Gobierno defiende acuerdo migratorio y de cooperación militar con Estados Unidos mientras crece el debate sobre soberanía y seguridad
Por Manuel Jiménez
Santo Domingo, 13 mayo.– El Gobierno dominicano defendió el alcance del acuerdo de cooperación suscrito con los Estados Unidos relacionado con seguridad regional, lucha contra el narcotráfico y recepción de deportados de terceros países, mientras distintos sectores continúan evaluando las implicaciones diplomáticas, migratorias y estratégicas de ese entendimiento bilateral.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que el pacto forma parte de una agenda de cooperación desarrollada entre ambos países en materia de seguridad y fortalecimiento institucional, y sostuvo que la soberanía de la República Dominicana no está comprometida en ninguna de las disposiciones acordadas.
Las declaraciones del funcionario fueron ofrecidas durante su participación en el Primer Congreso Internacional de Geopolítica República Dominicana 2026, escenario en el que abordó las inquietudes surgidas tras conocerse que el país aceptaría recibir deportados procedentes de terceros territorios bajo determinadas condiciones coordinadas con Washington.
Paliza explicó que cualquier traslado de personas deportadas estará sujeto a la aprobación previa del Estado dominicano y que el Gobierno conserva plena facultad para aceptar o rechazar solicitudes presentadas por las autoridades estadounidenses.
“El acuerdo establece claramente que corresponde a la República Dominicana decidir sobre cada caso planteado y que ninguna medida será ejecutada sin la aceptación expresa del Gobierno”, indicó el ministro al responder preguntas de periodistas.
Según detalló, el entendimiento bilateral tendrá una duración inicial de hasta un año y será aplicado bajo criterios que definió como “sensibles y prudentes” debido a las implicaciones diplomáticas y migratorias del tema.
El funcionario también precisó que dentro de las condiciones establecidas se excluye el envío de ciudadanos haitianos a territorio dominicano, debido a las características particulares de la relación entre ambos países y a la compleja situación fronteriza y migratoria existente en la isla.
“Se ha cuidado el tema de que no puedan ser haitianos los enviados, por el carácter estratégico de las relaciones entre Haití y República Dominicana”, expresó.
Las declaraciones del ministro se producen en medio de un amplio debate nacional sobre los alcances reales de la cooperación militar y de seguridad desarrollada entre Santo Domingo y Washington en los últimos meses, especialmente tras conocerse el uso temporal de instalaciones militares y aeroportuarias dominicanas por parte de aeronaves estadounidenses vinculadas a operaciones antinarcóticas en el Caribe.
Uno de los aspectos que más atención ha generado es la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de declarar confidenciales los documentos relacionados con las conversaciones y negociaciones bilaterales sostenidas con Estados Unidos en materia de cooperación antinarcótica.
La disposición quedó contenida en la resolución 008-2025, firmada el 26 de noviembre de 2025 por el canciller Roberto Álvarez, apenas un día antes de que el presidente Luis Abinader anunciara oficialmente, junto al entonces secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, la ampliación de los mecanismos de cooperación militar entre ambas naciones.
De acuerdo con el documento oficial, fueron clasificados como confidenciales todos los informes, comunicaciones, registros y piezas documentales generadas durante las conversaciones relacionadas con la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.
La Cancillería justificó la reserva de información argumentando razones de seguridad nacional y citando acuerdos previos firmados entre ambos países desde 1995 y ratificados posteriormente en 2003.
La resolución también establece que incluso funcionarios internos del Ministerio de Relaciones Exteriores requerirán autorización expresa del canciller para acceder a la documentación vinculada con esos acuerdos.
La medida provocó cuestionamientos de sectores políticos y analistas que consideran necesario ampliar la transparencia sobre los compromisos asumidos por el país, especialmente en temas relacionados con defensa, soberanía y presencia militar extranjera.
Dentro de las operaciones autorizadas por el Gobierno dominicano se permitió el uso de espacios de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) por parte de aeronaves estadounidenses que participaron en operaciones regionales de seguridad.
Según informaciones ofrecidas por la Presidencia, Estados Unidos desplegó aviones cisterna KC-135 destinados a labores de patrullaje y reabastecimiento aéreo, además de aeronaves C-130 Hércules utilizadas para evacuaciones médicas, asistencia humanitaria y apoyo logístico ante desastres naturales.
Las autoridades dominicanas señalaron que esas operaciones formaban parte de la denominada “Operación Lanza del Sur”, iniciativa enfocada en el combate del narcotráfico y otras actividades ilícitas en el Caribe y zonas marítimas cercanas.
Registros difundidos por medios de comunicación y observadores aeronáuticos reportaron además la llegada a territorio dominicano de aviones militares de gran capacidad como el C-5 Super Galaxy y el C-17 Globemaster III, utilizados para transporte de suministros y equipos logísticos.
Posteriormente, al menos seis aviones KC-135 habrían operado desde instalaciones habilitadas temporalmente en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, generando interrogantes sobre el alcance operativo de la misión estadounidense en territorio nacional.
El presidente Abinader defendió públicamente la cooperación con Washington argumentando que la medida fortalece la capacidad de respuesta de la República Dominicana frente al crimen organizado transnacional y mejora los sistemas de vigilancia aérea y marítima del país.
El mandatario sostuvo que la colaboración no representa una cesión de soberanía, sino una ampliación de las capacidades nacionales de defensa y monitoreo.
De acuerdo con el Gobierno, el acuerdo permite acceso a tecnologías especializadas, intercambio de inteligencia y asistencia técnica orientada a combatir rutas del narcotráfico utilizadas en el Caribe.
Las autoridades también destacaron la importancia del sistema CSII, renovado por ambos gobiernos en junio de 2025, mediante el cual se facilita el intercambio de información de radares terrestres y marítimos.
Ese memorando contempla la eventual integración de radares dominicanos a plataformas tecnológicas estadounidenses, permitiendo un monitoreo más amplio de actividades sospechosas en el espacio aéreo y marítimo regional.
El convenio establece además que Estados Unidos podría instalar equipos de red necesarios para el funcionamiento del sistema, mientras la República Dominicana asumiría compromisos relacionados con infraestructura, suministro eléctrico y acceso para mantenimiento técnico.
Para sectores oficiales, estos mecanismos fortalecen la seguridad nacional y mejoran la capacidad de respuesta frente a amenazas vinculadas al narcotráfico, tráfico ilícito y crimen organizado.
Sin embargo, organizaciones civiles y especialistas en geopolítica han insistido en la necesidad de mantener supervisión institucional y transparencia sobre cualquier acuerdo que implique presencia militar extranjera o cooperación estratégica sensible.
El debate también ocurre en un contexto regional marcado por el aumento de las presiones migratorias, la crisis haitiana y el fortalecimiento de las estrategias de seguridad impulsadas por Estados Unidos en el Caribe y América Latina.
El pasado 21 de marzo, el Comando Sur de Estados Unidos informó a través de la red social X la conclusión de las operaciones desarrolladas por sus aeronaves en territorio dominicano como parte de las misiones multinacionales contra el tráfico ilícito en el Caribe.
La salida de las aeronaves ocurrió pocos días antes de que expiraran los permisos concedidos por el Poder Ejecutivo dominicano.
Aunque el Gobierno insiste en que la cooperación se mantuvo dentro de parámetros estrictamente técnicos y de seguridad regional, el tema continúa generando discusión pública sobre los límites de la colaboración militar extranjera y el manejo de la política migratoria y de defensa nacional.