La Justicia de Brasil sienta en el banquillo a los primeros acusados de la asonada contra Lula
Brasilia 12 sept – La Corte Suprema de Brasil comenzará a juzgar el miércoles a los cuatro primeros acusados de la asonada del pasado 8 de enero, cuando miles de activistas de ultraderecha asaltaron las sedes de los tres poderes con la intención de derrocar al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Un hecho que marcó a la democracia de Brasil
Por ese violento atentado contra la democracia están acusadas formalmente hasta ahora 1.390 personas, cuya responsabilidad en esos hechos la establecerá el tribunal en forma individual, con lo que habrá igual número de juicios.
Los primeros acusados sentados en el banquillo son Aécio Lúcio Costa Pereira, Thiago de Assis Mathar, Moacir José dos Santos y Mateus Lima de Carvalho Lázaro, a quienes detuvieron el mismo día 8 de enero en medio de los desmanes.
Los cuatro han alegado inocencia; han argüido que asistían a una “manifestación pacífica”, que no portaban armas y que no participaron en la depredación causada en las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema, todas situadas en torno a la llamada Plaza de los Tres Poderes en Brasilia.
También sostienen que solo querían expresar su “insatisfacción” con las elecciones de octubre de 2022, en las que el progresista Lula se impuso al entonces presidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha y quien no reconoció el resultado de los comicios.
La Fiscalía General ha rechazado esos alegatos y afirmado que ha comprobado que los cuatro acusados participaron de manera “activa y directa” en los desmanes, lo cual dice que ha sido demostrado mediante videos que los propios reos publicaron en las redes sociales y con otras pruebas documentales obtenidas por la Policía Federal, responsable de la investigación.
Hasta 30 años de prisión
Los imputados responden por los delitos de “asociación ilícita”, “abolición violenta del Estado Democrático de Derecho”, “golpe de Estado”, “daños calificados” y “destrucción de patrimonio público”, por los que la acusación ha pedido una pena de 30 años de prisión.
La investigación continúa y, más allá de quienes participaron directamente en los hechos, también intenta identificar a los probables “autores intelectuales” de esas protestas violentas y a quienes pudieron financiar el movimiento golpista.
Entre los investigados figura el propio expresidente Bolsonaro, de quien se sospecha que tenía planes para impedir la investidura de Lula el 1 de enero, los cuales hasta pudieran haber contemplado una “intervención” de las Fuerzas Armadas y la convocatoria de nuevas elecciones.
Para juzgar a los primeros cuatro acusados, la Corte Suprema ha reservado dos audiencias. La primera se celebrará este miércoles y, en caso de ser necesario, la segunda será al día siguiente.
