Gobierno de Nicaragua proscribe grupos feministas que atienden a personas vulnerables

Por Dánae Vílchez

GUATEMALA (IPS) – Decenas de grupos feministas de Nicaragua que prestan una asistencia crucial a mujeres vulnerables fueron clasificados por el gobierno como “agentes extranjeros” y posteriormente ilegalizados, por lo que ya no pueden operar.

Como resultado de esta prohibición gubernamental, dicen activistas, desaparecen servicios de salud reproductiva, refugios para supervivientes de violencia de género y préstamos y formación para mujeres campesinas –por citar solo algunas actividades que lideran las feministas.

«Es un delirio de control absoluto», dijo María Teresa Blandón, socióloga y destacada feminista que coordina uno de los grupos afectados, La Corriente, que lidera acciones para promover los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTIQ.

Las autoridades «saben que hay un pensamiento crítico, una defensa de los derechos humanos y una vocación democrática en las organizaciones feministas», dijo a openDemocracy.

El mes pasado, la Asamblea Nacional de Nicaragua –controlada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional– anuló la personalidad jurídica de 50 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas La Corriente y otros seis grupos feministas.

Daniel Ortega ha ilegalizado 267 ONG desde 2018, incluyendo 40 organizaciones de mujeres que atienden a grupos vulnerables, según la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos. Muchas de ellas se vieron afectadas por una ley de 2020 que obliga a cualquier grupo que reciba fondos de donantes internacionales a registrarse como «agente extranjero».

La Corriente se negó a registrarse, alegando que iba en contra de su derecho de asociación y de la Constitución nicaragüense.

«Es una política de arrasar con cualquier form

a de organización que no esté bajo el control del Estado. A pesar de que no tenemos una perspectiva partidista, nos han declarado un enemigo político mortal», dijo Blandón.

Desde su fundación en 1994, La Corriente impartió educación inclusiva para mujeres y jóvenes LGBTIQ, y gestionó proyectos de desarrollo. Es una de las principales voces que denuncian la violencia contra las mujeres y las personas LGBTIQ.

Blandón dijo: «Los grupos de mujeres, al igual que otras organizaciones de la sociedad civil, realizan un trabajo que el Estado no hace, no porque no sea su responsabilidad, sino porque no ha formado parte de sus prioridades».

Pero con la revocación de su estatus legal, La Corriente y otros grupos dejaron de ser elegibles para financiación internacional, por lo que tuvieron que cerrar sus operaciones.

Las perspectivas para las mujeres y la comunidad LGBTIQ son sombrías sin estos grupos trabajando a su favor. En Nicaragua no hay protección legal para las personas LGBTIQ, y el sexismo y la homofobia están muy extendidos. En los primeros cuatro meses de este año, se reportaron 22 feminicidios (hubo 71 en todo 2021).

En 2018, había 13 casas de acogida para mujeres y niños supervivientes de la violencia de género. Hoy, solo quedan tres abiertas –y operan en la clandestinidad, para evitar la persecución gubernamental–, dijo a openDemocracy una fuente de la Articulación Feminista de Nicaragua.

Mujeres sin acceso a salud

Uno de los primeros grupos feministas en bajar cortina fue uno de los más antiguos, el Colectivo de Mujeres Matagalpa (CMM), creado en 1984 por activistas de izquierda. Consiguió el estatus legal de ONG en 1990, para trabajar con mujeres de las comunidades empobrecidas del departamento de Matagalpa, una zona rural asolada por la guerra civil de 1980 financiada por Estados Unidos.

Nicaragua es uno de los países de América Latina que menos gasta en sanidad pública, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Solo Guyana, Honduras, Venezuela y Haití gastan menos. Durante décadas, el CMM brindó servicios de salud reproductiva y mental, apoyo legal y protección contra la violencia a más de 10.000 mujeres por año.

«Siempre hemos sido una voz crítica contra el Estado, exigiendo políticas públicas para que las mujeres tengan derechos en ámbitos en los que el Estado no hace nada», dijo a openDemocracy una integrante del grupo (que pidió no ser nombrada por temor a represalias).

El estatus legal del CMM fue revocado el pasado agosto, pero el acoso del Estado comenzó en abril de 2018, cuando estalló el malestar civil, y este grupo se involucró en las protestas antigubernamentales que fueron aplastadas por las autoridades.

Al menos 325 personas murieron, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el régimen de Ortega fue acusado de cometer crímenes de lesa humanidad.

Tres integrantes extranjeras del CMM fueron deportadas, y varias nicaragüenses se vieron obligadas a exiliarse. Las activistas del grupo que aún permanecen en Nicaragua se enfrentan a acoso y persecución.

«Nos han llamado de todo, desde terroristas hasta lesbianas, pasando por financiadas por ‘invasores yanquis’ o blanqueadoras de dinero», dijo la activista del CMM. Desde que Ortega asumió el poder en 2006, «los matagalpinos vivieron una represión brutal, los campesinos fueron asesinados y las feministas tuvimos que alzar la voz», sostuvo.

Esta activista teme que el cierre de la oficina del CMM y la paralización de todos sus proyectos perjudiquen la salud de las mujeres y habiliten la proliferación de la violencia de género: «El gobierno cree que está perjudicando a quienes trabajamos en estas organizaciones, pero está perjudicando a las mujeres a las que nuestros proyectos han beneficiado durante años».

Mujeres rurales en el abandono

La Coordinadora de Mujeres Rurales (CMR) fue uno de los pocos espacios formalmente organizados para las mujeres rurales en Nicaragua. Proporcionaba préstamos y formación en agroecología a las campesinas, al tiempo que luchaba por una tenencia más equitativa de las tierras de cultivo.

Con recursos aportados por organizaciones internacionales de ayuda, como Oxfam, a la que se le prohibió trabajar en Nicaragua en 2021, la CMR otorgó préstamos a las mujeres para la compra de parcelas o semillas.

También hizo campaña a favor de una ley para crear un fondo que proporcionara tierras a las campesinas (solo el 20% de los propietarios son mujeres, según el último censo agrícola). La ley se aprobó en 2007, pero nunca fue aplicada por el gobierno.

El estatus legal de CMR fue revocado en mayo, lo que significa que ya no puede apoyar a más de 600 mujeres en el noreste de Nicaragua.

«Con nuestros proyectos, las mujeres pueden acceder al crédito a través de las cooperativas. Desgraciadamente, los bancos no prestan a las mujeres agricultoras. Lamentablemente, ya no podremos ayudarlas de esa manera», dijo María Teresa Fernández, presidenta de CMR, a openDemocracy.

Las feministas como ‘enemigas’ del Estado

Los grupos defensores de derechos de las mujeres nicaragüenses están enfrentados a Daniel Ortega desde 1998, cuando su hijastra Zoilamérica lo acusó de abusos sexuales, y las feministas apoyaron a la víctima y exigieron justicia. Ortega y su esposa Rosario Murillo iniciaron una campaña contra ellas, tachándolas de asesinas financiadas por el «imperio yanqui».

Ortega, un excomandante de la guerrilla izquierdista durante la Revolución Sandinista de 1979, fue presidente en la década de 1980 y luego reelegido en 2006.

Mientras se transfiguraba en un gobernante cada vez más autoritario, se las arregló para mantener una retórica de izquierdas al tiempo que forjaba una estrecha alianza con los conservadores, apoyando, por ejemplo, la prohibición total del aborto en Nicaragua en 2006.

Blandón, de La Corriente, que fue simpatizante de la Revolución Sandinista, destaca la extendida cultura machista de Ortega y otros dirigentes sandinistas, deseosos de conservar sus privilegios.

«El matrimonio entre el feminismo y la izquierda fue malo porque nosotras [las mujeres] éramos muy fieles, y los dirigentes de la revolución no querían escuchar nuestras propuestas», afirma. «La ruptura era inevitable, y sólo fue el comienzo de un conflicto que se ha ido agravando».

No solo los grupos feministas se ven afectados. El activismo social y de derechos está disminuyendo en general en Nicaragua, ya que muchos otros grupos también cierran sus actividades por miedo, según un reciente informe local.

Sin proyectos que ejecutar ni opciones para recaudar fondos, las feministas buscan otras formas de mantener su trabajo y resistencia. El CMM seguirá apoyando los esfuerzos de la comunidad para organizarse y denunciando «las violaciones de los derechos humanos y el régimen autoritario», dijo su integrante a openDemocracy.

«Las mujeres nos dicen que ‘no nos pueden quitar el conocimiento’», sostuvo Fernández de la CMR.

En cuanto a Blandón, asegura que La Corriente sobrevivirá, porque «el feminismo no depende de fondos ni de un espacio físico. Nuestro trabajo continuará porque no pueden quitarnos el derecho a pensar y a construir una conciencia crítica», dijo.

Este artículo se publicó originalmente en openDemocracy.

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