¿La Junta Central Electoral también va a discriminar?
Felipe Ciprián
La Junta Central Electoral (JCE) está iniciando el proceso de renovación de la Cédula de Identidad y, sin necesidad, se está sumando a las demás instituciones públicas que practican la discriminación de ciudadanos, claramente prohibida por la Constitución de la República.
El cronograma de captación de datos para la entrega del nuevo documento, según las publicaciones de prensa, establece que entre el 12 y el 16 de enero de 2026, el servicio estará disponible exclusivamente para los empleados de esa misma entidad.
Continuará el 26 de enero de 2026 con la entrega del primer plástico al presidente Luis Abinader. Aunque la vicepresidente Raquel Peña está en el mismo peldaño que el mandatario, no se habla de entregársela también a ella. ¡Exijo que se le entregue!
Para febrero y marzo próximo, la JCE citará “a legisladores, magistrados, delegados políticos, empresarios y otras personalidades”.
Los alcaldes y concejales, que son autoridades electas, no entran en estos privilegios y tendrán que esperar para hacer filas cuando se abra el proceso para “el resto” de la ciudadanía.
Hasta aquí, los privilegios están claramente delimitados porque los ciudadanos en general residentes en el país solo podrán acudir, según su mes de nacimiento, a partir del 8 de abril.
De manera que entre enero y marzo vamos a tener a la élite política y empresarial “cedulada” y a millones de ciudadanos de “segunda categoría”, en espera para abril.
No hay ninguna duda de que ese cronograma es esencialmente discriminatorio y por tanto, choca frontalmente con la Constitución vigente.
Habla la Constitución
El Artículo 39 de la Constitución establece claramente que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”.
El acápite 1 del Artículo 39 de la Constitución “condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes”.
Si lo anterior fuera poco, el acápite 3 del Artículo 39, dispone que “el Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión”.
La JCE no tiene ninguna necesidad de sumarse a la violación de la Constitución que viene haciendo el Intrant al entregar la licencia de conducir a personas aptas mayores de 65 años por solo dos años, mientras la facilita por cuatro años a menores de esa edad en iguales condiciones.
JCE merece respeto
No tengo ninguna duda de que todos los miembros de la JCE son personas honorables, comenzando por su presidente, Román Jáquez, pero esas mismas credenciales deben serviles de base para no embarrar su pedigrí con acciones discriminatorias ilegales e inconstitucionales.
Si pongo estas “cosas” en claro, no lo hago para que nadie crea que desconfío en la honestidad de los miembros titulares y suplementes, ni en la capacidad de sus técnicos para surtir un Registro Civil transparente (hasta donde se pueda), lo hago porque una sociedad democrática no tiene necesidad de acudir a prácticas discriminatorias expresamente prohibidas por la Constitución.
Todo privilegio implica una discriminación y con toda seguridad quienes son favorecidos constituyen una pequeña minoría que sale sonriente, mientras millones tienen que pagar el “novicial”, agotando los procesos diseñados para la masa.
Servicio exprés
Cuando la JCE dispone que citará durante febrero y marzo “a legisladores, magistrados, delegados políticos, empresarios y otras personalidades”, a quienes entregará el nuevo documento de inmediato, hace un ejercicio mayúsculo de discriminación.
No me sorprende que dirigentes políticos o aspirantes presidenciales enmudezcan totalmente ante este trato privilegiado para sus favorecidos, porque el ciudadano común es solo un depositante del voto que se convence con dádivas y falsas ilusiones de bienestar.
Privilegios claros
Si alguien quiere que ejemplifique el daño grave que causan los privilegios, que observe cómo será el proceso de renovación de cédula de un legislador y un ciudadano común.
Un senador o diputado acude al centro de captación de datos provisto de chofer y guardaespaldas, baja protegido y entra a la oficina de la JCE, lo reciben con sonrisas, selfies y otros agrados.
Un señor de 80 años, residente en Villa Juana, toma un vehículo público o motoconcho, llega al centro, se pone en una fila y cuando su sordez natural desespere al empleado que le pide a alta voz que baje el rostro para la fotografía, vivirá la discriminación sin que lo sepa, pero yo sí.
Yendo por parte
Me adelanto a explicaciones porque en este país la gente –y menos los funcionarios–no acepta que se equivoca y en lugar de reconocer su error y rectificar humildemente, recurre a “teorías conspiratorias” del autor del artículo o a “malas interpretaciones” que van al director y al dueño del medio.
La JCE puede decir que como el sistema es nuevo, necesitan probarlo primero con una parte de la población para luego extenderlo a millones de ciudadanos.
Si esa fuera su excusa, ¿desde cuándo se toma al presidente de la República, a los legisladores, magistrados y al empresariado como cobayas de prueba? Siempre se les toma como sujetos de privilegios, no como probetas de ensayo.
Acepto que la JCE entregue el primer plástico de la cédula al presidente Abinader –y que incluya a la vicepresidente Raquel Peña- como un gesto de consideración, pero la dejo emplazada a que los demás ciudadanos vayamos a hacer fila según el mes de nacimiento, sin ningún privilegio. Si se fueran a otorgar privilegios “positivos”, debían favorecer a personas envejecientes, ciegas, impedidos físicos-motores, presos, militares y funcionarios en la frontera.
Mayoría de edad
Supongo que la JCE ha dispuesto que todos los jóvenes al cumplir su mayoría de edad, sin importar el mes de nacimiento, pueden acudir expeditos a buscar su cédula que los acredita como ciudadanos con derechos impostergables, como el matrimonio, pasaportes, estudios superiores, empleo formal, seguro médico, carrera militar, entre otros.
Postergar la entrega del documento sería una violación grave del precepto constitucional que establece que “todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a ser inscritas gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería y a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad”.
La credibilidad de la JCE debe ser más sólida que la de un banco, pues de ella depende que los ciudadanos confíen en sus documentos, el voto y sus decisiones.
Listín Diario
