La difícil ruta de RD hacia la industria del chip
Por Ramón Núñez Ramírez
El Decreto 324-24 emitido por el presidente Luis Abinader constituye probablemente la apuesta industrial más ambiciosa de las últimas décadas: insertar a República Dominicana en la cadena global de semiconductores o microchips. El decreto declara “de alta prioridad nacional” el desarrollo de esa industria y ordena la creación de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS), coordinada por el Ministerio de Industria y Comercio.
La iniciativa busca aprovechar un fenómeno geopolítico global: Estados Unidos y Europa intentan reducir su dependencia de Asia, especialmente de Taiwán y China, promoviendo el “nearshoring” y la diversificación de proveedores. Ahí surge la oportunidad dominicana. TSMC y Samsung Electronics dominan la fabricación mundial de chips avanzados, pero su cadena incluye decenas de procesos donde países pequeños pueden insertarse sin necesariamente fabricar los microchips más sofisticados.
El decreto dominicano es relativamente realista. No plantea convertir inmediatamente al país en un Taiwán caribeño, sino participar gradualmente en distintas etapas: diseño, ensamblaje, prueba, empaque, logística y eventualmente manufactura.
Sin embargo, la distancia entre la aspiración y la realidad sigue siendo enorme.
La industria de semiconductores es probablemente la manufactura más compleja del planeta. Una planta avanzada (“fab”) de empresas como TSMC puede costar entre US$15,000 y US$30,000 millones, requiere energía extremadamente estable, agua ultrapura, personal altamente especializado y ecosistemas tecnológicos construidos durante décadas. Incluso Estados Unidos ha tenido dificultades para recuperar parte de esa producción pese a subsidios multimillonarios mediante el CHIPS Act.
República Dominicana todavía enfrenta tres grandes limitaciones estructurales.
La primera es la mano de obra especializada. El país carece de suficientes ingenieros electrónicos, físicos, químicos y expertos en microelectrónica, aunque en el ITLA se han formado técnicos medios capaces de abordar ciertas etapa en la cadena de microchips.
La segunda limitación es energética. Aunque el país ha mejorado significativamente en generación eléctrica, la industria de semiconductores requiere estabilidad absoluta, redundancia y costos competitivos. Una variación mínima puede dañar producción de millones de dólares.
La tercera limitación es la lentitud de la permisología y la falta de previsibilidad en la aplicación de las reglas para la inversión extranjera. El reciente caso de la mina Romero, en San Juan, donde el presidente ordenó detener el proceso de evaluación ambiental ante las presiones y movilizaciones de grupos comunitarios, expone con claridad la incertidumbre institucional que todavía perciben muchos inversionistas.
El país podría comenzar con ensamblaje y empaquetado, pruebas, manufactura de componentes relacionados, diseño básico de circuitos y centros logísticos regionales para Norteamérica. Ese sería un escalón similar al seguido por Malasia, Vietnam o Costa Rica antes de avanzar hacia procesos de mayor sofisticación.
El caso de Intel en Costa Rica también sirve de advertencia. La empresa trasladó recientemente gran parte de su manufactura y ensamblaje a Malasia y mantendrá en Costa Rica unos 2,000 empleos principalmente en ingeniería y servicios corporativos. Eso demuestra la fuerte competencia global y que incluso operaciones exitosas pueden relocalizarse hacia mercados más eficientes en costos.
República Dominicana posee algunas ventajas: cercanía con Estados Unidos, estabilidad política relativa, experiencia en zonas francas, puertos competitivos y una creciente industria de dispositivos médicos que demuestra capacidad de manufactura especializada.
La pregunta clave no es si República Dominicana puede convertirse en un nuevo Taiwán. Probablemente no. La verdadera pregunta es si puede capturar una pequeña pero valiosa parte de una industria global que mueve cientos de miles de millones de dólares anuales.
Podría ser factible, siempre que exista continuidad estatal, inversión fuerte en educación técnica, infraestructura eléctrica confiable y alianzas internacionales de largo plazo.
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