Justicia dominicana dicta prisión preventiva para ciudadano ruso investigado por fraude millonario
Santo Domingo, 9 de mayo – La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana dispuso prisión preventiva contra Sergei Berezin, también conocido como Paul Bergholts, un ciudadano ruso principal investigado por liderar una organización criminal que habría estafado 645 millones de euros a través de inversiones falsas en plantas de cannabis de uso medicinal.
El tribunal, presidido por Francisco Jerez Mena e integrado por los magistrados Nancy Salcedo y Fran Soto, dictaminó que Berezin cumpla con la medida cautelar en el centro penitenciario correspondiente, aunque no se especificó la duración de la prisión preventiva.
Por otro lado, el tribunal ha programado para el 12 de mayo la audiencia para conocer la solicitud de extradición presentada por el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, dirigido por el magistrado Andrés Chalas.
Durante la audiencia, los abogados Pedro Balbuena y Laura Rodríguez solicitaron al tribunal rechazar la prisión preventiva, argumentando la falta de órdenes de allanamiento. Sin embargo, Berezin fue arrestado en un complejo turístico en Bayahibe, en la provincia de La Altagracia, mediante un allanamiento.
La operación ha contado con la participación de fuerzas de seguridad de varios países, entre ellos España, República Dominicana, Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, con la colaboración de EUROPOL y EUROJUST, según informó la Policía española en un comunicado.
Los acusados de pertenecer a esta organización criminal operaban en 35 países y han sido detenidos en España (2), Alemania (2), Reino Unido, Letonia, Polonia e Italia, entre otros lugares.
El modelo de negocio de la organización consistía en utilizar el capital invertido por los socios para financiar el cultivo de plantas de cannabis medicinal. Los inversores recibían promesas de beneficios de entre el 70% y el 168% anual, según el tipo de cannabis cultivado.
Para captar clientes y generar confianza, la organización contaba con oficinas físicas en varias ciudades europeas, como Valencia, Berlín, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa.
No obstante, las autoridades españolas descubrieron que los fondos captados no se reinvertían en su totalidad en cannabis medicinal. En cambio, parte de los recursos se destinaba a pagos parciales a las víctimas, mientras que otro porcentaje se usaba en marketing y una parte considerable se dirigía al enriquecimiento de los investigados.
La mayoría del dinero de los inversores se ocultaba mediante un entramado de cuentas bancarias, sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este.
