Gobierno mexicano asume control de región del sur donde la violencia forzó la salida de pobladores
CIUDAD DE MÉXICO, 13 mayo. — La presidenta de México Claudia Sheinbaum anunció el miércoles que autoridades federales y estatales arribaron a dos comunidades del violento estado de Guerrero para garantizar su protección luego de que la semana pasada ataques armados de grupos criminales locales forzaron el desplazamiento de más de un centenar de habitantes.
Sheinbaum informó en su habitual conferencia matutina que la víspera fueron liberados los bloqueos viales que mantenían pobladores de la zona impidiendo el paso de las autoridades a las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, en el municipio de Chilapa que está situado en las montañas de Guerrero, estado al sur de México.
La mandataria detalló que tras el levantamiento de los bloqueos se llevó alimentos a los pobladores y se atendió a seis heridos. Señaló que los funcionarios federales y estatales permanecerán en las dos comunidades para atender y proteger a los pobladores y que se buscará pacificar la zona “mediante el diálogo”.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, viajaron el miércoles a las comunidades donde se encuentran las familias desplazadas para evaluar la situación. Los desplazados continúan en el mismo municipio de Chilapa, pero se desconoce en qué pueblos.
Durante la visita se acordó la creación un “corredor seguro” para que esas familias puedan recibir atención médica, alimentos e insumos de primera necesidad, la instalación de una mesa de diálogo entre los comisarios ejidales y los gobiernos federal y estatal para definir un acuerdo de paz, y el restablecimiento de las bases de operaciones del Ejército, la Guardia Nacional y las policías estatales, informó en un comunicado la Secretaría de Gobernación.
En la región fueron desplegados más de mil miembros del Ejército y de la Guardia Nacional, 200 policías estatales, cinco helicópteros, ambulancias y personal médico.
Los bloqueos se dieron tras las acciones violentas registradas la semana pasada en las dos comunidades rurales de Chilapa, protagonizadas por los grupos Los Ardillos y Los Tlacos, dijo el martes el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.
Los delincuentes atacaron con explosivos caseros lanzados desde drones y armas de alto poder a los pobladores, informó el Concejo Indígena y Popular de Guerrero– Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), una organización que representa a la comunidad local.
Grupos comunitarios y organizaciones religiosas locales señalaron que Los Ardillos han intentado apoderarse de las tierras desde hace años, pues se disputan el territorio con un puñado de bandas criminales rivales.
El gobierno no ha informado que motivó los ataques y enfrentamientos de la semana pasada en Chilapa.
El incidente desencadenó el desplazamiento de 120 personas, indicó el martes la Secretaría de Gobernación, que precisó que los pobladores han dicho que no abandonarán sus comunidades. Para atenderlos las autoridades les proporcionaron colchonetas, cobertores y generadores de luz.
El fin de semana, grupos comunitarios y de derechos humanos informaron que los incidentes en Chilapa obligaron a por lo menos 800 familias a salir de sus hogares. Ante la disparidad de las cifras de desplazados que da el gobierno y representantes comunitarios, Javier Rodríguez, miembro de la CIPOG-EZ, dijo a The Associated Press que las autoridades tienden a dar números menores para “disminuir el impacto” o “la gravedad del asunto”. Según indicó, la población de esas cuatro comunidades asciende a más de 2.000 personas. (AP)