Justicia decidirá este viernes el futuro del caso Calamar; exministros y exfuncionarios esperan fallo sobre apertura a juicio
Santo Domingo, 29 mayo.– La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, decidirá este viernes si envía a juicio de fondo a los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, así como a otros exfuncionarios implicados en el denominado caso Calamar, uno de los procesos de presunta corrupción administrativa de mayor relevancia en los últimos años.
La magistrada se reservó el fallo para las 3:00 de la tarde, luego de concluir las audiencias en las que las partes presentaron sus conclusiones finales respecto a la solicitud de apertura a juicio formulada por el Ministerio Público.
Previamente, a las 9:00 de la mañana, la jueza dará a conocer su decisión en relación con el exsenador Rafael Porfirio Calderón, quien también figura en el expediente, pero cuyo proceso fue separado de manera provisional debido a razones de salud.
La decisión judicial llega después de que el Ministerio Público y los abogados que representan al Estado dominicano solicitaran formalmente que los imputados sean enviados a juicio de fondo para responder por las acusaciones contenidas en el expediente.
Por el contrario, las defensas de los acusados pidieron al tribunal rechazar la solicitud del órgano persecutor y emitir un auto de “no ha lugar”, argumentando que no existen elementos probatorios suficientes que sustenten los cargos formulados contra sus representados.
Los implicados en el expediente
Además de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, el Ministerio Público vincula en la presunta red de corrupción al excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; así como a los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
El órgano acusador sostiene que los imputados formaron parte de una estructura dedicada a cometer delitos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas políticas.
Según la acusación, la supuesta red habría operado mediante mecanismos destinados a favorecer pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos y otras operaciones realizadas desde distintas instituciones estatales.
Defensa cuestiona duración y fundamentos del proceso
La resolución que emitirá la jueza Ramírez se produce más de cinco años después de los primeros interrogatorios realizados por las autoridades en febrero de 2021, un aspecto que ha sido utilizado por las defensas para cuestionar la duración del proceso.
Durante las distintas etapas judiciales, los abogados de los acusados han insistido en que el expediente ha excedido los plazos razonables establecidos por la legislación dominicana y han denunciado presuntas irregularidades en la construcción de la acusación.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en los informes elaborados por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, documentos que las defensas consideran insuficientes para sustentar los cargos formulados.
En los últimos meses, varios juristas independientes también han expresado críticas respecto a la fortaleza de algunas de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
El abogado Pedro Balbuena, entre otros expertos consultados durante el proceso, ha sostenido que no se ha presentado evidencia física o documental que vincule directamente al exministro José Ramón Peralta con delitos de estafa o extracción irregular de fondos públicos.
Según esos planteamientos, la acusación descansa principalmente en testimonios de colaboradores y delaciones premiadas que, de acuerdo con la defensa, contienen contradicciones y carecen de respaldo documental suficiente.
Los argumentos de Donald Guerrero y Gonzalo Castillo
En el caso de Donald Guerrero, quien se desempeñó como ministro de Hacienda, sus abogados concentraron gran parte de sus argumentos en rechazar las acusaciones relacionadas con un supuesto fraude superior a los RD$21 mil millones.
La defensa afirmó que los recursos señalados por el Ministerio Público nunca fueron distraídos ni sustraídos del patrimonio estatal, sino que continúan bajo control del Estado dominicano y permanecen depositados en el Banco de Reservas.
Por su parte, los representantes legales de Gonzalo Castillo denunciaron supuestas irregularidades procesales vinculadas tanto al depósito de la acusación como a la obtención de pruebas periciales fuera de los plazos legales establecidos.
Asimismo, destacaron que varias familias vinculadas a terrenos expropiados desistieron de las querellas inicialmente presentadas y posteriormente reconocieron que los pagos realizados correspondían a obligaciones legales pendientes desde hacía años por parte del Estado dominicano.
Las defensas consideran que estos elementos debilitan significativamente la teoría del caso presentada por el Ministerio Público y justifican la emisión de un auto de no ha lugar.
Caso Camaleón: decisión será anunciada el 5 de junio
Mientras el país espera el desenlace de la audiencia preliminar del caso Calamar, otro importante expediente de presunta corrupción también se encuentra pendiente de decisión judicial.
La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, se reservó para el próximo 5 de junio, a las 9:00 de la mañana, el fallo sobre la solicitud de apertura a juicio presentada contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario Jochy Gómez, principales imputados en el denominado caso Camaleón.
El Ministerio Público sostiene que dispone de pruebas suficientes para demostrar la existencia de una red de corrupción administrativa y lavado de activos vinculada al proceso de modernización del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.
Sin embargo, los abogados defensores aseguran que las evidencias no sustentan las acusaciones y confían en que el tribunal emitirá un auto de no ha lugar.
En este expediente también figuran las empresas Transcore Latam y Aurix, además de varios exfuncionarios del área tecnológica del Intrant.
Caso Coral: sentencia prevista para el 15 de junio
Otro de los procesos de alto perfil que se encuentra en su fase final es el caso Coral y Coral 5G.
Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijaron para el próximo 15 de junio, a las 3:00 de la tarde, la lectura de la sentencia que determinará si los militares, policías y civiles acusados en ese entramado de corrupción serán condenados o absueltos.
El tribunal está integrado por las magistradas Gisselle Méndez, quien lo preside, junto a Jisell Naranjo y Tania Yunes.
Durante la etapa de conclusiones, el Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, miembro de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitó condenas que oscilan entre cinco y veinte años de prisión, además del decomiso de bienes valorados en millones de pesos.
Entre los principales acusados figuran los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, entre otros implicados.
Las defensas, por su parte, solicitaron la absolución total de los encartados, alegando insuficiencia de pruebas y cuestionando diversos aspectos de la investigación realizada por el Ministerio Público.
Con las decisiones pendientes en los casos Calamar, Camaleón y Coral, el sistema judicial dominicano se prepara para emitir en las próximas semanas fallos que podrían marcar el rumbo de algunos de los procesos por presunta corrupción administrativa más importantes y mediáticos de los últimos años.