Juez envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español; Moncloa denuncia una “persecución” y cuestiona las medidas cautelares
Madrid, 20 junio. – La esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, fue enviada a juicio por decisión del juez Juan Carlos Peinado, quien además ordenó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado, una resolución que provocó una inmediata reacción del Palacio de la Moncloa, que calificó la actuación judicial de “persecución”, “obsesión” y “desproporción”.
Según informó la agencia EFE, el magistrado adoptó la decisión mediante un auto de 84 páginas difundido este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes, en la que las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares al considerar que existía riesgo de fuga.
La resolución dispone la apertura de juicio con jurado contra Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
La misma decisión alcanza a su asesora, Cristina Álvarez, acusada por los mismos delitos, así como al empresario Juan Carlos Barrabés, quien será juzgado por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares, de acuerdo con EFE.
El auto del juez Peinado se produjo después de varios meses de investigación y de una espera superior a la prevista legalmente, ya que la normativa española establece un plazo de tres días para resolver después de la vista celebrada el pasado lunes.
EFE reportó además que el magistrado abrió recientemente una pieza separada dentro del procedimiento para investigar presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses financieros de la Unión Europea relacionados con actuaciones vinculadas al empresario Barrabés.
Al justificar la imposición de las medidas cautelares, Peinado acogió los argumentos presentados por las acusaciones populares encabezadas por la organización Hazte Oír y rechazó tanto la posición de la Fiscalía como la de las defensas.
El Ministerio Público se había opuesto a la adopción de restricciones al considerar que no existían fundamentos suficientes para mantener la causa, criterio compartido por los abogados de los imputados.
De acuerdo con la información divulgada por EFE, el magistrado sostiene que las diligencias practicadas hasta el momento permiten apreciar “indicios racionales de criminalidad” y argumenta que la gravedad de las posibles penas justifica la adopción de medidas para garantizar la presencia de la acusada durante el proceso judicial.
“A mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia”, señala el juez en el documento citado por la agencia española.
En uno de los apartados más controvertidos del auto, Peinado sostiene que Begoña Gómez habría utilizado su condición de esposa del jefe del Gobierno español para obtener beneficios personales.
El magistrado llegó incluso a comparar los hechos investigados con conductas que, según afirmó, serían más propias de “regímenes absolutistas”, una referencia que incluyó menciones históricas al reinado de Fernando VII.
La decisión provocó una contundente respuesta del Palacio de la Moncloa. Fuentes gubernamentales consultadas por EFE afirmaron que la actuación judicial “carece de todo sentido jurídico” y responde exclusivamente a motivaciones políticas.
Las mismas fuentes sostuvieron que la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del país constituyen una muestra de la “persecución, obsesión y desproporción” con la que, a juicio del Ejecutivo español, el juez ha conducido la investigación contra la esposa del presidente Pedro Sánchez.
Otro de los puntos que generó rechazo dentro del Gobierno fue una referencia incluida por Peinado respecto a los agentes de la Policía Nacional encargados de la seguridad de Gómez.
En el auto, el magistrado planteó la posibilidad de que dichos funcionarios pudieran colaborar en una eventual fuga de la acusada, ya fuera por iniciativa propia o siguiendo instrucciones superiores.
Según EFE, fuentes de la Moncloa calificaron esas afirmaciones como un nuevo ejemplo del “despropósito” de la instrucción judicial, al considerar improcedente insinuar que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado podrían facilitar una evasión de la justicia.
El Gobierno también comparó la decisión adoptada contra Begoña Gómez con otros precedentes judiciales recientes.
Las fuentes recordaron que el juez Alejandro Calama, quien investigó la causa relacionada con la aerolínea Plus Ultra, descartó imponer medidas cautelares al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, pese a haber sido solicitado por algunas partes.
En aquella ocasión, recordó EFE, el magistrado consideró que la notoriedad pública de Zapatero hacía innecesarias restricciones como la retirada del pasaporte o las comparecencias periódicas, al entender que tales medidas suponían una limitación injustificada de derechos fundamentales y resultaban incompatibles con el principio de proporcionalidad.
La decisión de enviar a juicio a Begoña Gómez representa uno de los episodios judiciales más delicados que ha enfrentado el entorno del presidente Pedro Sánchez desde su llegada al poder y abre una nueva etapa en un proceso que continúa generando una intensa confrontación política y jurídica en España.