Juez revisa hoy medida de coerción en caso Senasa que involucra a Santiago Hazim
Santo Domingo, 30 abril. – Este jueves, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a otros seis imputados en un presunto caso de corrupción administrativa.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y será presidida por el magistrado Deiby Timoteo Peguero, quien tiene a su cargo el control de la investigación. En el proceso, el tribunal evaluará si se mantienen o varían las medidas de prisión preventiva por 18 meses que cumplen los acusados en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra.
El grupo enfrenta cargos por su supuesta participación en un entramado que habría provocado un perjuicio económico al Estado dominicano superior a los 15,900 millones de pesos.
Entre los imputados que permanecen en prisión preventiva figuran Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
En tanto, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella cumplen medidas menos gravosas, consistentes en arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.
Antecedentes judiciales
El pasado 5 de febrero, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó las medidas de coerción contra todos los implicados, tras rechazar los recursos de apelación interpuestos tanto por la defensa como por la Fundación Primero Justicia.
Acusación del Ministerio Público
De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta estructura delictiva era encabezada por Santiago Marcelo Hazim Albainy y operaba mediante un “comité operativo” paralelo que tomaba decisiones estratégicas al margen de los canales institucionales de Senasa.
Según el expediente acusatorio, este mecanismo permitía acelerar o bloquear procesos a cambio de sobornos, vulnerando los procedimientos legales del sistema público de salud.
El órgano persecutor sostiene que el fraude se ejecutó a través de la falsificación de documentos, introducción de reclamaciones fraudulentas y autorización de pagos sustentados en facturación simulada.
Asimismo, se señala que el esquema incluía la habilitación irregular de prestadores de servicios de salud mediante pagos ilícitos, el uso de empresas ficticias y la triangulación de recursos para encubrir el origen de los fondos, presuntamente desviados de las reservas técnicas de la aseguradora estatal.
