Julio Cury advierte que ninguna ley obliga a tener vacunación al día

Santo Domingo, Oct 9 – La decisión del gobierno de exigir a las personas mayores de 12 años de edad que presenten un certificado de vacunación contra el Covid-19 para usar el transporte, acudir a lugares de acceso al público y de trabajo,  choca con el principio de legalidad previsto por la Constitución en su Artículo 40 que establece que “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe”, afirmó el jurista Julio Cury.

El experto en derecho se refirió a la resolución 48 emitida ayer por el Ministerio de Salud Pública que impone restricciones a las personas que no presenten una tarjeta de vacunación anticovid con al menos dos vacunas.

No obstante, Cury advirtió que en República Dominicana no hay ninguna ley que obligue a tener una tarjeta de vacunación al día para poder movilizarse por las calles o acudir al trabajo.

Cury sostuvo que “esa resolución se lleva de paso el principio de legalidad previsto en el artículo 40 de la Constitución que establece taxativamente que “a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe”. 

“Se trata de una actuación administrativa que, aunque se presume válida y es ejecutoria por disposición de los artículos 10 y 11 de la Ley número 107-13, es violatoria de los principios de juridicidad y ejercicio normativo del poder, sin importar que lo haya hecho en interés general”, apuntó el jurista.

Otro aspecto criticado de la resolución de Salud Pública es que planta exigencias ciudadanas a menores de edad que no tienen poder para determinar actuaciones sobre su salud.

Al respecto, la abogada Claudia Castaños consideró que Salud Pública comete un error al exigir directamente a los menores de edad que estén vacunados.

“Una resolución no puede hablarle directamente a un menor de edad. Un menor no tiene capacidad para ir voluntariamente a un centro de vacunación si no es llevado por sus padres”, expresó Castaños.

Otros lo ven correcto

Francisco Álvarez, experto en derecho constitucional, sostiene en cambio que salvaguardar el derecho a la salud prevalece sobre el derecho al libre tránsito, por lo que consideró apegada a la Constitución la decisión de Salud Pública de exigir tarjeta de vacunación e imponer restricciones a los no vacunados.

“Aquí hay dos derechos que están en conflicto, uno es el derecho que tiene una persona al libre tránsito; pero también está el derecho a la salud que tiene cada dominicano. En mi opinión, debe prevalecer el derecho que beneficia a la colectividad. El derecho más importante es el derecho a la salud”, señaló Álvarez.

Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, es de opinión que la resolución se afirma en el derecho porque “es constitucional imponer restricciones a aquellas personas que no se vacunen, el Estado tiene las prerrogativas de imponer la vacunación y disponer medidas restrictivas a las personas que se rehúsen a vacunarse”.

“Todos tenemos libertades y derechos, pero las libertades mías terminan donde empiezan las libertades de los demás. Yo no puedo ser un agente de contagio, de contaminación, un agente que apueste al colapso del sistema de salud pública y al contagio de otros”, advirtió Rodríguez.

Otros juristas han dicho que solo con un estado de emergencia nacional aprobado por el Congreso Nacional es posible disponer de medidas restrictivas para el ejercicio de los derechos fundamentales, como el libre tránsito, el trabajo y la libertad de reunión, entre otros aspectos.