Juez español atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero cobro de casi dos millones de euros vinculados al caso Plus Ultra (Video)
Madrid, 19 mayo.– El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero fue citado a declarar en calidad de imputado por la Audiencia Nacional de España, luego de que el juez José Luis Calama le atribuyera el presunto cobro irregular de cerca de 1.95 millones de euros entre 2020 y 2025, supuestamente vinculados a una trama investigada en el denominado caso Plus Ultra.
De acuerdo con una amplia información publicada este martes por el diario español El País, el magistrado sostiene en un auto judicial que Zapatero y personas de su entorno habrían recibido pagos a través de una red empresarial bajo sospecha de participar en delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental.
La comparecencia del exlíder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue fijada para el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional, en el marco de la investigación relacionada con el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros en ayudas públicas tras la pandemia de COVID-19.
Según la resolución judicial citada por El País, el juez Calama considera a Zapatero como el “núcleo decisor” de una estructura organizada y estable orientada presuntamente al ejercicio ilícito de influencias ante organismos públicos y entidades privadas.
La investigación sostiene que parte de los fondos habría sido canalizada mediante sociedades instrumentales, contratos supuestamente ficticios y operaciones financieras opacas destinadas a justificar pagos y ocultar el origen del dinero.
Entre las empresas señaladas figura Whathefav SL, sociedad vinculada a las hijas del expresidente, así como otras compañías relacionadas con consultorías y asesorías empresariales.
El diario español detalla que el juez también investiga transferencias de dinero hacia estructuras empresariales creadas en Dubái, presuntamente utilizadas para dificultar la trazabilidad de los fondos.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española considera que existía una red societaria integrada por al menos nueve empresas “carentes de actividad real”.
Las pesquisas incluyen registros realizados en oficinas vinculadas al expresidente y en empresas relacionadas con su entorno familiar.
Asimismo, las autoridades españolas analizan conversaciones telefónicas y documentación financiera obtenida durante la investigación.
Uno de los principales investigados junto a Zapatero es el empresario Julio Martínez Martínez, descrito por los investigadores como una pieza clave dentro de la supuesta trama. De acuerdo con la investigación judicial, Martínez habría mantenido vínculos empresariales y financieros con estructuras relacionadas con el expresidente.
El caso Plus Ultra se centra en determinar si parte de los recursos públicos otorgados a la aerolínea fueron desviados o utilizados de manera irregular mediante operaciones mercantiles bajo sospecha.
Zapatero ha rechazado las acusaciones y sostiene que los pagos recibidos corresponden a trabajos legítimos de consultoría y asesoramiento profesional, debidamente declarados ante las autoridades fiscales españolas. Además, manifestó su disposición de colaborar con la justicia durante el proceso.
La imputación del exmandatario ha provocado fuertes reacciones en el escenario político español. Mientras dirigentes del Partido Popular exigieron explicaciones al Gobierno y calificaron el caso como un grave escándalo de corrupción, sectores del PSOE defendieron la presunción de inocencia del expresidente y denunciaron una supuesta campaña política en su contra.