La defensora del Pueblo de Ucrania denuncia que el traslado forzoso de ucranianos a Rusia continúa

Davos (Suiza), 24 may (EFE).- La deportación de población ucraniana a territorio ruso continúa y ya son más de 1,3 millones los civiles que han sido transferidos forzosamente al país vecino, aseguró en una entrevista con Efe la defensora del Pueblo de Ucrania, Lyudmila Denisova, quien forma parte de la delegación oficial enviada por Kiev al Foro de Davos.

De la población deportada “240.000 son niños”, indicó Denisova en un aparte de su participación en la inauguración en Davos de la “Casa de los Crímenes de Rusia”, una exposición temporal de documentos gráficos de las violaciones a los derechos humanos, así como de crímenes de guerra, de los que se responsabiliza a las fuerzas rusas.

La defensora del Pueblo sostuvo que sus equipos han podido recopilar documentos que demuestran que Rusia ya había previsto el traslado forzoso a su territorio de civiles ucranianos antes de iniciar la invasión, de la que hoy se cumplen tres meses.

“El día 18 de febrero el gobierno comunicó a las autoridades locales sobre cuántos lugares debían crearse en centros de alojamiento temporal para los ucranianos que serían llevados allí. Había planes previos”, comentó.

Voluntarios rusos que se oponen a la guerra y al Gobierno de Vladímir Putin colaboran, a escondidas y a costa de su propia seguridad, con la Defensoría del Pueblo de Ucrania transmitiéndole informaciones sobre la ubicación “de esos lugares de detención y el paradero de algunos de los ucranianos deportados”.

“Ellos tratan de ayudarlos porque fueron llevados prácticamente con lo que tenían puesto y sin documentos, así que los intentan ayudar. Muchos quieren salir de Rusia”, comentó.

Denisova sostuvo que con el paso de las semanas los ucranianos han sido transferidos hasta zonas remotas de Rusia, como es el caso de “un grupo de 300 personas de Mariúpol, de los cuales 122 eran niños, a quienes la policía de frontera rusa obligó a subir a un tren y los llevó a Vrangel, a 1.500 kilómetros de Mariúpol al este de Rusia, donde están viviendo en condiciones muy precarias”.

Sobre los militares que se encontraban en la planta de acero de Azov, en Mariúpol, estimó que se trata de unos 1.500 que ahora están prisioneros, pero dijo que su oficina no tiene información sobre la situación en la que se encuentran.

REUNIENDO EVIDENCIAS DE CRÍMENES DE GUERRA

El organismo que dirige Denisova trabaja ahora sin interrupción y está abocado a recopilar información entre la ciudadanía sobre los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas contra ellos o sus familiares.

“Tenemos una línea telefónica especial que empezó el mismo día de la invasión y hasta ahora hemos recibido 44.000 llamadas en las que nos han contado sobre violaciones de los derechos humanos contra 87.000 personas”, precisó.

Denisova y su equipo creen firmemente que es posible llevar a los autores de crímenes de guerra ante los tribunales internacionales, incluido a responsables de alta jerarquía, entre ellos el propio Putin, como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial en el proceso de Nuremberg.

Comentó que hace dos semanas llegó a Kiev un equipo de la Corte Penal Internacional (CPI) con investigadores muy experimentados en estos casos. Su oficina compartió con ellos las evidencias recogidas hasta ese momento y se les dio acceso a la base de datos de la Defensoría del Pueblo.

No obstante, la jefa de este organismo reconoció que hay vacíos legales que harán difícil llevar a las más altas autoridades rusas a un juicio internacional, entre otras cosas porque ni su país ni Rusia han ratificado el Estatuto de Roma, el texto legal fundador de la CPI y que establece su jurisdicción en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión.

“No será fácil, pero si el equipo de la CPI investiga todo bien y reconoce a Putin como un criminal de guerra, entonces 121 Estados que han ratificado el Estatuto podrán arrestarlo si llega a sus territorios y no podrá dejar Rusia”, explicó, haciendo alusión al principio de jurisdicción universal que se aplicó cuando el Reino Unido detuvo al dictador chileno Augusto Pinochet.

Isabel Saco