueblo hermano. Asimismo, mi Delegación contribuyo activamente a la creación de la Comisión que se encuentra actualmente en Santo Domingo, confiando en que ella podrá, sin inmiscuirse en cuestiones de carácter interno, ofrecer útilmente sus buenos oficios a los contendientes y facilitar el cese del fuego que es condición previa al restablecimiento de la normalidad. México estima que la presencia de tropas extranjeras en la Republica Dominicana, lejos de contribuir a una solución democrática, aviva las pasiones y fortalece a quienes pretenden usar en provecho propio el afán de libertad del pueblo.
Deseo, para terminar, hacer dos consideraciones:
1.- En la declaración de mi Cancillería de 29 de abril ya citada, se dice que el pueblo y el Gobierno de México están unidos en la convicción de que a los dominicanos, y solo a ellos, corresponde decidir acerca de su forma de gobierno sin interferencia alguna directa o indirecta que provenga del exterior. No nos limitamos, pues, a desaprobar los actos a que particularmente se refiere el proyecto de resolución que hemos presentado, sino cualesquiera otros que hayan tenido lugar o que puedan tener lugar si provienen del exterior.
2.- Mi gobierno abriga la convicción de que los principios que se hallan involucrados en la presente situación están de tal modo grabados en la conciencia del Continente, y son de una bondad tan obvia, que cualesquiera que sean las diferencias que circunstancialmente puedan de momento separarnos, habrán de recobrar la plena vigencia a que los ha hecho acreedores el solemne compromiso que asumieron todos y cada uno de los Estados miembros de nuestra organización regional.
Los países que formamos esa Organización estamos empeñados en las tareas más nobles, de mayor proyección histórica que se hayan intentado nunca en nuestro hemisferio, como son entre otras las señaladas en la Carta de Punta del Este.
México expresa su confianza en que la presente crisis será superada, el derecho reafirmado, la autodeterminación de la Republica Dominicana respetada, para que así todos podamos continuar con espíritu fraternal aquellas nobles y levantadas tareas.
Desearía recordar aquí antes de terminar las palabras que, al tomar posesión de su alta investidura, pronuncio el Presidente de México, Don Gustavo Díaz Ordaz, en el mensaje que dirigió al Congreso y por su conducto a todo el pueblo de mi país, palabras que resultan en extremo pertinentes para comprender la posición de mi Delegación:
“La política internacional de México- dijo el Primer Mandatario- está determinada por principios esenciales y no por el capricho o la arbitrariedad de los hombres que somos transitorios. Es fruto de nuestra aciaga historia y resultado irrenunciable de nuestra experiencia. Se nutre de viejos ideales y se ejecuta conforme a principios de validez universal…La no intervención y el derecho de autodeterminación son principios que sostenemos invariablemente desde hace más de un siglo”.
Muchas otros episodios podrían evocarse en abono de la digna postura mexicana ante la intervención americana en 1965, como es el caso de su negativa a cohonestar con quienes apoyaron la conformación de la Fuerza Interamericana de Paz, valiente posición que el canciller Antonio Carrillo Flores reiteraría en la II Conferencia Extraordinaria Interamericana de Rio de Janeiro mediante la cual se procuraba aprobar dicha fuerza con carácter permanenente. Manifestó en la ocasión:
“La Secretaria de Relaciones Exteriores, por acuerdo del Señor Presidente Díaz Ordaz, ha comunicado ya oficialmente al Embajador Sevilla Sacasa, presidente de la Décima Reunión de Consulta, que México no participará en la formación de la Fuerza Interamericana, tanto por el hecho de que nuestro voto fue negativo para la creación de dicha fuerza, como por la idiosincrasia de nuestro pueblo, que entiende que las fuerzas armadas de la Republica fueron creadas exclusivamente para la defensa de nuestra soberanía y de nuestras instituciones”
