La iracunda súplica de los pobres
Cualquier negligencia podría desatar su ira salvaje. La dignidad de los pobres no admite súplicas. El anuncio del conjunto de medidas no debe pasar de la próxima semana.
Por JUAN LLADO
Según CEPAL, en nuestro país la inflación desde agosto del 2020 hasta ese mismo mes del 2021 fue de 7.9%. Por su lado, los datos del Banco Central dan cuenta de que en el 2021 ese porcentaje fue de 8.5%. En cualquier caso, la inflación de los últimos meses ha erosionado significativamente los recursos de todos, pero el peor daño ha sido al presupuesto de los pobres. Y como ese flagelo promete hacer estragos en el presente año, resulta imperativo que las autoridades diseñen un plan para impedir que los pobres sufran la lacerante embestida que se avecina.
En efecto, para nuestro país, el 2022 se perfila como un año muy problemático por los niveles de inflación que se pronostican. Tanto las finanzas públicas como los presupuestos de los consumidores se verán seriamente afectados, en un escenario donde la economía apenas comienza a resarcirse del impacto negativo de la pandemia.
Las predicciones de economistas y agencias internacionales señalan que el nivel de inflación en este año oscilaría entre el 3 y el 7%, mientras el Ministerio de Economía la sitúa en un 5%. (El experimentado economista José Lois Malkun prevé un 6.5%.) Aunque más bajo que en el 2021, ese nivel supera el 4+_% que tiene como objetivo la política monetaria del Banco Central.
Frente a estas perspectivas, las autoridades dan muestras de estar concernidas. La vicepresidenta, Raquel Pena, sostuvo la semana pasada una reunión con importantes actores involucrados para encontrar vías de “mitigar” la inflación. En esa reunión el ministro de Industria y Comercio afirmó que la inflación que se manifiesta en nuestro país tiene un origen importado. Los factores externos que generan su incremento van desde el previsible aumento de los precios del petróleo (reflejado en el precio de los combustibles), el encarecimiento de los fletes, la agudización de la crisis de la cadena de suministro hasta la inflación en Estados Unidos, con un 7% la más alta de los últimos 35 años. A eso se añade el incremento en los precios de los “commodities” como la soya, el maíz, el sorgo y el trigo, que impactan directamente los precios de los alimentos básicos de la población.
El ministro Bisonó señaló que lo importante es garantizar el abastecimiento para que en el país no falten los bienes y servicios que demanda la economía. El representante del CONEP en esa reunión también declaró: “Nuestra posición es clara, que en República Dominicana haya abastecimiento todo el tiempo, lo que no queremos es que falten las cosas y se está haciendo un trabajo muy intenso para que haya abastecimiento y en eso es lo que estamos trabajando”. Esa posición, sin embargo, es bastante miope en tanto limita el alcance de la crisis venidera al abastecimiento. Desde la política pública es mucho más importante evitar que la inflación castigue inmisericordemente los presupuestos de los más carenciados, en una sociedad donde el Banco Mundial estima que el 41% de la población es vulnerable y un 23.4% califica como pobre (monetariamente).
Frente a la oleada inflacionaria que se avecina, compete al Estado pensar primero en cómo mantener y/o aumentar la protección social. Esta se manifiesta por “una combinación de programas de seguridad social, regulaciones laborales (en materia de estabilidad en el empleo y los salarios mínimos) y programas contra la pobreza”. Los que tienen empleo y los que clasifican en la modalidad contributiva de la seguridad social no son los más carenciados de la sociedad y, por tanto, serian menos golpeados por la inflación que los pobres. La primera recomendación entonces es que la prioridad de la política pública se concentre en la protección de los pobres.
De acuerdo con un análisis del CREES, la cantidad de personas que recibe mensualmente algún ingreso del gobierno (empleo, pensiones, subsidios) alcanza unos 4.2 millones. Eso implica que casi una tercera parte de la población se beneficia de los recursos estatales. Queda claro entonces que, si los beneficiarios clasificaran entre los vulnerables señalados por el Banco Mundial, la mano solidaria del Estado no alcanza a cubrirlos a todos. Pero no todos los vulnerables requieren ser asistidos ante la venidera crisis inflacionaria. El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) se enfoca en tres ejes principales: programas de transferencias condicionadas, programas de inclusión económica y programas de desarrollo humano y social. De este abanico de beneficiarios (un total de 2.7 millones de personas), los que requieren alguna ayuda para solventar la situación serían los que reciben subsidios sociales (principalmente Supérate, bono gas, bono luz y los programas de transferencias condicionadas).
Nuestro destacado ministro de Economía ha declarado que la inflación y la captación de empleos de calidad son los dos principales retos de nuestra economía en este año. Respecto a lo primero, reconforta ver que la vicepresidenta Peña coordinó ya una primera reunión y que el ministro de la Presidencia se reunió con los transportistas para explorar vías de contención del impacto de la inflación. Como existe un consenso entre economistas internacionales y nacionales de que la inflación estaría comenzando a bajar a partir del segundo semestre del año, se debe aceptar que la ayuda a los más carenciados debe por lo menos cubrir desde febrero a julio del presente año.
Las medidas a tomar no son difíciles de identificar. Van desde el aumento temporal de los subsidios (Supérate, bono gas, bono luz), la eliminación de los aumentos programados de la tarifa eléctrica para los consumidores menores, subsidio temporal a los transportistas, contención de los precios de algunos hidrocarburos (gasoil, GLP) hasta la eliminación de los aranceles a las materias primas (alimentarias) importadas. También el Gobierno podría ampliar la asistencia de los comedores económicos y de INESPRE, así como pignorar algunos rubros de producción agropecuaria (p. ej. arroz) para mantener sus precios estables. El destacado economista Juan Ariel Jiménez ha señalado un par de medidas adicionales: rebajar el costo de los fletes contratando barcos más grandes y comprando grandes cantidades de algunos productos.
Por supuesto, al abanico de medidas implicará cargas presupuestarias que no han sido anticipadas totalmente en el Presupuesto General del Estado 2022. No sorprendería si el costo llegara a unos RD$60,000 millones y ese costo sería atribuible a la pandemia porque ha sido la responsable de la oleada inflacionaria. El sacrificio del Gobierno en este monto es manejable, tanto como lo fue el pago de los US$410 millones que costó la desvinculación del peaje sombra y la compra de la Autopista de Samaná. (Aunque la cifra del Ministerio de Hacienda es menor, el destacado economista Esteban Delgado ha señalado que el pasado año recaudaron unos RD$172,000 millones por encima de lo presupuestado.) Y si para eso se precisa coger mil millones de dólares prestados, no se debe titubear.
Al final, lo que debe primar es que la equidad exige una atención prioritaria a los más pobres. Este Gobierno no puede, bajo ningún concepto, cometer la misma bárbara desidia que significó el anuncio de Valdez Albizu y Donal Guerrero en el 2020 sobre el amplísimo abanico de medidas para beneficiar a los empresarios (y por tal indolencia yo pedí su renuncia). La atención prioritaria de los pobres es el imperativo de la hora y debemos estar consciente de que cualquier negligencia podría desatar su ira salvaje. La dignidad de los pobres no admite súplicas. El anuncio del conjunto de medidas no debe pasar de la próxima semana.
