Haciendo crisis de problemas menores
Por Miguel Guerrero
Las medidas del Gobierno en la frontera en respuesta a la construcción de un canal en Haití para el aprovechamiento de las aguas del río Masacre, que nace y desemboca en la costa atlántica del territorio dominicano, no ayudan a mejorar la conflictiva situación que tradicionalmente nos llega a través de esa zona. La disposición oficial anulará los débiles hilos diplomáticos existentes y no servirá para detener el permanente y creciente flujo de inmigración ilegal procedente del lado opuesto de la frontera. Todo lo contrario, en lo que se refiere a lo último.
El cierre total de la frontera es un acto de fuerza que no guarda proporción con los temores que lo inspiraron. Y lejos de cerrar el paso hacia este lado de la isla, tenderá a incrementarlo porque corta toda posibilidad oficial de entendimiento y la clausura indefinida de esos canales de comunicación tendrá efecto más negativo para el país en lo inmediato que el uso agrícola de las aguas del Masacre, porque no está claro que se trate de un desvío de su curso o de una reducción programada de su caudal.
Existen acuerdos internacionales sobre el uso de las aguas de ríos que cursan por varias naciones e incluso está vigente como pauta de discusión en el caso bilateral, el suscrito en 1929 y luego ratificados por los gobiernos de las dos naciones. El Gobierno dominicano debió primero agotar ese recurso.
El cierre fronterizo es una medida desproporcionada que trata de encontrar solución a un grave problema como la inmigración ilegal, sobre la que muy poco se ha hecho para detenerla, y busca como pretexto el uso de un río de curso binacional que el Gobierno había reconocido como un derecho de la nación vecina.
La pregunta sin respuesta sigue siendo qué habrá motivado el cambio de opinión del Gobierno para negarle a Haití el derecho que hace tres años le reconociera.
El Caribe
