Haití y la responsabilidad de proteger
Por Julio Alejandro Rodríguez Vélez
Tras la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999, el entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, planteó la siguiente pregunta: «si la intervención humanitaria es, de hecho, un asalto inaceptable a la soberanía, ¿cómo deberíamos responder a una Ruanda, a una Srebrenica, a violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que ofenden todos los preceptos de nuestra humanidad común?». Para intentar responder a la pregunta de Kofi Annan, el gobierno canadiense creó la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE). La Comisión estaba formada por un panel de expertos internacionales que pretendía «reflejar una gama de perfiles geográficos, políticos y profesionales». A partir de la Comisión, la doctrina de la responsabilidad de proteger tuvo su génesis en diciembre de 2001 con la publicación de su informe final titulado «Responsabilidad de Proteger».
La doctrina de la responsabilidad de proteger ha sido un concepto en evolución desde su primera presentación por la CIISE, en el informe subyace el deseo de reformular el debate sobre la conceptualización de la responsabilidad de los Estados para responder a las atrocidades masivas, la comisión intentó reenfocar la visión de dónde recae la responsabilidad de la protección situándola principalmente en cada Estado en relación con sus propios ciudadanos, sólo cuando hay un fallo por parte del Estado se pide la intervención de la comunidad internacional, esta intervención no tiene por qué ser necesariamente militar, tampoco se limita a la intervención no militar, la comisión formuló tres aspectos de su concepto de responsabilidad: la responsabilidad de prevenir, la responsabilidad de reaccionar y la responsabilidad de reconstruir.
La «responsabilidad de prevenir» es la noción de que los Estados tienen la responsabilidad de garantizar que las tensiones internas se aborden antes de que se intensifiquen, cuando un Estado no cumple con esta responsabilidad ésta pasa a la comunidad internacional.
La «responsabilidad de reconstruir» hace recaer en el Estado o Estados intervinientes la responsabilidad de contribuir al proceso de recuperación tras el conflicto. De las tres vertientes, es la «responsabilidad de reaccionar» la que ha suscitado más controversia, su importancia dentro del concepto de la RDP fue destacada en el informe de la CIISE, donde se afirmaba que «por encima de todo» la RDP establece para la comunidad internacional «la responsabilidad de reaccionar ante situaciones de necesidad imperiosa de protección humana», si un Estado no quiere o no puede cumplir con su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, la responsabilidad pasa del Estado a la comunidad internacional.
La doctrina esbozada en el informe fue objeto de una detallada evaluación y reinterpretación por parte de la comunidad internacional, en 2004, el Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio, tras examinar el informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE), publicó su informe en el que coincidía en que la comunidad internacional tenía la responsabilidad de proteger a las poblaciones cuando su gobierno no lo hacía, al mismo tiempo, reafirmaba el papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hacer cumplir esta responsabilidad. El informe final del Grupo de Alto Nivel del Secretario General respaldó la RDP en la Cumbre Mundial de 2005.
En la decisión de la Cumbre Mundial de adoptar la «responsabilidad de proteger» subyace la idea de que la comunidad internacional tiene el deber moral de garantizar que se eviten o detengan atrocidades como las perpetradas en Camboya, Ruanda, Srebrenica y Kosovo. En el marco de la responsabilidad de proteger, la comunidad internacional tenía el deber moral de ayudar a todos los Estados a cumplir su responsabilidad de proteger (es decir, la responsabilidad de un Estado de proteger a su población de los cuatro crímenes principales: genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad). Cuando un Estado incumple manifiestamente esta responsabilidad para con su población, la comunidad internacional debe tomar medidas oportunas y decisivas, incluyendo, lo más controvertido, el recurso a la intervención forzosa.
La responsabilidad de proteger se caracteriza por una estructura de tres pilares, según establece Gareth Evans, expresidente de Crisis Group y antiguo canciller de Australia:
- El pilar 1 establece que la responsabilidad principal es la del Estado para proteger su población del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad, además de su incitación;
- El pilar 2 establece que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de asistir y alentar a los Estados a cumplir con su responsabilidad de proteger, en particular ayudándoles a abordar las causas subyacentes del genocidio y las atrocidades masivas, a crear la capacidad de prevenir estos crímenes y a abordar los problemas antes de que se agraven. El énfasis principal de la RDP, por lo tanto, es la prevención a través de la supervisión y la asistencia tempranas;
- El Pilar 3 de la RDP establece que, cuando la prevención falla, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de tomar medidas oportunas y decisivas para proteger a las poblaciones de los cuatro crímenes a través de medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos (principalmente de acuerdo con los Capítulos VI y VIII de la Carta de la ONU). En caso de que los medios pacíficos resulten inadecuados y cuando las autoridades nacionales sean manifiestamente incapaces de proteger a sus poblaciones, podrán adoptarse otros medios más contundentes a través del Capítulo VII de la Carta de la ONU, es decir, la intervención militar.
Haití y la responsabilidad de proteger
La República de Haití ha visto conflictos internos desde su independencia en 1804, muchos factores dan testimonio de ello, entre otros; la economía de plantación postcolonial, la forma en que se ganó la independencia dio lugar a una economía campesina con productividad reducida; la fractura social por divisiones étnicas entre mulatos y negros; las luchas internas entre facciones que dieron lugar a conflictos internos y regímenes autocráticos.
Durante casi treinta años -desde 1994 hasta la actualidad- Haití ha tenido una importante presencia internacional con resultados parciales, no se han tocado las causas de fondo del origen de los conflictos, por un lado, se ha cumplido con el objetivo de estabilización y freno temporal de la violencia, por el otro se ha fallado en la consecución de un estado y gobierno funcional, en algunos contextos se discute la idea de que Haití es un Estado fallido.
El 7 de junio de 2021 un grupo armado asaltó la casa presidencial asesinando al presidente Jovenel Moise, suceso que ha generado una oleada de caos por el control político del país, principalmente por parte de bandas criminales armadas que coexisten con un gobierno interino que está muy limitado en sus funciones y no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Los diferentes factores que crean este círculo vicioso de inestabilidad hacen que la situación sea un caso de estudio para la Responsabilidad de Proteger. Paralelamente al proceso de estabilización, en el período 2000-2004, se empezó a formalizar una reconfiguración radical de la forma de ver la soberanía del Estado, en medio de este proceso, Haití fue caracterizado por como una «situación ideal de RDP», sin embargo, desde el golpe de Estado, y desde que la RDP se ha integrando en las instituciones y el derecho internacional, Haití ha desaparecido del radar del debate.
Los ejemplos de medidas preventivas en la década de 2000 incluyeron esfuerzos políticos y diplomáticos, como fueron los “Grupos de Amigos de Haití” y los talleres de resolución de conflictos (Iniciativa de Ottawa sobre Haití).
La Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE) enumera las medidas económicas preventivas directas, de naturaleza más coercitiva, como son las amenazas de sanciones comerciales y financieras, amenazas de retirar el apoyo del FMI o del Banco Mundial, reducción de la ayuda y otros tipos de asistencia, en el caso de Haití se ha cumplido con todas estas medidas en distintos períodos de crisis.
Del otro lado de la isla, la República Dominicana realiza esfuerzos para asegurar su frontera mediante un despliegue de personal militar y la construcción de una «valla inteligente» para controlar la inmigración ilegal, la retórica política en ambos lados de la frontera está sonando abiertamente agresiva, en el lado dominicano el gobierno quiere evitar una crisis humanitaria asegurando su frontera y agotando esfuerzos diplomáticos ante la ONU.
Teniendo en cuenta las experiencias pasadas la situación exige una misión de paz capaz de estabilizar la situación de seguridad, un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU que pueda trabajar de manera integral para permitir la gobernabilidad y estabilizar la situación política para la elección de autoridades legitimas, toda la ayuda debe estar condicionada a un progreso verificable.
La necesidad de diálogo es también imperativa, la política de suma cero y la falta de compromiso socava la posibilidad de soluciones a largo plazo, para ello es necesario un compromiso con el desarrollo y las perspectivas de futuro del país, un nuevo contrato social en el que cada actor pueda desempeñar su papel, lo que hemos visto en el pasado es una proliferación de Instituciones No Gubernamentales que proyectan una situación ideal para el país pero que al mismo tiempo limitan su capacidad de administración efectiva para generar políticas económicas progresistas.
Este diálogo debería incluir planes de integración económica con la República Dominicana, el futuro económico de Haití depende en gran medida de la relación con su vecino más próspero, actualmente existen iniciativas de empresarios dominicanos que invierten en las ciudades fronterizas, Haití es el segundo mercado de la República Dominicana para las exportaciones agrícolas sólo por detrás de Estados Unidos.
La Responsabilidad de Proteger es el marco adecuado para abordar la crisis haitiana, un retorno a la estabilidad podría abrir la puerta al diálogo para abordar los problemas estructurales, estos esfuerzos contarían como prevención para futuras crisis y ayudarían a construir un mejor futuro para el país.
