La confianza, tacita de cristal del consentimiento a favor de Abinader
Ignacio Nova
Faltando cuatro días para su año y 4 meses de gobierno, el Presidente Constitucional de la República Luis Abinader Corona camina sobre la alfombra de reverdecidas aceptaciones y esperanzas que su política anti corrupción genera en una población que durante toda su historia, desde Cristóbal de Llerena, en la alborada de los días coloniales, reclama probidad a quienes ejercen funciones públicas.
Pese a que sectores de la oposición política desean y necesitan desdibujar esa imagen fortalecida del ejecutivo, decorada por los atributos que a la integridad confieren los actos y decisiones públicas que la ciudadanía entiende necesarias, urgentes y justas, el perfil del Ejecutivo nacional se fortalece con los días.
Tal robustecimiento nace de que la gente agradece que su designada justicia independiente esté actuando —en virtud de esa independencia— con la probidad que se reconocía de antaño a la magistrada Miriam Germán Brito y a los doctores, de dotes hoy impolutas, Wilson Camacho Peralta, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en virtud de su calidad de Procurador General de la Corte de Apelación, y a la Procuradora Adjunta Jeni Berenice Reynoso.
Los casos que están siendo judicializados y saliendo hacia lo público han visibilizado ante la nación los niveles de purulencia extendida que infectaron las administraciones anteriores.
Una purulencia de tal grado que al parecer llegó a constituirse en un serio obstáculo a la inversión extranjera directa (IED) en el país y, junto a eso, desestimuló significativamente las inversiones o la expansión de los empresarios locales.
Hoy, la voluntad política del presidente de la República produce el sortilegio de gente moviéndose a creer otra vez en su gobierno, en la política. Asistimos, pues, al retroceso inicial —de necesaria expansión— del “cinismo popular” al que el gobierno estadounidense hizo referencia, explicándolo como consecuencia de los altos niveles de corrupción administrativa entronizados como norma y cultura validadas en la gestión pública.
La confianza en el gobierno que encabeza Abinader está siendo acreditada por varios contribuyentes estelares a la gobernabilidad y a la gobernanza. Primero: el celo comprobado y el compromiso del ejecutivo de que los bienes y recursos públicos están siendo y serán gestionados con ética; segundo: la certeza creciente de que existe una voluntad presidencial —e institucional en el Banco Central— de mantener un clima macro económico favorable a los negocios, al bienestar colectivo y al desarrollo; tercero: la verificada orientación del ejecutivo hacia el manejo simétrico de la coyuntura antitética Salud y pandemia vs Crecimiento y economía, lo que resultó en un fuerte e imprevisible repunte del PIB dominicano hasta el +12% a octubre 2021. Junto a la decisión de fortalecer y ampliar los vínculos con los Estados Unidos, mayor socio comercial de la República Dominicana, otorgándole seguridades a todas luces recíprocas, resalta la determinación de apuntalar el turismo como industria basal de un desarrollo dominicano multi encadenado. También genera confianza que el gobierno haya mostrado seguridades, enérgicas aunque prudentes, de defensa del territorio nacional ante los riesgos derivados de las crisis política e institucional haitianas. También que haya aprovechado el crecimiento de las remesas para fortalecer la seguridad macroeconómica y ampliar las seguridades de abastecimiento del mercado interno y la demanda de la economía. Al mes de noviembre, estas casi duplicaban sus niveles del año 2019 (US$9.46 mil millones en 2021 vs US$6.43 mil millones en 2019) y, frente a sus resultados a igual fecha del 2020, significan hoy US$2.1 mil millones más, iguales a +28.8%.
Tales resultados sólo lo produce la confianza. Una que, además de revelar el creciente amor que por el país profesan los nacionales internos y los residentes en el exterior, viene a ser el primer activo político que el gobierno del Presidente Abinader está en la obligación de atesorar e incrementar. Especialmente cuando las probabilidades de continuidad del gobierno PRMista han sido cifradas por unanimidad en su figura, lo cual queda evidenciado en el recientemente iniciado proceso interno de modificación estatutaria, desencadenado desde los organismos internos vinculantes con el fin de armonizar el entramado jurídico partidario con las normativas constitucionales vigentes.
Ante tal tarea, el deber del funcionariado que acompaña al mandatario en esta gestión es, entonces, focalizar la gobernabilidad y la gobernanza institucionales y sectoriales; cuidarlas como la tacita de cristal y la gallina de los huevos de oro.
Esa díada gobernabilidad – gobernanza puede tener como rudos adversarios a la ineficiencia, la ineficacia, la carencia de idoneidad ética y funcional de funcionarios a cargo, la displicencia y la falta de transparencia.
Es decir, ejercer la función yendo en vías contrarias al discurso y orientaciones emanadas de Palacio.
Hoy, esos niveles de confianza desembocan en la aceptación y consentimiento crecientes a favor del liderazgo constitucional, político y empresarial del Presidente Abinader, tanto entre sus colegas empresarios como en la ciudadanía y la opinión pública.
Es, por consiguiente, previsible que la mayoría esté haciendo proyecciones, ajustando sus agendas para sincronizarlas con las “línea” esperanzada emanada desde Palacio en la recién transcurrida semana: el 2022 será un año extraordinario.
Lo será sólo, sin embargo, si todos nos alineamos con Palacio y trabajamos enfocados en lograrlo.
El gobierno debe prepararse para acoger las integraciones que en proyectos e iniciativas desencadenen los ciudadanos y empresarios.
