Interior y Policía asegura Dimitri Vorbe no ingresará a República Dominicana pese a orden de deportación desde Estados Unidos
Santo Domingo, 13 mayo.– El Ministerio de Interior y Policía informó este martes que el empresario haitiano Dimitri Albert Edouard Vorbe no ingresará a territorio dominicano, debido a que mantiene vigente un impedimento de entrada impuesto desde octubre de 2025 por las autoridades nacionales.
La aclaración fue realizada luego de que trascendiera una orden emitida por el juez federal estadounidense Darrin P. Gayles, del Distrito Sur de Florida, mediante la cual se establece que Vorbe sería enviado a República Dominicana tras fracasar sus intentos legales para evitar la deportación y permanecer en Estados Unidos.
A través de una publicación en la red social X, el Ministerio de Interior y Policía precisó que el ciudadano haitiano tiene una restricción migratoria activa desde el 13 de octubre de 2025, ejecutada por la Dirección General de Migración a solicitud de la Dirección Nacional de Inteligencia.
“El ciudadano haitiano Dimitri Eduardo Vorbe no entrará al territorio dominicano. Mantiene impedimento de entrada vigente desde el 13 de octubre de 2025, conforme a notificación de la Dirección Nacional de Inteligencia ejecutada por la Dirección General de Migración”, indicó la institución.
La situación ha generado atención pública luego de conocerse, el mismo día, el acuerdo anunciado entre República Dominicana y Estados Unidos para la recepción temporal de ciudadanos deportados de distintos países en tránsito, excluyendo expresamente a nacionales haitianos.
Sin embargo, el caso de Vorbe se desarrolla de manera separada y responde a un proceso judicial y migratorio llevado a cabo en Estados Unidos, donde el empresario enfrenta acusaciones relacionadas con presuntas actividades de desestabilización política y vínculos con estructuras violentas en Haití.
El documento judicial emitido el pasado 12 de mayo de 2026 establece que fue el propio Vorbe quien solicitó ser enviado a República Dominicana en lugar de ser deportado directamente a Haití.
En la orden se señala que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos facilitaría el traslado del empresario hacia un aeropuerto del sur de Florida, desde donde abordaría un vuelo comercial con destino a República Dominicana dentro de un plazo de siete días posteriores a la emisión de la orden final de deportación.
“El Departamento de Seguridad Nacional declara que facilitará la deportación del peticionario Dimitri Albert Edouard Vorbe a la República Dominicana dentro de los siete días siguientes a la emisión de la orden final de deportación”, establece el documento judicial.
Asimismo, las autoridades estadounidenses y la defensa del empresario acordaron que, dos días después de su eventual llegada al país, ambas partes presentarían una moción conjunta para cerrar definitivamente el procedimiento judicial pendiente.
No obstante, la posición asumida por las autoridades dominicanas deja en incertidumbre la posibilidad de que Vorbe pueda efectivamente ingresar al territorio nacional.
Trayectoria empresarial y conflictos políticos en Haití
De acuerdo con expedientes judiciales estadounidenses y reportes de medios haitianos, Dimitri Vorbe dirigió durante años la empresa eléctrica haitiana SOGENER (Société Générale d’Énergie), una de las principales compañías privadas vinculadas al suministro energético en Haití.
Su nombre comenzó a ocupar titulares internacionales durante el gobierno del asesino presidente haitiano Jovenel Moïse, quien en 2019 lo acusó públicamente de financiar protestas y acciones destinadas a desestabilizar su administración.
Las tensiones entre Vorbe y el gobierno haitiano se intensificaron en medio de una profunda crisis política y social que sacudía al vecino país desde 2018, marcada por protestas masivas, denuncias de corrupción y conflictos por contratos energéticos.
Según las acusaciones de entonces, Vorbe mantenía una activa participación política como opositor del gobierno de Moïse y de sectores aliados al oficialismo haitiano.
En 2019, el gobierno haitiano contrató abogados para revisar y defender los intereses del Estado en relación con contratos firmados con empresas proveedoras de electricidad, incluida SOGENER.
Posteriormente, Vorbe fue citado por la justicia haitiana para responder a diversas acusaciones, pero nunca compareció ante los tribunales.
En enero de 2020 abandonó Haití y viajó a Estados Unidos con una visa de no inmigrante que le permitía permanecer temporalmente en territorio estadounidense por un período máximo de seis meses.
Sin embargo, tras vencer el plazo autorizado, el empresario permaneció en Estados Unidos y presentó una solicitud para extender su estatus migratorio ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), petición que finalmente fue rechazada.
Orden de arresto y proceso migratorio
El 23 de julio de 2020, tribunales haitianos emitieron una orden de arresto penal contra Vorbe por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, falsificación y conspiración.
Pocas semanas después, el 21 de agosto de 2020, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo arrestaron y lo trasladaron al Centro de Procesamiento de Servicios de Miami.
Las autoridades migratorias iniciaron entonces un proceso formal de deportación al considerar que Vorbe había permanecido en Estados Unidos por un tiempo superior al autorizado bajo su condición de no inmigrante.
A pesar de ello, el empresario logró obtener cierto alivio migratorio temporal. El 25 de agosto de 2020, uno de sus hijos, ciudadano estadounidense, presentó a su favor el Formulario I-130, una petición familiar para extranjeros, la cual fue aprobada meses más tarde por USCIS.
Posteriormente, un juez de inmigración le otorgó una fianza de 5,000 dólares, permitiendo su liberación de la custodia migratoria.
En febrero de 2021, Vorbe presentó además una solicitud de ajuste de estatus para obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos.
Ese mismo año también fue beneficiado con el Estatus de Protección Temporal (TPS), medida implementada por la administración del entonces presidente Joe Biden debido a la crisis humanitaria y política que atravesaba Haití.
Investigaciones y acusaciones posteriores
Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, las autoridades haitianas volvieron a requerir la presencia de Vorbe para fines investigativos relacionados con la crisis política nacional.
Aunque en junio de 2022 los cargos contenidos en la orden de arresto emitida en Haití fueron desestimados, el empresario continuó enfrentando dificultades migratorias en Estados Unidos.
El 8 de septiembre de 2023 compareció ante el Tribunal de Inmigración de Miami junto a su abogado durante una audiencia relacionada con su solicitud de residencia permanente.
Al concluir la sesión, el juez dejó abierto el expediente para que las partes presentaran documentos adicionales.
Sin embargo, en abril de 2025 el ICE presentó nuevos argumentos en su contra, alegando que Vorbe había mentido deliberadamente en formularios y solicitudes presentadas ante el Departamento de Seguridad Nacional para obtener beneficios migratorios.
Meses después, el 22 de septiembre de 2025, el entonces secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, determinó que Vorbe era deportable conforme a disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Según la acusación oficial, el empresario habría participado en una campaña de violencia y apoyo a pandillas que contribuyó a la desestabilización de Haití, afectando los intereses de política exterior de Estados Unidos en la región.
“El Secretario Rubio declaró además que participó en una campaña de violencia y apoyo a pandillas que contribuyó a la desestabilización de Haití, y que permitirle permanecer en Estados Unidos socava los intereses de la política exterior estadounidense en la estabilización de Haití y la región”, señala el expediente.
Tras esa determinación, el ICE canceló su libertad bajo fianza y ordenó nuevamente su detención. Vorbe fue arrestado el 23 de septiembre de 2025 en su residencia en Florida y desde entonces permanecía bajo custodia migratoria en espera de la resolución definitiva de su caso.