La justicia estrecha el cerco a Trump desde todos los flancos

Por Rosa Townsend, periodista y analista internacional

@TownsendRosa. (El Njuevo Herald)

Los múltiples y serios riesgos legales que enfrenta Donald Trump en las seis investigaciones federales y estatales que pesan sobre él, amenazan con hundir su imperio económico y político. Y no puede culpar a nadie, salvo a sí mismo. Porque nadie le obligó a cometer un fraude de al menos $250 millones, según la acusación de esta semana de la Fiscalía de Nueva York.

 Nadie le obligó a usurpar infinidad de documentos secretos del gobierno, ni a intentar un golpe de Estado el 6 de enero de 2021 para subvertir la democracia de Estados Unidos.

 Ahora, a sus 76 años, el destino empieza a pasarle factura. Velozmente. Es el penúltimo capítulo de una vida de arrogancia, embustes y excesos, frecuentemente bordeando lo ridículo y siempre bordeando los márgenes de la ley. Sobre esto último, y por si alguien no lo recuerda, ya antes de llegar a la presidencia Trump fue parte en más de 3,400 demandas, la mayoría por impagos o estafas a sus subcontratistas, socios etc., o las iniciadas por él para intimidar, confundir y dilatar los casos en las cortes, que son sus tácticas favoritas hasta el día de hoy.

En la actualidad, el “caso Mar-a-Lago” es un ejemplo clásico de su caja de trucos para eludir la ley: Han pasado ya ocho semanas y Trump aún no nos ha dicho para qué quería los documentos ultrasecretos que el FBI le incautó en Mar-a-Lago; no nos ha dicho por qué mintió ocultando que los tenía; ni qué ha hecho con ellos durante un año y medio.

Esas son las preguntas clave de esta ignominiosa saga, que el ex presidente intenta camuflar desviando la atención con propaganda política, sin importarle el grave peligro en el que ha puesto al país.

Arriesgar la Seguridad Nacional es lo que jamás —jamás— debe hacer un presidente, pero Trump lo ha hecho sin aparentes remordimientos. Más bien al contrario. Y miedo da pensar hasta dónde ha podido llegar, o si ha compartido los secretos y con quién. Lo revelará en su momento ese gran justiciero que es el tiempo, de eso no hay duda.

Por mucho que en la coyuntura actual la comparsa de fanáticos y oportunistas políticos todavía le sirva de cámara de eco a sus excusas y maniobras para alargar y entorpecer los procesos judiciales.

Esperando que durante ese camino encuentre jueces amistosos como la que “casualmente” encontró en Fort Pierce, Aileen Cannon, a la que “casualmente” había nombrado a un puesto vitalicio justo antes de salir de la Casa Blanca, con solo 38 años.

su dictámen del 5 de septiembre, la señora Cannon diligentemente le puso el cuño judicial a la lista de deseos de su mentor: 1. Afirmó que Trump merecía un trato deferencial por el estigma que podía sufrir su reputación (obviando que “la ley es igual para todos”). 2. Le ató las manos al FBI prohibiéndole que siguiera investigando hasta que el “árbitro especial” que quería Trump determinara y separara entre los 11,000 documentos los que son “clasificados” (secretos o ultrasecretos). Opinando además (¡una jueza opinando!) que la clasificación estaba “en disputa” y que “no” había que creer ciegamente al gobierno. 3. Nombró al árbitro especial entre los elegidos por Trump, el juez federal Raymond Dearie, y le dio de plazo para cumplir su encargo hasta el 30 de noviembre (“casualmente” pasadas las elecciones).

Pero si el fallo de Cannon le hizo pensar a Trump que una vez más esquivaría la justicia, los rotundos reveses legales la semana pasada en Nueva York y en la Corte de Apelaciones de Atlanta, han debido evaporar sus fantasías de Superman inmune a la ley.

La Corte de Atlanta unánimemente anuló el miércoles el fallo de Cannon y dió vía libre al FBI para usar los documentos clasificados en la investigación criminal sobre posibles daños a la seguridad nacional, violación de las Ley de Espionaje y obstrucción de la justicia, que la conducta de Trump pudiera haber causado.

 Los jueces además reprendieron a Cannon por “abusar de su discrecionalidad al ejercer jurisdicción sobre los documentos clasificados”. Mostraron asimismo desacuerdo con la necesidad de nombrar un “árbitro especial”; y —francamente— pusieron en su sitio a Trump, acallando sus banales afirmaciones públicas: “sugiere que desclasificó estos documentos cuando era presidente, pero no ha presentado evidencias”.

Aquí la lección es doble, tanto para el atribulado ex presidente como para la arbitraria jueza que se prestó a usar su cargo para comprarle tiempo al (todavía) líder de su partido. Quién sabe si ella ha asumido la enseñanza, pero él parece que no escarmienta.

El propio miércoles por la noche dijo a su amigo Sean Hannity en Fox News que él “podía como presidente desclasificar documentos solo con el pensamiento”. O sea por arte de magia (quizá si la fortuna se le voltea siempre puede buscarse un trabajito de “mago”, que va muy acorde con su marca MAGA).

Su alucinante comentario parece un chiste, pero trágicamente no lo es. El cerco de la justicia está estrechándose velozmente alrededor de Trump, con al menos (que se sepa) seis investigaciones civiles y criminales en curso.

El miércoles, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, le acusó de un fraude de $250 millones; y se ha anunciado que en octubre, por otro caso distinto, enfrenta también en Nueva York un juicio penal en la Fiscalía de Distrito de Manhattan por fraude fiscal de su empresa matriz, The Trump Organization. Ambos casos neoyorquinos pueden acabar con sus empresas. De entrada, el de la fiscal James le prohíbe a él y a sus hijos hacer ningún tipo de negocios ni obtener préstamos en bancos que tengan oficinas en Nueva York, lo cual equivale a casi todos los bancos del mundo.

Le aguardan igualmente las pesquisas en Georgia por intentar anular la elección presidencial y por usar falsos electores. Y a nivel federal, hay al menos dos grandes investigaciones del Departamento de Justicia, sobre la insurrección del 6 de enero de 2021 y sobre los documentos secretos que escondió en su casa de Florida.

Estas dos últimas son las que, según juristas expertos, conllevan la mayor probabilidad de encausamiento y, de ser convicto, cárcel.

Trump debe saberlo bien porque fue él quien endureció la ley para castigar con penas de cárcel el mal manejo de documentos clasificados. Hizo así un alarde de mano dura tras su lema de campaña de poner a Hillary Clinton tras las rejas. Qué ironías tiene el destino (karma, dirían algunos). Y también debe saber Trump que su cambiante equipo de abogados no se está destacando por lograr victorias en donde realmente importa, ante los tribunales.

Quizá sea por la presión que les pone su cliente, al que sólo le preocupa la Corte de la Opinión Pública. Ese es su gran problema, aparentar ser un triunfador con un récord de pérdidas: la presidencia, el Congreso, el Senado, seis bancarrotas, su fundación y su universidad cerradas por corrupción, más las actuales derrotas y las que asoman en el horizonte judicial. A pulso se está ganando para la historia el título de “El gran perdedor”.

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