La educación a la deriva
Observadores no partidarios exigen la renuncia del actual ministro de Educación y abogan por una fuerte reprimenda de la sociedad civil al presidente de la ADP. Se llega hasta proponer la convocatoria de una nueva Marcha Verde.
Por JUAN LLADO
Como una instancia de diálogo creada por la Constitución, el Consejo Económico y Social (CES) es un último recurso cuando de buscar consensos sociales se trata. Independientemente de que en ocasiones no logra resultados tangibles ni a tiempo, su trascendente misión entra en juego cuando se juzga que en el seno del Congreso la discusión sería estéril. Y este pasado lunes se solicitó al CES convocar a la Asamblea del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030 para pasar revista a la situación del sector más clave para nuestro desarrollo. El país se podría fuñir si el CES no obtempera.
La citada Asamblea no se reúne desde el 10 de diciembre del 2019. La solicitud provino del “Sector Social”, y más particularmente de las organizaciones firmantes, aduciendo los grandes desafíos que hoy enfrenta el sistema educativo. Los desafíos citados incluyen el impacto de la crisis sanitaria, el cambio de gobierno y de políticas públicas y el hecho de que ya hace 30 años del Plan Decenal y procede montar una evaluación de medio termino. La carta indica que la evaluación correspondiente servirá para “revisar las prioridades y definir lo que debemos hacer en los próximos años para alcanzar los objetivos de calidad y equidad que la sociedad aspira para el sector educativo.”
Una filigrana de corte muy diplomático, la referida carta soslaya la justificada alarma que ha cundido en el sector educativo por los desaciertos y desafueros que han venido sucediendo a partir de la inauguración del presente gobierno. En estos 18 meses “se han visto sucesos que muestran que, lejos de mejorar, involucionamos. La prueba más fehaciente de que la política partidaria sigue gobernando las decisiones del sistema educativo público fue el despido sumario, por el nuevo incumbente del MINERD, de los directores de los distritos escolares para reemplazarlos por perremeistas, cuando en el gobierno pasado se había logrado algún grado de apoliticidad en su escogencia.
Otra alarmante prueba es que la ADP celebró sus recientes elecciones en días laborables y que su presidente electo, un diputado del PLD, se propone perseguir nuevos incrementos salariales para un gremio de 106,000 miembros cuyo desempeño está sumamente cuestionado. No menciona la necesidad de la profesionalización de su membresía, dando la impresión de que no le importa que la educación esté herida de muerte. Sobre el cuerpo docente lo más alarmante ha sido el resultado del concurso de oposición para llenar unas 20,000 vacantes existentes en el sistema público. Las pruebas se filtraron y circularon en las redes, pero aun así el 95% de los concursantes las reprobaron.”
Para colmo, y como una patente señal del disgusto generalizado por la penosa situación de nuestra educación, una Comisión de Observadores del Concurso Nacional de Oposición Docente se retiró del proceso citando las dificultades encontradas para ejercer una idónea veeduría. De las 19 instituciones de la sociedad civil que componían esa Comisión se retiraron 16 alegando que por los impedimentos encontrados no podían garantizar “la transparencia del proceso que busca la selección de 19,181 maestros para el sistema público nacional”. Como resultado, son cada vez más frecuentes las ríspidas quejas de muchos observadores no partidarios que hoy exigen la renuncia del actual ministro de Educación y abogan por una fuerte reprimenda de la sociedad civil al presidente de la ADP. Se llega hasta proponer la convocatoria de una nueva Marcha Verde contra la desidia profesional de la ADP.
Los firmantes de la solicitud al CES, por supuesto, no citan estas alarmantes máculas del actual quehacer educativo. Con sabia prudencia, sin embargo, cierran su petición con una sugerente conclusión: “Creemos que no hay motivo para retardar la reactivación de la Mesa del Pacto. Los desafios están ahí y el deterioro de la educación que están recibiendo nuestros niños, niñas y adolescentes demanda que todos nosotros asumamos el compromiso ético de brindarles una educación de calidad.” Los firmantes incluyen a la PUCMM, UNPHU, INTEC, UNIBE, ANJE, FLACSO, Alianza ONG, Fe y Alegría, Centro Poveda, Centro Juan XXIII, Foro Ciudadano, Inicia Educación, EDUCA, Ciudad Alternativa, Plan Internacional y Misión Educativa Lasallista.
En un artículo de quien escribe recientemente se delinearon 10 medidas que, por su factibilidad y pragmatismo, podrían ser incluidas en la agenda del dialogo. “Es bien conocido que los sistemas educativos, igual que las burocracias, no mejoran radicalmente en el corto plazo. Aunque sea más fácil en las escuelas privadas, cambiar la cultura imperante en su seno es casi siempre una tarea de largo plazo. Como en el resto de América Latina, en años recientes hemos registrado avances importantes en la cobertura de la matrícula y la provisión de suficientes aulas, el desayuno escolar, la revisión del currículo, el suministro de libros y laptops y la tanda extendida. Pero existen otras medidas que pueden tomarse para mejorar nuestra educación pública que solo requieren una firme voluntad.” No hay suficiente temeridad para confrontar los escollos políticos y la calidad de la educación languidece herida de muerte.
Naturalmente, mientras las decisiones de política educativa sean gobernadas por el proselitismo de los partidos políticos seguiremos teniendo un futuro incierto. Esto así porque la práctica educativa continuará siendo reo de la codicia y el cortoplacismo de los políticos. Por eso se impone, además de la convocatoria del CES, retar a los partidos a que se desentiendan. Si para ello es necesario diseñar un esquema de fideicomisos públicos –tal vez hasta regionalizados—debemos inventar la fórmula necesaria. El reto mayor del sector educativo reside en su despolitización, tal y como es el caso del sector eléctrico. Si no lo enfrentamos con decisión nuestro desarrollo seguirá atenazado por esa lúgubre tara.
Le toca al CES propiciar la celebración de la Asamblea del Pacto Educativo a la mayor brevedad posible. La educación dominicana esta urgida de los acuerdos que salgan de sus discusiones.
