Instancias ante el Tribunal Constitucional buscan derogar la ley de inteligencia DNI
Santo Domingo, 23 de enero – En una manifestación de la sociedad civil y partidos políticos, representantes depositaron dos recursos de acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 1-24, que establece la Dirección Nacional de Inteligencia. Frente al órgano extrapoder, los manifestantes denunciaron que la recién promulgada ley viola la libertad de expresión y pensamiento de los ciudadanos, exigiendo su revocación.
Carmen Orozco, presidenta de Patria Libre y Soberana; Damaris Patrocinio, titular del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi); Priyanka Rodríguez, representante de RD Inclusive; y Carlos Peña, presidente del Partido Generación Servidores (GenS), expresaron su rechazo a la normativa. Se presentaron dos recursos, uno por organizaciones civiles y otro por el partido GenS.
Carmen Orozco anunció la solicitud de un amparo urgente para agilizar el conocimiento de la acción en el TC, destacando la urgencia de la situación. Esta acción se produce después de que el presidente Luis Abinader iniciara un diálogo con sectores opuestos a algunos aspectos de la Ley 1-24.
Carlos Peña, aspirante a la presidencia por GenS, fundamenta su recurso solicitando la declaración de no conformidad con la Constitución de la normativa, alegando que busca instaurar una «narcodictadura». Peña sostiene que la ley atenta contra la privacidad de confesión de sacerdotes y pastores, entre otros derechos fundamentales.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ya había advertido al Congreso sobre las vulneraciones de la Ley 1-24. En una comunicación de octubre de 2023, Ulloa planteó inquietudes sobre el artículo 11, referente a la obligatoriedad de entregar información al DNI. También destacó los artículos 4 y 14, solicitando mayores definiciones y desarrollo de principios de actuación específicos para la comunidad de inteligencia nacional.
Tanto Fuerza del Pueblo (FP) como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunciaron que presentarán acciones directas de inconstitucionalidad contra la Ley 1-24. Leonel Fernández, presidente de la FP, y Charles Mariotti, secretario general del PLD, expresaron su rechazo a la normativa, considerándola contraria a la Constitución y un atentado contra las libertades civiles.
